El ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez será condenado a cuatro años de arresto domiciliario por malversación (desvío) de fondos secretos, según el proyecto de sentencia que analiza la Corte Suprema de Justicia.
Pérez y sus abogados declararon que de confirmarse esta sentencia, se trataría de "una aberración jurídica", que a su juicio confirma el trasfondo político del caso que alejó del poder al mandatario el 20 de mayo de 1993.
Se trataría de la primera ocasión en la historia de Venezuela en que un gobernante constitucional es condenado y mantendría a Pérez "apartado de la calle" dos años más, aunque no iría a la cárcel, al tener más de 70 años, después que fue también el primero en no terminar su mandato por causas legales.
El magistrado Luis Palís distribuyó su ponencia a los otros 14 miembros del máximo tribunal venezolano, en que se sentencia que Pérez y tres de sus colaboradores cometieron malversación agravada con fondos de una partida de 1989 para gastos secretos de 17,2 millones de dólares.
Pero el ponente desestima que el dos veces presidente y dirigente socialdemócrata cometiera el delito de peculado o apropiación indebida para beneficio propio o de terceros, con el desvío de fondos para coooperar con la creación de una guardia presidencial en Nicaragua, en 1990.
Los magistrados tienen ahora un plazo inicial de 15 días, prorrogable por un tiempo similar, para analizar el proyecto de sentencia del lento proceso y no contar con los votos mayoritarios, se elegiría un nuevo ponente que recomenzaría su trabajo de nuevo.
El proyecto de Palís según sus amplios trascendidos pese a su calidad de secreto, también desestima la inhabilitación política del ex gobernante (1974-79 y 1989-93), pero lo obligaría a permanecer en arresto domiciliario hasta mayo de 1998.
Perez insistió este viernes en la casa donde permanece en arresto desde julio de 1994, que no cometió ningún delito y que está orgulloso de haber cooperado con el gobierno de Nicaragua, pero que no lo hizo con los fondos cuestionados ni hay nada en el expediente que lo pruebe.
Se estima que los magistrados, cuya sentencia es inapelable, usarán el máximo plazo legal posible antes de pronunciarse sobre la ponencia de Palís que tardó seis meses en elaborar el proyecto, cuando el lapso original era de 60 días.
El caso contra Pérez se basó inicialmente en que en febrero de 1989, el mes en que inició su segundo gobierno, el Consejo de Ministros votó una partida para gastos secretos que es manejada por el Ministerio del Interior, pero el Banco Central emitió un cheque a nombre de otro ministerio, aunque después fue anulado.
Ese fue el inicio de una madeja que comenzó a ser investigada y que suministró suficientes indicios para la Corte de que había habido un manejo doloso de parte o todos los fondos de la partida.
La decisión de juzgar a Pérez se tomó en un clima político de inestabilidad, después que el gobernante había enfrentado dos intentos de golpe de Estado en 1992 y el presidente tenía una alta impopularidad, nutrida en el impacto social de un plan de ajustes impuesto al llegar al poder.
Fue en el momento de terminar la fase instructoria y decidir que había elementos para un auto de detención y un juicio pleno, y la Corte lo hizo en base a que 16 meses después de pedir los fondos secretos hubo una misión policial en Nicaragua, destinada a proteger a la presidenta Violeta Chamorro al llegar al poder.
Esa misión, que estuvo entre abril y junio de 1990 en Managua, también asesoró en la creación de una guardia presidencial, que no existía hasta entonces.
Alberto Arteaga volvió a insistir este viernes en que no hay niguna conexión probada ni posible entre una partida pedida en febrero de 1989, cuando ni se sabía que Chamorro iba a ser candidata, y una misión decidida más de un año después.
De haberse aceptado la tesis de la acusación de la existencia del delito de peculado, la beneficiada de la apropiación indebida habría sido la presidenta nicaragüense.
Pérez tiene ahora una valorización en alza entre los venezolanos, tras dos años de gobierno de su acérrimo adversario, Rafael Caldera, con un saldo muy negativo en lo económico que obligó a otro duro programa de ajustes iniciado este mes.
El historiador y analista Guillermo Morón dijo este viernes que más allá de las críticas a su gestión, se le reconoce a Pérez que enfrentó con decisión dos asonadas golpistas y que ha acogido todas las decisiones de la Corte en forma institucional, sin huir del país y aceptando dos meses de cárcel y el resto de reclusión.
Pérez y Arteaga insistieron en que el caso es político y que de confirmarse la ponencia de Palís, se debería a presiones de todo tipo desde el gobierno y desde la directiva del partido Acción Democrática (AD), que expulsó a Pérez cuando se decidió su arresto.
Se asegura que fue el secretario general de AD, Luis Alfaro, quien ordenó dar a conocer la ponencia, mientras lo que se sabe es que uno de sus colaboradores más allegados estuvo el jueves en la Corte, entrevistándose con los magistrados. (FIN/IPS/eg/jc/ip/96)
