La magnitud de las inversiones ambientales necesarias en empresas publicas de Perú en vías de negociación desalienta a los inversionistas y provoca incertidumbre.
El tema puede ensombrecer las señales de optimismo emitidas por el presidente Alberto Fujimori y su ministro de Economía Jorge Camet desde Estados Unidos, donde cumplen un programa de captación de inversiones y conversaciones para solucionar la deuda pendiente con los bancos extranjeros.
La joya en la solapa de Fujimori para alcanzar ambos objetivos es el programa de privatización, que apunta a atraer a los inversionistas y permitir que Perú pague parte de su deuda con acciones de empresas públicas.
Pero recientes dispositivos legales, que en gran parte responden a presiones de la comunidad internacional, exigen a las empresas que asuman su responsabilidad por el impacto ecológico que originan, un asunto antes descuidado, sobre todo por las empresas estatales.
Uno de los más importantes programas de privatización, la transferencia de Centromín, emporio minero con una central metalúrgica, fundición, vías férreas y 14 minas, se frustró en 1995 porque sus pasivos ambientales demandan una inversión no menor a 80 millones de dólares.
El gobierno decidió asumir ese pasivo y está preparando la convocatoria a un nuevo concurso, que se efectuará cuando culmine el estudio que, con una inversión de 2,5 millones de dólares, dará la pauta del tratamiento ambiental en cada una de las unidades de la gigantesca empresa.
Otra importante privatización futura, la de la petrolera Petroperú, podría provocar un problema similar, no advertido por los sectores políticos enfrascados en discutir si conviene o no transferir esa firma al sector privado.
Según los objetores al proyecto de privatización, el gobierno de Fujimori no debería vender una empresa que después del despido de unos 6.000 de sus 10 trabajadores originales dejó de ser deficitaria y está rindiendo jugosas ganancias.
Afirman que cuando se ofrezcan en venta las empresas en que será dividida Petroperú, los inversionistas petroleros deberían lanzarse sobre las acciones y disputarlas entre sí a brazo partido.
Pero recientes declaraciones del gerente de la multinacional Texaco en Lima, Sergio Bandeira, revelan una cierta frialdad originada por la incertidumbre respecto del pasivo ambiental que los compradores deberán asumir.
Bandeira expresó que antes de decidir su estrategia de compra, las empresas interesadas en Petroperú (al menos Texaco) esperan que el gobierno nacional defina las obligaciones ambientales que se asumirán con el paquete adquirido.
"La cuestión ecológica no alcanza únicamente a los daños ya originados por las empresas públicas, que por considerarse parte del Estado estaban fuera del control de las autoridades locales y comunales e infringían despreocupadamente todas las normas sanitarias y ambientales", advierte Jorge Caillaux.
Directivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Caillaux señala que según la nueva legislación peruana todas las empresas deben presentar un Programa de Adecuación al Medio Ambiente, que establezca un plan de prevención social contra el impacto ambiental de sus operaciones. (FIN/IPS/al/dg/en-if/96)
