La agresiva privatización o liquidación de activos públicos, que incluya la venta de acciones del estatal monopolio petrolero, fue propuesta hoy en Venezuela como una medida para limpiar al país del peso de su deuda externa.
El artífice del primer plan de ajuste que soportó el país, Miguel Rodríguez, criticó duramente el programa de estabilización que está por rubricar el gobierno de Rafael Caldera con el Fondo Monetario Internacional (FM) por limitarse a lo fiscal, y no contemplar acciones para retomar la senda del desarrollo.
Rodríguez, ex ministro de Planificación de Carlos Andrés Pérez de 1989 a 1992, dijo que para hacer un gran ajuste estructural el Estado debe deshacerse de las empresas públicas o liquidarlas para poder rescatar deuda externa contratada por Caldera en condiciones leoninas en el último año, cuando se le cerró el crédito mundial.
En rueda de prensa este sábado, dijo que la propiedad estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA), fuente de 80 por ciento de los ingresos de divisas del país, debe permanencer intocada, como está desde la nacionalización de los hidrocarburos en 1976.
Pero se pronunció por la colocación a la venta de hasta 20 por ciento de sus acciones en los mercados mundiales, lo que se transformaría en ingresos del orden de los 30.000 millones de dólares.
La deuda externa venezolana esta en torno a los 35.000 millones de dólares, a la que se suma una deuda interna que es la que tiene un servicio más alto, y sobre la que pesa ahora la subida de las tasas de interés en 20 puntos que se produjo esta semana.
En un cambio de rumbo de 180 grados en su política económica, Caldera reingresó el lunes al país en la senda de la ortodoxia neoliberal, con la liberalización cambiaria, monetaria y de precios, junto con una fuerte alza tributaria y el incremento de la gasolina en más de 500 por ciento.
Ese plan, que Rodríguez indicó que fue dictado de la 'a' a la 'z' por el FMI, representa la antesala de un acuerdo con el organismo para recibir dinero fresco por 2.000 millones de dólares.
Rodríguez es de los que creen que el país no tenía necesidad de recurrir al FMI porque tiene reservas monetarias por 10.000 millones de dólares, pese a que el rígido control cambiario de los últimos 22 meses no sirvió para su recuperación.
También analizó que el gobierno ha aceptado todo lo que el FMI le ha dicho y puso como ejemplo el incremento de la gasolina que pasó en promedio de ocho a 58 bolívares y que tendría que subir a cerca de 100 bolívares antes de concluir el año como efecto de la devaluación, aunque esto no ha sido dicho públicamente.
El FMI exige que la gasolina, que hasta ahora era una de las más baratas del mundo, tenga el precio de su valor puesto en frontera, que se mide en dólares.
La razón es que la liberación cambiaria va a significar una devaluación inicial de 62 por ciento de la moneda venezolana, cuando se haga efectiva el próximo lunes, que se acentuará en los próximos meses.
El FMI exige que la gasolina, que hasta ahora era una de las más baratas del mundo, tenga el precio de su valor puesto en frontera, que se mide en dólares.
Pero al igual que los gremios empresariales, Rodríguez consideró que el recurso del FMI es la única posibilidad para un gobierno que no sabe formular políticas y que en sus dos primeros años de gobierno aplicó más de seis programas distintos.
El FMI, dijo, le "impone" un orden, cuando el país pudo acometer un ajuste por su cuenta, y sin provocar los traumas del plan que comenzó a instrumentarse.
Rodríguez insistió en que la gran diferencia entre el plan del "gran viraje" de Pérez y el actual es que el de ahora no tiene una concepción de desarrollo y sólo busca enjugar un déficit fiscal de 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).
También aseguró que si el primero de los dos intentos de golpe de Estado contra Pérez en 1992 no hubieran abortado su programa, el país estaría ahora enrumbado por una sólida senda de desarrollo y no sólo de crecimiento económico.
Vaticinó para este año una inflación en torno a 100 por ciento, la más alta de la historia del país, una caída del PIB de seis por ciento, contenida gracias a la actividad petrolera, y un desempleo abierto superior al 20 por ciento.
Rodríguez también criticó que se haya decidido subir el impuesto general a las ventas a 16,5 pro ciento, frente al anterior 12 por ciento, e indicó que lo que hay que hacer es transformarlo en un directo impuesto al valor agregado de 12 por ciento.
Consideró dramático que ni Caldera ni sus ministros hayan dado muestras de que proyecten establecer una política monetaria y cambiaria como una herramienta para impulsar las exportaciones en un mercado abierto.
Dijo que este elemento es "medular" en una política de desarrollo y dijo que sólo los países que lo han hecho se han asegurado una inserción adecuada en el comercio mundial.
En el ámbito latinoamericano, dijo que el ejemplo positivo en este aspecto es Chile, que mueve y controla su moneda para asegurar por esa vía su competitividad exterior.
Aseguró que Venezuela debería aplicar un arancel plano de 10 por ciento a sus exportaciones, lo que a su juicio no dañaría los acuerdos de integración del país, pese a que establecen sistemas de bandas, y conjugarlo con el ajuste del valor del bolívar para competir.
Rodríguez desestimó que al país le convenga salirse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como proponen otros economistas y políticos y dijo que es más beneficioso que negativo permanenecer dentro del bloque. (FIN/IPS/eg/jc/ip-if/96)
