La máxima autoridad en Salud de Bolivia reavivó una vieja polémica al cuestionar la legislación que prohibe el aborto y exigir medidas para evitar la muerte de mujeres en operaciones realizadas en condiciones insalubres.
El secretario nacional de Salud, Oscar Sandóval, propuso a título personal iniciar un debate para superar la situación de riesgo sanitario que representan los 50.000 o 80.000 abortos realizados anualmente de modo clandestino.
Unas 500 mujeres mueren todos los años en Bolivia debido a abortos practicados sin control de médicos y el país tiene "el derecho y la obligación de debatir el tema y llegar a alguna conclusión", dijo Sandóval.
"Lo contrario es simplemente poner la vida humana por debajo de prejuicios y querer tapar el sol con un dedo", agregó.
El secretario de Salud está convencido de que la prohibición sólo estimula un negocio sucio: "Estamos provocando que se hagan abortos en lugares totalmente insalubres y en antros de corrupción", afirmó.
La Iglesia Católica, contraria a discutir el tema, advirtió que no es admisible que desde oficinas del gobierno se exhorte a "legalizar la muerte espantosa de tantos miles de inocentes".
"Como pastor, me duele que quienes deben defender la vida puedan decir con tanta falsedad y facilidad que hay que legalizar ciertas estructuras de muerte y métodos para matar inocentes", declaró el arzobispo Julio Terrazas.
Según informes oficiales, 27 por ciento de las muertes maternas son ocasionadas por complicaciones en abortos. El riesgo de muerte de mujeres en gestación y por nacimiento de sus hijos es 60 veces mayor en Bolivia que en Estados Unidos y Europa.
El aborto se ha convertido también en Bolivia en un próspero negocio, que mueve alrededor de 30 millones de dólares por año, de acuerdo con cálculos oficiales.
La Iglesia Católica argumenta que legalizar el aborto sería promover la muerte de los seres más débiles, que más tarde podría implicar también la eliminación de ancianos, enfermos y discapacitados.
"La verdadera lucha contra el aborto está en una mejor distribución de las riquezas, una concepción humana de la sexualidad y el control social de los barrios", afirmó el teólogo jesuíta Víctor Codina.
Según esa opinión, la lógica del aborto es la lógica machista y capitalista de la eliminación de los más débiles que estorban.
Para Sandóval, en cambio, resulta irónico que en tiempos en que Bolivia proclama la igualdad de género, no se permita a la mujer hacer uso de su libertad para decidir cuándo quiere ser madre.
Esa visión es compartida por la subsecretaria de Asuntos de Género, Ivonne Farah, para quien el aborto debe ser despenalizado, ya que se trata de un grave problema de salud pública con especial impacto sobre los pobres.
La despenalización del aborto inducido permitiría a las mujeres acudir a centros médicos para recibir atención profesional y adecuada y se evitaría así cientos de muertes por año, afirmó Farah.
"El aborto no es promovido ni permitido como una alternativa a la planificación familiar", se puntualizó en un documento de la Subsecretaría de Género.
Las instituciones que agrupan a los médicos de Bolivia son partidarias de un mayor debate sobre este tema, sin apasionamiento dogmático.
Las legislación en vigor sólo permiten el aborto terapéutico. Esto es, cuando la vida o la salud de la mujer está en peligro si continúa con el embarazo, o cuando éste es producto de violación no seguida de matrimonio, o en casos de estupro o incesto.
Todos los demás casos de aborto inducido son penalizados con dos a seis años de cárcel para quien lo realiza sin consentimiento de la mujer, y de uno a tres años si la mujer que otorga su consentimiento para la operación tiene menos de 16 años.
También la mujer mayor de edad que permite la interrupción de su embarazo es castigada con uno a tres años de prisión.
Según las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud (OPS y OMS), el aborto ilegal es causa de una de cuatro muertes maternas en América Latina.
La tasa de incidencia en la región es de aproximadamente 65 abortos por cada 1.000 mujeres en edad reproductiva. Es decir, un aborto por cada dos o tres partos, dicen la OPS y la OMS.
En América, el aborto inducido sólo se admite en Canadá, Cuba y Estados Unidos, y su práctica clandestina es la primera causa de mortalidad materna en nueve de 25 países del continente y la segunda en otros nueve, de acuerdo con la OPS y la OMS. . (FIN/IPS/jcr/ff/he pr/96)
