La gran mayoría de la población de Chile considera preocupante la situación ambiental del país y reclama una mayor preocupación al respecto a los empresarios y los poderes públicos, según los resultados de una encuesta.
El sondeo, del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), reveló también que la Comisión Nacional del Medioambiente (Conama) es desconocida para los chilenos como organismo oficial encargado de la protección de ese rubro.
La encuesta mostró que 89 por ciento de la población otorga una alta prioridad a la contaminación ambiental y estima que tiende a agravarse en el país.
El sondeo se llevó a cabo con una muestra de 1.240 personas en 29 ciudades, representativa de 67 por ciento de la población de este país de 13,5 millones de habitantes.
Los encuestados consideraron en 85 por ciento que los empresarios privados no muestran una preocupación real por el deterioro del ambiente, atribuido en gran parte a la sobreexplotación de recursos naturales.
En el mismo sentido, 79 por ciento criticó la falta de acción del Parlamento y 71 por ciento mencionó también al gobierno entre los responsables del incremento de los problemas ambientales.
Al ser consultados sobre qué organismo tiene a su cargo la protección del ambiente en el país, 45 por ciento respondió que no sabía, mientras 15 por ciento afirmó que esa labor corresponde a Greenpeace, organización internacional no gubernamental.
Ante esa pregunta, sólo 11 por ciento de la población demostró conocer la existencia de Conama, organismo gubernamental creado en 1990 por la administración del ex presidente Patricio Aylwin.
Un 58 por ciento de los encuestados expresó además su simpatía por la lucha iniciada por los habitantes del Cajón del Maipo, en la precordillera de Santiago, contra el paso por sus tierras de un gasoducto.
La confrontación de las comunidades del Cajón del Maipo con la empresa chileno-canadiense GasAndes, que traerá gas natural desde Argentina, se puso esta semana nuevamente en el centro de la atención noticiosa.
Tanto una familia propietaria de un predio declarado santuario natural como los habitantes del poblado de San Alfonso, se oponen al tendido de las tuberías ya que, a su juicio, el proyecto no ofrece garantías ambientales. (FIN/IPS/ggr/dg/en/96)
