Pasadas las últimas tormentas sociales, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, aseguró hoy que el año próximo, al finalizar su mandato, dejará un país radicalmente descentralizado y con una democracia representativa también participativa.
"Habrá una distribución mucho más justa del poder político y del poder económico", dijo Sánchez de Lozada a los corresponsales de prensa extranjera al realizar la evaluación de su gobierno, instalado en 1993.
A la concentración del poder político, el gobierno central sumaba el manejo de 100 por ciento de la inversión pública.
Pero las reformas realizadas sólo dejan al Poder Ejecutivo 25 por ciento de esos recursos, mientras otro tanto corresponde a 308 municipios y el restante 50 por ciento es administrado por las nueve prefecturas (gobernaciones).
La imagen del país institucionalmente débil del pasado parece perderse en las sombras de la noche. En cambio, la pobreza no fue superada por el "milagro boliviano" que en 1989 derrotó una hiperinflación de 24.000 por ciento anual.
La confianza del presidente en el "país descentralizado" se apoya en la ley que instituyó la denominada "participación popular", que consiste en la entrega de cuotas de poder político y económico y de funciones de control social a los gobiernos locales.
El segundo cambio en ese sentido es la "descentralización administrativa", que transfiere poder político y económico a autoridades regionales que conducen los gobiernos departamentales.
Así mismo, en un año más, el "Estado boliviano empresario" será apenas un recuerdo: las empresas estatales estarán bajo control de consorcios privados nacionales y extranjeros.
"Virtualmente todas" las actividades económicas que desempeñaba el Estado corresponderán en 1996 al sector privado, y "ese es también otro proceso de descentralización", aseguró el mandatario, un empresario minero con estudios en filosofía.
El cuadro de cambios estructurales de Sánchez de Lozada se completará con la próxima reforma del sistema de pensiones, que de "repartición simple" pasará al de "capitalización individual".
"En el sistema actual, la gente joven trabaja para los jubilados. Llegará un momento de quiebra del sistema, cuyo déficit está siendo cubierto por el gobierno", señaló el presidente.
Sólo 450.000 personas (130.000 jubilados y 320.000 activos) están incorporados al sistema de pensiones. Pero con la reforma, toda persona mayor de edad recibirá un fondo de ahorro individual con recursos procedentes de la venta de la mitad de las acciones de las empresas monopólicas del Estado.
El gobierno proyecta conseguir para ese fin algo más de 1.500 millones de dólares de la transferencia de acciones de las compañías de hidrocarburos, telecomunicaciones, ferrocarriles, electricidad, de aviación comercial y de fundiciones, proceso que se encuentra a punto de concluir.
"El secreto del crecimiento y del 'boom' de Chile son los fondos de pensiones de capitalización individual. En 14 años, los fondos privados de pensión de Chile acumularon 27.000 millones de dólares, y ese dinero "es invertido hasta que la gente se jubila", dijo Sánchez de Lozada.
Se trata de "la máquina para crear empleos y crecimiento", agregó.
Los trabajadores anuncian una dura resistencia a la reforma del régimen de pensiones, pero el debilitamiento del sindicalismo parece anunciar la derrota de esa movilización.
Los analistas creen que el gobierno no tendrá problemas para realizar esa reforma, como tampoco los encntró, más allá de una estéril resistencia sindical, para reformar la Constitución y la educación y para realizar su programa de privatización de empresas del estado.
En lo político, la última cirugía que le cambiará el rostro al país es el nuevo sistema de elección de 65 diputados, la mitad del total, por circunscripciones uninominales, en listas separadas del candidato presidencial. El propósito consiste en fortalecer el perfil participativo de la democracia boliviana.
"Va a ser un país diferente, capaz de generar empleos, crecimiento económico", cuyas riquezas serán "distribuidas con equidad y justicia" y "un país con estabilidad y participación", aseguró el presidente.
El optimismo del mandatario se oscurece frente a dos grandes temas de la política internacional de Bolivia: la lucha contra el narcotráfico y la reivindicación ante Chile de una salida al mar.
"El narcotráfico es lo que más le preocupa a Bolivia, porque puede infiltrarse y controlar las elecciones. Puede controlar la banca, las empresas o como sucede en otros países, hasta los equipos de fútbol", dijo Sánchez de Lozada.
"Puede volverse un problema tan grave que podría quitar a Bolivia todo lo que tiene. Es el problema más grande. Lo enfrentamos, pero, pese a mi optimismo, yo diría que sólo nos queda seguir luchando", admitió.
Bolivia es el tercer productor mundial de coca, después de Perú y Colombia, y el segundo de cocaína, detrás de Colombia.
Sánchez de Lozada también informó que su gobierno mantiene un diálogo permanente con Chile en busca de superar la mediterraneidad de Bolivia, aunque "hasta ahora no hay humo blanco".
"Intentamos hacer entender (a Chile) que nuestro continente se está volviendo uno y que tenemos que superar el siglo XIX antes de entrar al siglo XXI. No podemos arrastrar ese problema hasta el próximo siglo y el próximo milenio", declaró.
Pero en este tema, Sánchez de Lozada prefiere la cautela. "Yo siempre soy optimista, pero no hay razones para creer (que se pueda) arreglar en meses lo que no se ha arreglado en 117 años".
Bolivia perdió ante Chile su territorio costero y su acceso al mar en la llamada guerra del Pacífico, de 1879. (FIN/IPS/jcr/ff/ip/96)
