La crisis institucional en Paraguay reveló con toda claridad que la época actual no es propicia para aventuras golpistas ni dictaduras militares en América Latina.
Las complejas relaciones entre el poder civil y el militar reaparecieron, en cambio, con renovada fuerza en la mesa de discusión regional.
La extensión de los regímenes democráticos en América del Sur desde principios de la década pasada y los más recientes procesos de paz en América Central no logran ocultar el poder que aún conservan las Fuerzas Armadas en la región.
Peso económico debido al control de fábricas de armamento y otras empresas estratégicas, presencia institucional, influencia política y enormes presupuestos aparecen como contundentes expresiones del poder de las Fuerzas Armadas en la actualidad.
Las iniciativas que apunten a recortar este poderío aparecen como extremadamente peligrosas. La prudencia de los gobiernos civiles en materia presupuestaria, por ejemplo, lo evidencia.
Si bien en la última década se registró una fuerte caída del gasto militar en América Latina, el porcentaje del producto interno bruto (PIB) que aún va al sector en algunos países parece desmesurado en una región donde los conflictos internacionales sólo por excepción desembocan en guerra.
Chile, el país que encabeza la lista en América Latina, destinó a gasto militar 3,5 por ciento del PIB en 1994, frente a más de siete por ciento en la década del 70, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.
Pero el porcentaje sigue siendo muy alto si se lo compara con Argentina (1,7 por ciento), Brasil (1,6 por ciento) o Guatemala (1,1 por ciento).
En Chile, donde las Fuerzas Armadas conservan mayor poder que en cualquier otro país de la región, el poder civil tiene el espacio acotado por una rígida Constitución aprobada durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) y la presencia del propio militar como jefe del Ejército, prevista hasta 1998.
En Paraguay, nadie ocultó durante la reciente crisis que Juan Carlos Wasmosy fue un rehén del general Lino Oviedo desde su llegada a la Presidencia en 1993 y que si algo positivo para la democracia dejó la sublevación del polémico jefe del Ejército fue precisamente la posibilidad de liberarse de la tutela militar.
El relevo de 27 militares leales a Oviedo ordenado por Wasmosy a pocos días de conjurada la crisis, así como la salida del gabinete de los hombres más cercanos al ex jefe militar, parecen dar pie a esta interpretación.
"En Chile, donde las Fuerzas Armadas quedaron legitimadas como garantes de la institucionalidad, aún falta mucho para una democracia plena", dijo a IPS Rafael Otano, autor de "Crónica de la transición", un libro que aborda la compleja cohabitación entre Pinochet y el ex presidente Patricio Aylwin (1990-94).
"Con un Consejo Nacional de Seguridad compuesto en partes iguales por militares y civiles, y que puede intervenir con voz deliberativa en los grandes temas de conflicto entre civiles y militares, con senadores designados, no se puede hablar de democracia plena", aseveró.
La mayor influencia militar en la política chilena está dada justamente por las llamadas "leyes de amarre", que el gobierno no ha podido derogar por no contar con mayoría en el Senado, donde la derecha predomina gracias a los senadores designados.
Capítulo especial merece el tema de los derechos humanos, donde los militares chilenos ejercen un nada sutil poder de veto.
A la salida de la dictadura "se dejó sin respuesta la pregunta de dónde están los detenidos-desaparecidos. Esa es la deuda evidente y trágica", dijo Otano, quien aseguró que "los militares han hecho un pacto de silencio y no le han entregado ninguna información al poder civil" en esta materia.
Todos los partidos de derecha en Chile reivindican la gestión militar en el plano económico. En el político, los mayores defensores son la Unión Demócrata Independiente, con posiciones cercanas al integrismo católico, y el pequeño Partido del Sur, formado por agricultores de inspiración filonazi.
En Argentina, la derrota en la guerra de las Malvinas en 1982 les quitó a los militares capacidad de negociar la transición democrática, según Rosendo Fraga, experto en temas militares.
Aunque ningún partido reivindica la gestión de la dictadura (1976-83), algunos jefes militares conservan poder político, como el general Antonio Bussi, un antiguo represor que llegó por el voto popular a la gobernación de la norteña provincia de Tucumán.
La presencia institucional de las Fuerzas Armadas en Brasil, con cuatro ministros en el gabinete -Ejército, Marina, Aeronáutica y Estado Mayor- es la más fuerte del continente, pero los militares han aceptado someterse al poder civil.
En el primer gobierno civil, de José Sarney, aún hubo concertación con las Fuerzas Armadas para el nombramiento de los ministros militares, heredados de la dictadura (1964-85), pero en el período actual, el presidente Fernando Henrique Cardoso los ha nombrado aparentemente sin presiones.
La relación entre el poder civil y el militar es motivo de polémica en Perú, donde el presidente Alberto Fujimori logró sortear los intentos de golpe de una minoría del Ejército en 1992 gracias al firme respaldo de la cúpula militar.
La oposición suele afirmar que existe un cogobierno entre Fujimori y la cúpula militar, pero en otras ocasiones también ha sostenido que el presidente es prisionero de las Fuerzas Armadas.
Expertos militares aseguran que ningún gobierno se sostendría en Perú sin el decidido apoyo del Ejército y el actual equilibrio logrado por Fujimori en base a la ruptura de la legalidad de los ascensos para mantener como comandante al general Nicolás de Bari Hermoza, que lo respalda, más que desmentirlo lo confirma.
En Guatemala, uno de los pocos países latinoamericanos donde aún persiste el conflicto armado interno, se observa disminución de la influencia política de los militares, pero más debido a su propio repliegue que al fortalecimiento del poder civil.
Dentro del diálogo de paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se prevé la discusión de medidas tendientes al fortalecimiento del poder civil y el papel de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática.
Pero la discusión hoy en América Latina se centra en la utilidad de los ejércitos y su eventual abolición, como ocurrió hace medio siglo en Costa Rica y, más recientemente, en Haití y Panamá. (FIN/IPS/ag/dm/ip/96)
