El pez espada, una de las especies de mayor valor comercial del Pacífico suroriental, está amenazado por presiones en torno al futuro acuerdo entre Chile y la Unión Europea (UE), según la organización ambientalista Greenpeace.
Greenpeace Pacífico Sur, con sede en la capital chilena, afirmó que España busca, a través de ese acuerdo, que Chile facilite el acceso a sus aguas territoriales y puertos a la "sobredimensionada" flota pesquera española de alta mar.
Según la organización ecologista internacional, España está interesada en aumentar sus capturas del pez espada en el norte de Chile, pese a que la especie está sobreexplotada y se encuentra en riesgo de colapso.
Greenpeace advirtió la virtual polémica que entablaron a propósito de este tema a mediados de mayo el ministro de Relaciones Exteriores del nuevo gobierno español, Abel Matute, y su homólogo chileno, José Miguel Insulza.
Matute dijo que "se han iniciado (con Chile) conversaciones exploratorias con la idea de llegar a un acuerdo de pesca que haga referencia al acceso a aguas territoriales, las facilidades de puertos, de mercancías y de transporte".
"Chile no negociará un convenio con España ni con la Unión Europea respecto del acceso de embarcaciones pesqueras extranjeras a las aguas territoriales (del país)", fue la réplica de Insulza a las declaraciones de Matute.
Greenpeace afirmó "el gobierno de Chile se verá en definitiva forzado a entablar tales conversaciones, ya que la liberalización del mercado europeo a los productos chilenos se verá fuertemente condicionada por las exigencias españolas".
Chile y la UE deben suscribir en junio un nuevo convenio de asociación y cooperación, definido como de tercera generación, que incluirá aspectos económicos, políticos, sociales y de asistencia científica y tecnológica.
La negociación de los aspectos finales de este acuerdo se vería influída, según Greenpeace, por las aspiraciones de España de alcanzar mayores franquicias para la flota pesquera que opera en aguas alejadas del país europeo.
En particular, los barcos que capturan el pez espada operan actualmente en la llamada "milla 201", frente a las aguas territoriales de Perú y Chile, fuera de la zona económica exclusiva de 200 millas.
El pez espada, conocido como "albacora" en Chile, se desplaza por aguas del norte del país y tiene un alto valor comercial, llegándose a cotizar a un precio de 6,6 dólares el kilo en los mercados de naciones industrializadas.
La rentabilidad de su explotación ha llevado a la especie a un agotamiento y virtual colapso, después que en 1991 se superaran en el Pacífico suroriental las 7.000 toneladas de captura.
La tendencia al agotamiento de la especie ha sido inexorable, según testimonios de pescadores artesanales del norte de Chile que enfrentan la competencia de las técnicas pesqueras no selectivas de las flotas industriales.
Desde la década de los años 80 se observa un alejamiento sostenido de las zonas de pesca de la "albacora", así como una baja en el peso de los ejemplares capturados, de 120 a 150 kilos en 1989, a sólo 30 a 90 kilos en 1993.
En marzo último, la publicación especializada Chile Pesquero señaló que "alrededor de 50 por ciento de las capturas (de pez espada) de la flota industrial en la temporada 1992, correspondieron a ejemplares menores de 60 kilos".
Este fenómeno de sobreexplotación tiene según Greenpeace también un impacto social, que se expresa en la disminución en 60 por ciento en 1993 de la flota artesanal albacorera, que en 1991 contaba con más de 500 embarcaciones.
El gobierno chileno busca a la vez mejorar las condiciones de vida en el norte del país, en especial en el deprimido puerto de Arica, en la frontera con Perú, 2.050 kilómetros al norte de Santiago.
Entre las medidas para atraer más recursos a la zona estaría la de establecer en Arica un puerto franco, que facilite la recalada y operación de naves pesqueras de aguas distantes que operan en alta mar.
Greenpeace planteó que, en ese caso, y ante las amenazas a la supervivencia del pez espada, el Estado chileno debería aplicar disposiciones del Acuerdo de Naciones Unidas sobre Pesca de Alta Mar, sometido a la ratificación de los países desde diciembre de 1995.
El inciso 2 del artículo 61 de ese acuerdo establece que un Estado ribereño podrá aplicar medidas de conservación y administración para preservar recursos vivos de su zona económica exclusiva amenazados por el exceso de explotación.
Greenpeace postula que es urgente la ratificación del acuerdo de Naciones Unidas por parte de los gobiernos de España y Chile, recordando que este país sudamericano jugó un papel protagónico en la redacción final de ese instrumento. (FIN/IPS/ggr/jc/en-dv/96)
