Venezuela censará a los extranjeros que viven ilegalmente en su territorio y les ofrecerá la oportunidad de normalizar su presencia en un plazo breve, según anuncio del ministro del Interior, José Andueza, que desató inmediatas opiniones confrontadas.
"Nadie sabe cuántos son" los extranjeros ilegales en Venezuela, dijo Andueza, recordando que "diversos estimados los ubican desde 200.000 a más de un millón", dentro de una población total estimada en 22 millones.
El gobierno estudiará "la posibilidad de decretar la legalización de los extranjeros indocumentados en el país, porque no hay capacidad para expulsarlos y esa es una realidad quse debe reconocer", dijo Andueza.
Para el gobierno, el plan de documentación y legalización de los extranjeros indocumentados "atañen a la seguridad nacional, porque actualmente un indocumentado comete un delito y los cuerpos de seguridad no pueden determinar quién era la persona, aunque deje rastros como huellas digitales".
La violencia criminal es, con el costo de la vida, uno de los dos principales problemas de los venezolanos, y en áreas álgidas, como barriadas del este de Caracas, el municipio ha impulsado la detención y expulsión de extranjeros "indeseables".
Esa medida es aplaudida y su generalización reclamada por organizaciones civiles que piden "mano dura" contra el delito, como la asociación caraqueña "Luces contra el hampa".
El plan Andueza se iniciaría dentro de tres o cuatro meses y otorgaría documentos de identidad a toda aquella persona que se presente ante las autoridades para regularizar su situación de inmigrante ilegal, explicó el ministro.
Se otorgaría un plazo a las personas, de algunos meses, para regularizar su permanencia, tras lo cual quienes queden al margen serán expulsados, agregó Andueza.
"La legalización de indocumentados ilegales sería una demostración de total incompetencia por parte del gobierno y de hecho una renuncia al ejercicio de la soberanía nacional", clamó el octogenario escritor Arturo Uslar, considerado el mayor intelectual vivo en el país.
Uslar dijo que se trataría de "una medida insólita, sin precedentes, que puede convertir a Venezuela en un depósito de población marginal de América Latina".
En 1980, el entonces presidente Luis Herrera ordenó un censo de extranjeros ilegales que permitió la legalización de unos 400.000 individuos, en su mayoría sudamericanos.
Entonces, como ahora, distintas fuentes estimaban en millón y medio el número de extranjeros ilegales. La cifra más consistente es la que aportan ganaderos del occidente, quienes dan cuenta de unos 150.000 braceros colombianos trabajando en sus fincas.
Aproximadamente otros dos millones de personas residen en forma legal en Venezuela, que además recibe cada año medio millón de turistas.
La colonia más numerosa es la colombiana. Cuando asumió funciones en marzo, el nuevo embajador colombiano, Guillermo González, ubicó entre sus prioridades "la atención al millón y medio de compatriotas que viven en Venezuela".
La jefa de la oficina de extranjeros, Delia Da Silva, dijo que el censo servirá como "base para que Venezuela tenga una política de migración", además de "la importancia de saber quiénes y cuántos son los ilegales, y a qué se dedican".
"No le podemos dar el mismo trato a un ilegal delincuente que a una señora que llegó hace 10 o 15 años, huyendo de una situación de pobreza, violencia o narcotráfico en su país, echó raíces en Venezuela y tiene hijos venezolanos", dijo Da Silva.
En encuestas telefónicas de radioemisoras, sin embargo, privaron opiniones de venezolanos adversos a las medidas, unas de claro rechazo a los extranjeros, asociándolos al auge de la delincuencia, y otras que invocaban la crítica situación económica del país.
"Si no podemos con nosotros, nuestros hospitales no dan abasto y prestan un mal servicio, ?cómo vamos a poder atender a más extranjeros?", clamó Teresa Ramírez, quien se identificó como secretaria y jefa de hogar.
Los dirigentes políticos divergen, con senadores como Juan José Caldera (hijo del presidente Rafael Caldera), favorable a "mayor control, y legalización de extranjeros con larga residencia en Venezuela".
Cristóbal Fernández, un socialista que apoya a Caldera y preside el Congreso, dijo que "los extranjeros ilegales con fuente de trabajo y que han formado aquí su familia deben ser rápidamente legalizados, tras lo cual no se deben permitir más ingresos, pues hay mucha población marginal".
El socialdemócrata Armando Sánchez propuso "dar unos seis meses a los ilegales para normalizar su situación, e impedir el ingreso de nuevos", mientras que el socialcristiano Hilarión Cardozo criticó al gobierno "por terriblemente conformista, pues como no puede expulsar entonces va a legalizar".
Dos expresidentes, el socialcristiano Herrera y el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez apoyaron sin ambages la idea de un censo que regularice la situación de los extranjeros.
"Los motivos son fuertes, porque extranjeros asumen oficios que los venezolanos no quieren, en la agricultura y el servicio doméstico", opinó Herrera, y Pérez dijo que la medida "permite control a los extranjeros, que deben ser menos que antes, porque Venezuela es menos atractiva". (FIN/IPS/hm/dg/pr/96)
