La eventual construcción de confinamientos de desechos tóxicos y radioactivos en el sur de Estados Unidos abrió una nueva polémica entre ese país y México, pues amenaza con envenenar a miles de personas y violar varios acuerdos.
Washington sostiene que la instalación de lo que ecologistas llaman "basureros" en los estados de California, Texas y Nuevo México no afectará a su vecino, pues se cumplirán estrictas normas ambientales, pero ecologistas y diputados de México opinan lo contrario y exigen anular los planes.
Este miércoles, la Cancillería mexicana indicó que solicitó a Estados Unidos informes técnicos adicionales de los confinamientos, pues hasta el momento la documentación recibida no disipó las "legítimas" preocupaciones de diversas organizaciones sociales y no gubernamentales.
"En atención al principio de notificación previa" estipulada en acuerdos bilaterales "a fin de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de la jurisdicción de una de las partes no perjudiquen a la otra, se solicitó más información", señalaron las fuentes.
El gobierno de Estados Unidos planea construir los confinamientos en las localidades de Sierra Blanca, Ruidoso y Carlsbad, tres puntos que formarían un triángulo de 250 kilómetros cuadrados con vértices a escasos 27 kilómetros de la frontera con México.
La construcción de los confinamientos está "en franca violación de un acuerdo firmado en 1983, en el que ambos países se comprometieron a no instalar focos contaminantes en una franja de 100 kilómetros", denunció Richard Boren, coordinador de la Alianza Internacional Ecologista del Bravo.
La instalación de los confinamientos también pondría en entredicho el continuo trabajo de comisiones bilaterales sobre temas ambientales que entraron a operar desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) a fines de 1993, entre Canadá, Estados Unidos y México.
A inicios de mes, autoridades ambientales de México y Washington se reunieron, por tercer año consecutivo, para estudiar los problemas fronterizos.
En la cita no se logró ningún acuerdo sobre el tema de los desechos, aunque se recordó que el problema debe ser tratado a la luz de un convenio suscrito en 1995, donde se ratifica el principio de no realizar obras que afecten al otro país.
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Senado de México informó que envió comunicaciones a autoridades de Estados Unidos donde expresan sus "total oposición" a los proyectos para construir confinamientos cerca de la frontera.
Greenpeace sostiene que los planes del vecino país son "altamente peligrosos", pues bajo la zona donde se instalarían los confinamientos existen mantos acuíferos que se conectan al río Bravo.
El Bravo o Grande, que recorre 2.053 kilómetros de la frontera entre los dos países socios del TLC, es una de las principales fuentes de agua para alrededor de 3,5 millones de personas asentadas a los dos lados de la línea fronteriza.
Un reciente análisis de la Comisión de Límites y Aguas, organismo bilateral creado para regular el uso de la aguas limítrofes, señala que en 19 sitios de la corriente del Bravo, que desemboca en el Golfo de México, y en 26 de sus tributarios, se descubrieron más de 40 sustancias tóxicas.
El río se contamina por pesticidas usados en los cultivos, sustancias tóxicas que vierten algunas de las 1.400 maquiladoras que trabajan en la zona, botaderos de basura al aire libre y aguas residuales de las poblaciones fronterizas, 47 por ciento de las cuales no tienen drenaje.
Las discrepancias sobre la construcción de los confinamientos en la frontera se dan paradójicamente cuando Washington anuncia que aceptará recibir y almacenar en su territorio 20 toneladas métricas de desechos radioactivos de 41 países, entre ellos de México.
Este lunes, el departamento de Energía de Estados Unidos informó que se guardarán los desechos en depósitos instalados en el estado de Carolina del Sur.
En México apenas la décima parte de los ocho millones de toneladas de residuos peligrosos que se generan anualmente reciben un tratamiento adecuado, indican informes del Instituto Nacional de Ecología.
Según ese organismo, para construir una infraestructura que permita tratar "por lo menos" una parte de la basura industrial, México requiere inversiones inmediatas por alrededor de 500 millones de dólares. (FIN/IPS/dc/dm/en-if/96)
