Venezuela era hoy un país paralizado, a no ser por las nerviosas compras con que la población buscaba protegerse, y en una tensa expectación por el plan de ajustes que encarará desde este martes, el segundo en siete años.
El presidente Rafael Caldera decidió anunciar la noche de este lunes 11 grandes medidas que buscan abatir la inflación y reanimar la economía, después de un "shock" que desbordará los costos de los bienes y servicios durante varios meses.
El temor ante estallidos de ira popular llevó a las fuerzas militares y policiales a un acuartelamiento, mientras las escuelas públicas seguían cerradas por un conflicto de 180.000 maestros y estudiantes universitarios preparaban protestas por el asesinato de dos jóvenes activistas el fin de semana.
"20 millones de venezolanos a la expectativa", era el titular casi uniforme de esta jornada, en tanto la población que no estaba en sus lugares de trabajo se afanaba en compras de última hora a "precio viejo" o llenaba los depósitos de sus automóviles con la última gasolina barata de este país petrolero.
Mientras, animados porque el ajuste desbroza el camino para un acuerdo entre Caracas y el Fondo Monetario Internacional (FMI), los mercados financieros reaccionaron con alza en el valor de la deuda externa venezolana, que en pocos días ha pasado de 48 a 58 por ciento de su valor nominal.
El presidente estuvo encerrado en el palacio gubernamental de Miraflores grabando la alocución que hará por cadena de radio y televisión a las 24:00 GMT, y en la que también intervendrán sus ministros del área económica, para explicar a la población el alcance de las medidas.
La más visible, entre las de impacto inmediato, será el alza en el precio de la gasolina, que de 3,4 centavos de dólar el litro pasará a cerca de 18 centavos, al cambio actual, y es emblemática porque Caldera siempre defendió precios baratos y subsidiados para ese combustible.
Las tasas de interés de la banca comercial subirán unos 20 puntos: el ahorro se remunererá con 43 por ciento y por los créditos se cobrará alrededor de 67 por ciento, contra tasas hasta ahora de 45-47 por ciento.
"Toda la banca experimentará una contracción en su margen financiero, por la asimetría temporal en los flujos de ingresos y egresos, y por los cambios en la estructura de activos y pasivos, y en la calidad de su cartera de crédito", advirtió el analista del sector José Grasso.
Las tarifas de servicios públicos subirán, en 40 por ciento la luz eléctrica, en 35 por ciento el agua potable y en 30 por ciento el aseo urbano, según fuentes de la negociación entre el gobierno y el FMI.
El impuesto a las ventas, que en Venezuela se aplica a nivel de mayorista pero se traslada al consumidor final, según reconoció el ministro de Planificación, el socialista Teodoro Petkoff, pasará de 12,5 a 16,5 por ciento, aunque la modificación depende de la aprobación parlamentaria.
El control de cambio cesará. Caldera lo implantó en junio de 1994, cuando tenía cinco meses en el poder, para contener una sangría en las reservas, pero ese régimen fracasó en el objetivo, admitió el presidente del Banco Central, Antonio Casas.
La liberación cambiaria se acompañará de una devaluación lineal, que estará cercana a 60 por ciento, después que en diciembre se produjo otra devaluación lineal de 70 por ciento.
El dólar libre se ubicaría entre 450 y 500 bolívares, su cotización actual en el mercado paralelo, mientras que la tasa oficial hasta este lunes fue de 290, y en 1994 y 1995 pudo comprarse a 170.
La moneda estadounidense valdrá 100 veces menos que en las décadas de bonanza que concluyeron en 1983.
Caldera prepara el anuncio de 14 programas sociales de compensación para quienes viven en pobreza relativa o crítica, y en su mayoría trata de inyectar más recursos a programas heredados del anterior ajuste, que se produjo en 1989.
Esos programas consumían 0,6 por ciento del producto interno bruto (PIB) y el gobierno los llevará hasta dos por ciento, unos 1.400 millones de dólares al cambio actual.
Más de un millón de familias pobres recibirán unos 17 dólares mensuales para alimentos, aumentarán ayudas a embarazadas y lactantes, y se establecerán unos 200 puntos de venta de alimentos a precios por debajo de los de la plaza.
En Venezuela alrededor del 80 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza y siete millones de personas viven en pobreza crítica.
Para contener el alza en las tarifas de transporte público, unos 120.000 particulares que transportan pasajeros recibirán un subsidio directo, hasta por 75 por ciento de lo que cuesta llenar los depósitos de combustible de sus vehículos.
Pero el conjunto de medidas subirá los precios más de 14 por ciento mensual en mayo y junio, luego que durante el primer trimestre la inflación fue de 24 por ciento, en 1995 acumuló 57 por ciento y en 1994 alcanzó 70 por ciento.
La inflación anualizada es de 78 por ciento, y a fin de año alcanzaría tres dígitos, aunque según Petkoff "sin ajustes sería peor y llegaría a 150 por ciento".
Se aspira que la inflación se desacelere en el segundo semestre, cuando además se tendrían tasas de interés reales positivas. Entretanto, la banca sería auxiliada con un fondo de protección que se iniciará con 300 millones de dólares.
El gobierno prometió acelerar la privatización de empresas de aluminio, activos de la cerrada línea Aeropostal, 49 por ciento de acciones que retiene en la telefónica que se privatizó en 1991 y en empresas eléctricas y turísticas, para ahorrarse cargas y aumentar recursos para enjugar el déficit fiscal.
También se apresta a intentar reducir el gasto, quizá en seis por ciento de su presupuesto, que rozaría 17.000 millones de dólares -al cambio actual- y sin los ajustes acusaría déficit de 5.000 millones o siete puntos del PIB, según dijo Petkoff.
Caldera, un socialcristiano de 80 años que ha dedicado 60 a la política y al derecho laboral, también anunciaría una revisión del régimen de prestaciones sociales (indemnizaciones que recibe el trabajador), y que empresarios y economistas liberales consideran una rémora paternalista y populista.
Las medidas caerán sobre una población empobrecida por 18 años de pérdida continua del salario real, con desempleo abierto de 11 por ciento (oficialmente) y con uno de cada dos empleados laborando en el sector informal de la economía.
Esa población, que destina entre 70 y 80 por ciento de su ingreso a comprar alimentos, abarrotó los mercados en los últimos días mientras espera medidas que harán su vida más penosa, aunque tiene la promesa oficial de que vivirá mejor a partir de 1997.
Estantes de los negocios de alimentos casi vacíos, largas colas en los expendios de gasolina, escasez en las tiendas de electrodomésticos y la mayoría de las empresas y comerciantes sin cotizar precios desde hace una semana, eran la fotografía de un país asustado por lo que le tocará vivir desde esta semana. (FIN/IPS/hm/ag/if/96)
