El gobierno y los sindicatos de Venezuela superarán en pocos días conflictos afectan a 1.200.000 trabajadores del sector público, temidos como abono de estallidos sociales, sostuvo hoy Carlos Navarro, secretario general de la mayoritaria Confederación General de Trabajadores.
Ministros del área de seguridad temen que la persistencia de los conflictos laborales aumente el descontento por el drástico plan de ajustes económicos que el presidente Rafael Caldera lanzó el lunes, pese a que las primeras reacciones de la ciudadanía han sido de resignación.
Ese temor multiplicó las reuniones entre responsables del gobierno, del parlamento y de los sindicatos, para desmontar conflictos de 188.000 maestros, 700.000 empleados y 300.000 obreros al servicio del Estado, dijo Navarro a corresponsales extranjeros este miércoles.
El conflicto de punta es el de los maestros, que mantiene sin clases desde hace un mes a seis millones de alumnos, pero Navarro confió en que "a fines de esta semana o a comienzos de la próxima podrá ordenarse el regreso a las aulas".
El ministro de Educación, Antonio Cárdenas, dejó el diálogo el lunes luego que los maestros desobedecieron un decreto de "reanudación de faenas", figura legal según la cual los docentes debían volver al trabajo o enfrentar sanciones.
Cárdenas amenazó con "limpiar la casa", lo que significaría declarar perdido el año escolar (octubre-julio), y reprogramarlo a partir de enero de 1997, revisando la nómina de docentes y a los siete sindicatos que hacen de interlocutores.
Pero el martes una reunión con mediación parlamentaria de nuevo buscó acuerdos, entre la demanda sindical de que suban los salarios de base y la oferta del gobierno de entregar sólo bonos (que no inciden en el salario) para no comprometer más las finanzas públicas.
Según Navarro, el acuerdo en marcha "preservará el concepto de salario y la contratación colectiva", pero lo completarán "compensaciones salariales o bonos", lo que apunta a una solución salomónica entre lo que proponen las partes.
El esquema se repetirá con los empleados y obreros de la administración pública, con acuerdos que les compensen en lo inmediato y permitan retomar en octubre la negociación de la contratación colectiva, adelantó Navarro.
Dijo que entonces la oferta del gobrno se basará en la inflación, que en 1996 puede llegar a 100 por ciento (57 por ciento en 1995), pero se desacelerará a partir del segundo semestre y será puntualmente baja a fines de año.
Todo ello "no significa que estemos de luna de miel con el gobierno, ni que consideremos suficientes los programas sociales lanzados para compensar el programa de ajustes", dijo Navarro.
"El cuadro social es profundamente explosivo y eso obliga al movimiento sindical a canalizar los conflictos, confrontar dentro del esquema democrático y no fracturar las instituciones", agregó el dirigente sindical.
Navarro es militante del partido democristiano Copei, que escolta como fuerza sindical a Acción Democrática, que durante 60 años ha dominado la Confederación, y enfrenta las tesis neoliberales que dominan dentro de su partido.
"Venezuela aceptó el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) porque como otros países de América Latina, que no es el continente de la planificación, adoptan una visión de corto plazo, coyuntural y populista", dijo Navarro.
En el marco de acuerdos con el FMI, el ex presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez lanzó un programa de ajustes en 1989, y Caldera, que fue líder máximo de Copei, adoptó otro esta semana, con mayores saltos en materia de precios.
El Plan Caldera ha comenzado con liberación de las tasas de interés y quintuplicación de los precios de la gasolina, a lo que seguirán libertad cambiaria, con una fuerte devaluación, y aumento de 12,5 a 16,5 por ciento en el impuesto a las ventas.
Navarro dijo que, a pedido de los sindicatos, Caldera se abstuvo de incluir en su programa la congelación de salarios, por la vía de prorrogar la validez de la contratación colectiva.
"Buscamos en cambio acuerdos entre empresarios y trabajadores para producir inversiones que generen empleo, y estamos dispuestos a garantizar tranquilidad laboral, con exigencias mínimas, a la nueva inversión en empresas y hasta que se consoliden", afirmó.
En cuanto a los programas de compensación social que anunció Caldera, y que van desde subsidios hasta el transporte público hasta entregar dinero para alimentos a dos millones de familias pobres, Navarro los consideró "positivos pero insuficientes".
Según sus cifras, 84,6 por ciento de los hogares de Venezuela están en la pobreza, con recursos insuficientes para adquirir la canasta básica mensual, que costaba 213 dólares en diciembre y ya rebasa los 240 dólares.
Sostuvo que el salario mínimo de diciembre de 1995, de unos 107 dólares mensuales, apenas puede comprar 59 por ciento de lo adquirible en 1984, en tanto la remuneración del ahorro obligatorio de los trabajadores -prestaciones sociales- ha caído 41 por ciento desde entonces.
"Debe agregarse el deterioro de los beneficios indirectos en educación, salud y vivienda, que el desempleo es de 19 por ciento y que 52 por ciento de la población económicamente activa se emplea en el sector informal", indicó Navarro.
En ese clima "no podemos salir a decir Viva el Ajuste, porque agudiza los desequilibrios en un cuadro de estallidos sociales chiquititos que ya se ven, pero tampoco podemos convertir la situación social en argumento para una dictadura", concluyó. (FIN/IPS/hm/ag/ip-lb/96)
