En un intento por recuperar la iniciativa ante la ola de escándalos de corrupción que enturbian la imagen de su gobierno, el presidente de Argentina, Carlos Menem, presentó hoy dos proyectos de ley para la transparencia en la función pública.
La presentación de los proyectos, que prevén severas sanciones a quienes acepten sobornos, se produjo en el momento de máxima presión sobre el ministro de Defensa, Oscar Camilión, acosado por las interpelaciones del Senado y la Cámara de Diputados sobre la venta ilegal de armas a Ecuador durante la guerra con Perú.
Hasta ahora hay un solo funcionario procesado, Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares, la empresa del Ministerio de Defensa que según testimonios coincidentes habría efectuado la operación que violó el embargo internacional.
Camilión respondió este martes la requisitoria de los senadores y este miércoles se presentó ante los diputados.
Parlamentarios opositores le pidieron que presente su renuncie debido a la gravedad del caso, pero el ministro dijo que se quedará hasta que la justicia determine las responsabilidades.
El presidente del Banco Central, Roque Fernandez, también concurrió este miércoles al parlamento, donde informó a los diputados sobre la entrega en 1995 de montos millonarias en redescuentos a bancos privados que luego fueron a la quiebra y no pagaron a los ahorristas.
Por último, el caso del Banco Nación sigue ventilándose en la justicia. Su ex presidente Aldo Dadone, está procesado por serias irregularidades en un contrato con la multinacional IBM por 250 millones de dólares, en el que se habrían pagado 65 millones en sobornos.
Menem admitió este miércoles que a pesar de que su gobierno se esfuerza en combatir la corrupción a través de la reducción del Estado, persisten focos de ilegalidad en algunos organismos.
Camilión, por su parte, sostuvo ante los senadores que "hay podredumbre" en el escándalo de las armas y prometió que pronto "será extirpada", aunque prefirió no dar nombres hasta que la justicia no se pronuncie.
Entretanto, los proyectos anunciados por Menem piden 10 años de cárcel para quien reclame una comisión ilegal y seis años para los que realicen tráfico de influencias, así como hasta dos años de prisión para los funcionarios que no presenten declaración jurada de bienes en el plazo establecido.
Las iniciativas prevén, además, que los funcionarios sean castigados con cuatro años de prisión cuando reciban regalos de un valor superior a 2.000 dólares y se niegue a donarlos a una institución de bien público, y crea la figura del "arrepentido" para recoger información.
El presidente de la opositora Union Civica Radical, Rodolfo Terragno, calificó los anuncios de hipocresía y aseguró que Argentina ya tiene un código penal que castiga a la corrupción, por lo que sólo hace falta jueces independientes dispuestos a aplicarlo. (FIN/IPS/mv/ag/ip/96
