El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, mostró su decisión de aplicar con mano dura el programa de ajustes a la economía que lanzará el lunes, al liquidar por decreto una huelga de casi 200.000 docentes.
"Basta de bochinche (desorden). Llegó el momento de empezar a poner orden", dijo el ministro de Educación, Antonio Cárdenas, al justificar el decreto que ordenó volver a clases la próxima semana, alegando "perjuicios irremediables" a la población.
A las puertas de un conflicto están también 700.000 empleados públicos, los sindicatos repetirán en una semana marchas en ocho regiones y cada día pequeñas protestas, sobre todo por la escasez de agua, se registran en calles y barriadas del país.
En ese clima, Caldera ordenará cuadruplicar los precios de la gasolina, una devaluación lineal de 60 por ciento, subir las tasas de interés de 45 a más de 60 por ciento y elevar el impuesto a las ventas de 12,5 a 16,5 por ciento, anticiparon autoridades de la economía.
Responsables de los ministerios de Interior y Defensa admitieron que toman previsiones por si los efectos del ajuste desatan desórdenes callejeros, aunque sus mensajes públicos son de confianza en la "madurez y sensatez" de la población.
Desde que Caldera accedió al poder en febrero de 1994, Venezuela incrustó una cuña de populismo y dirigismo estatal en una América Latina donde avanzaron esta década ajustes de corte neoliberal y apertura de las economías.
Desde octubre, Venezuela busca un acuerdo de préstamo y avales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya "insensibilidad social" criticó Caldera hasta que al despuntar 1996 optó por un golpe de timón, aunque su remozado gabinete económico cuida un "rostro humano" de los ajustes por venir.
Caldera llevará las compensaciones a los sectores más pobres, de 0,6 a dos puntos del producto interno bruto (PIB), es decir, unos 1.300 millones de dólares al cambio actual.
Pero al mismo tiempo aplicará las medidas "con voluntad de hierro", dijo su ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, un y socialista de toda la vida de 64 años que asumió hace tres semanas su cargo y la tarea de explicar frontalmente la inevitabilidad del ajuste.
Una muestra de esa voluntad para enfrentar la previsible conflictividad social e impedir que las huelgas en el sector público aten de manos al gobierno fue el decreto de "reanudación de faenas", desde el lunes, en el campo de la enseñanza.
Unos cinco millones de alumnos de escuelas públicas primarias y secundarias estaban sin clases desde hace un mes y el gobierno sostuvo que peligraba todo el año escolar, que en Venezuela transcurre entre los meses de octubre y julio.
Los sindicalistas del magisterio convocaron un referendo, que se realizaría el fin de semana, para que los docentes decidan si regresan o no a sus labores, y amenazaron con propiciar una renuncia masiva de los maestros que radicalice el conflicto.
"Apoyaremos la decisión de los maestros, cualquiera que sea", dijo Federico Ramírez, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, central sindical mayoritaria y añadió que se mentiene el programa de las ocho marchas y la preparación de un paro general contra el gobierno.
Sin embargo, Ramírez admitió que "si el decreto de reanudación de faenas es legal (sobre lo cual debaten los especialistas), los maestros deberán volver a clases, aunque mantengan el conflicto", acusando el impacto de la mano dura gubernamental.
La vuelta al trabajo es un mensaje claro para los 700.000 empleados que sostienen demandas semejantes a las de los maestros: nueva contratación colectiva, alza de sueldos y que su nuevo ingreso tenga forma de salario y no de bonos.
El gobierno ofreció a empleados y maestros, para este año, hasta ocho meses de sueldo como bonos y no como salarios. La diferencia consiste en que los primeros no cuentan para calcular pagos como asignaciones para vacaciones, de fin de año y, sobre todo, la indemnización cuando cesa la relación laboral.
"Eso es pan para hoy y hambre para mañana", clamó Carlos Borges, presidente de la federación de empleados, y esa consigna fue tremolada en marchas de miles de empleados públicos y la que efectuaron 3.000 docentes en Caracas el miércoles, mientras el gobierno redactaba el decreto de fin de la huelga.
Carlos Navarro, número dos de la Confederación de Trabajadores, advirtió que "en Venezuela se 'desalariza' el ingreso de los trabajadores", pero Petkoff reclamó "comprensión y unidad nacional", pues los fondos públicos "no pueden estirarse como goma de mascar para satisfacer a todo el mundo".
Navarro y sindicalistas del magisterio ripostaron que "lo que no puede estirarse es el salario de 42.000 maestros que ganan 41.000 bolívares mensuales (141 dólares)", mientras que la cesta alimentaria básica cuesta 213 dólares.
Esa canasta alimentaria básica no puede comprarla un tercio de la población, siete millones de personas según estadísticas que admite Petkoff.
El impacto del ajuste sobre esa población -comerciantes calculan que la cesta alimentaria duplicará su precio en pocos meses- concentraba la preocupación del gobierno, decidido, según mostró el decreto que liquidó la huelga de docentes, a implantar con mano dura un nuevo rumbo para la economía. (FIN/IPS/hm/ag/ip- if/96)
