Líderes sindicales brasileños protestaron y amenazaron con iniciar acciones judiciales al conocerse el martes un aumento de 12 por ciento en el salario mínimo nacional, que pasa desde hoy a 113 dólares.
Las centrales sindicales argumentan que el mismo gobierno se comprometió a corregir el salario mínimo segun la inflación registrada en los doce últimos meses. Eso representa un aumento nominal de por lo menos 20 por ciento, según el oficial Instituto Brasileño de Geografía y Estadística.
Sindicalistas como Paulo Pereira da Silva, presidente del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Paulo, y parlamentarios opositores, como Paulo Paim, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), anunciaron una acción judicial, basados en la legislación laboral.
El ministro de Hacienda, Pedro Malán, explicó que la decisión gubernamental se basó en las mediciones de precios de la Fundación Getulio Vargas, centro independiente de estudios económicos, que registró los menores índices de inflación: 13,02 por ciento en los doce últimos meses hasta marzo.
Ese índice toma en cuenta "más productos y también los precios mayoristas", así como la época del año, que puede requerir correctivos, justificó Malán.
Un aumento mayor del salario mínimo podría causar la quiebra financiera de gobiernos municipales y estaduales, además de estimular la inflación, que deterioraría nuevamente los salarios, agregó.
Paulo Paim considera, sin embargo, que se podría elevarlo a 180 dólares, sin generar problemas insolubles para las finanzas publicas. El diputado tuvo un papel importante el año pasado, cuando se elevó el salario mínimo brasileño a mas de cien dólares, tras mantenerse muchos años en cerca de 70 dólares.
La Constitución brasileña determina que el salario mínimo debe ser suficiente para que una familia de cuatro personas pueda alimentarse, pagar transportes, escuelas, asistencia médica y esparcimiento.
Para eso sería necesario elevarlo a 771 dólares, según el Departamento Intersindical de Estudios y Estadísticas Socioeconómicas (Dieese), un instituto que asesora a los sindicatos.
Para los 15 millones de jubilados, las autoridades económicas autorizaron un aumento de 15 por ciento, pero en dos veces. A partir del próximo año, ese reajuste se hará en junio, y ya no el 1 de mayo.
El gobierno trata así de desvincular el salario mínimo de los beneficios de la seguridad social. La vinculación, que establece los pagos a jubilados en función del salario mínimo, fue siempre un obstáculo a la elevación de los ingresos de trabajadores activos menos calificados. (FIN/IPS/mo/dm/if/96)
