Coincidencia o no, lo cierto es que en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la cuestión de los desaparecidos divide cada vez más a la clase política y en algunos casos, a los militares.
En Brasil, la divulgación por un diario conservador de un archivo secreto con fotografías tomadas por militares en los años 70 a detenidos políticos en centros de tortura, demostró que sectores no necesariamente vinculados a los grupos de derechos humanos pretenden devolver la cuestión a la agenda nacional, por intereses no muy claros.
La polémica en Uruguay fue encendida en abril por las declaraciones a la revista Posdata de dos ex agentes de inteligencia no identificados, que describieron la participacion de militares en la tortura y el asesinato de detenidos políticos durante interrogatorios.
El 6 de este mes, el capitán de Navío Jorge Tróccoli admitió en carta al diario El País, de Montevideo, haber participado de torturas cuando las Fuerzas Armadas controlaban el poder en Uruguay (1973-1985).
Tróccoli puntualizó que su confesión no significaba un "mea culpa" e instó a sus colegas de la Armada a reconocer que los 120 desaparecidos uruguayos están muertos.
En Chile, la división del derechista Partido de Reconstrucción Nacional complicó la discusión de un proyecto de ley sobre derechos humanos que buscaba acelerar los trámites para cerrar, sin juicio, casi 600 procesos contra militares acusados de responsabilidad en el millar de casos de desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La cuestión de los desaparecidos chilenos acabó mezclada en una polémica entre partidos políticos sobre reformas en la constitución nacional para eliminar privilegios de Pinochet y de los demás militares.
En Argentina, son cada dia mas claras las divergencias entre altos jefes de las Fuerzas Armadas sobre la gran herida nacional causada por las 30.000 personas secuestradas y desaparecidas en tiempos de la dictadura (1976-1983).
El jefe del ejército argentino, general Martín Balza, pidió disculpas hace un año por la represión sanguinaria, pero este mes, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Cándido Díaz, justificó la acción de la dictadura.
Los hechos parecen abrir en los cuatro países un espacio importante para que los grupos de derechos humanos y la justicia logren aclarar los casos aún sometidos a investigación.
La ruptura de la ley del silencio entre responsables y acusados aporta nuevas evidencias que, a su vez, alimentan la sed de justicia y reparación de los familiares de las víctimas.
El reclamo de investigación del destino de los desaparecidos dará lugar este lunes en Montevideo a una marcha pública, convocada por unas 20 organizaciones sociales y políticas.
Mientras, el gobierno uruguayo se aferra a una ley de amnistía refrendada por plebiscito en 1989 para afirmar que los delitos atribuídos a los militares son un caso cancelado.
En Buenos Aires, el médico policial argentino Jorge Bergés, acusado de participación en torturas, fue gravemente herido por pistoleros que pretendieron hacer justicia por su propia mano.
En abril, el hospital naval donde Bergés fue atendido resultó blanco de un atentado, y todo el doloroso episodio de los desaparecidos volvió al rojo vivo. (FIN/IPS/cc/ff/hd ip/96)
