El gobierno de Venezuela mostraba hoy su primer éxito en la persecución de banqueros responsables por la gigantesca crisis financiera de 1994, al colocar Estados Unidos tras las rejas en Miami al prominente prófugo Orlando Castro.
"La corrupción debe ser combatida y castigada mediante la cooperación entre los países, porque si la economía se globaliza la justicia también debe hacerlo", dijo satisfecho el procurador general de Venezuela, Jesús Petit.
Petit acompañó en Nueva York al fiscal de esa ciudad, Robert Morgenthau, cuando éste anunció el jueves la detención y apertura de un proceso contra Castro, de 70 años, su hijo del mismo nombre, de 46 años, y su nieto Jorge Castro, de 28.
"Estos tres acusados embaucaron a inocentes depositantes con falsas promesas de que el Banco Progreso Internacional de Puerto Rico era una institución financiera segura y estable", dijo Morgenthau, "pero la investigación demuestra que usaron el dinero para sus propios fines ilícitos".
Los cargos contra los Castro son de planificación de fraude en primer grado, punible con hasta cuatro años de cárcel, y sobre el hijo y nieto pesan acusaciones de gran hurto en primero y segundo grados, castigables con hasta 25 años de prisión.
Los tres fueron arrestados el miércoles en sus residencias de Miami y Cayo Vizcaíno, sur de la Florida (Estados Unidos), y no podrán solicitar libertad bajo fianza hasta que acudan a una audiencia prevista para el 4 de mayo.
En esencia, los Castro habrían desviado irregularmente unos 55 millones de dólares, pertenecientes a depositantes de los bancos Progreso de Venezuela y Latinoamericano de República Dominicana, utilizando el Banco Progreso de Puerto Rico.
Transferencias con destino al fraude, por al menos 10 millones de .MDBO/.MDNM/dólares, se efectuaron a través de agencias del banco puetorriqueño en Nueva York, lo que dio base jurídica al fiscal Morgenthau para abrir el proceso.
El sofisticado mescanismo que lleva a los Castro tras las rejas – usaron Nueva York al transferir fondos entre un banco en Puerto Rico que funcionaba como offshore de otros en Venezuela y República Dominicana- se explica porque detrás de Morgenthau está la insistencia de Caracas contra sus banqueros prófugos.
El abogado de Castro, Richard Sharpstein, ya alegó que "las acusaciones están motivadas por razones políticas y constituyen un intento de las autoridades venezolanas de castigarlo a través del sistema judicial norteamericano".
Petit, abogado de la República y consultor legal del gobierno, no ocultó el sesgo político de la lucha. "Nos jugamos no sólo el pellejo, sino el sistema, porque la democracia, para que perdure, necesita que llevemos esto hasta el final", señaló.
Castro "pudo ampararse en la corrupción, debido a que tenía influencias políticas", dijo Petit. "Quienes se comportaron como él hicieron un daño moral a la democracia y un daño patrimonial que pagamos apretándonos el cinturón bajo las condiciones del Fondo Monetario Internacional", agregó.
En 1994, primer año de gobierno de Rafael Caldera, estalló una crisis bancaria que en cuatro "olas" hundió 17 entidades, llevó a manos del Estado 60 por ciento del sector y drenó del Tesoro más de 7.000 millones de dólares, equivalentes a 16 puntos del Producto Interno Bruto.
Esos recursos equivalen a la mitad del presupuesto de gastos del Estado, a siete meses de exportaciones petroleras y dislocaron las cuentas nacionales en un país que lleva tres años de recesión, elevada inflación y creciente desempleo.
Los tribunales ordenaron detener centenares de directivos y gerentes de los bancos quebrados, pero dejando tras las rejas en Caracas sólo a un ejecutivo de mediano nivel, Francisco Pérez, hermano del también procesado ex presidente Carlos Andrés Pérez (1989-1993), rival histórico de Caldera.
Carteles de partidos izquierdistas mostraban fotografías de los ocho o diez más destacados banqueros prófugos, incluído el yerno del presidente Fernando Araujo, y entre los más populares figuraba Castro.
Ello porque el empresario dirigió con presentaciones personales en televisión, entre junio y octubre de 1994, una campaña publicitaria que reclamaba confianza en Venezuela, bajo el eslogan "estamos aquí, seguimos aquí".
Castro fue en su juventud un fogoso líder socialdemócrata, en Cuba, y llegó a Venezuela a comienzos de los años 60, donde comenzó como vendedor y agente de pequeñas firmas financieras, hasta constituir un grupo multimillonario de bancos, seguros y radiodifusión.
Como otros empresarios, cultivó excelentes nexos con dirigentes políticos de varios partidos, lo que recordío Petit este viernes al subrayar que "Castro pudo ampararse en la corrupción debido a que tenía influencia política".
Petit fue criticado desde 1994 por no colocar ningún banquero tras las rejas, pero este viernes mostraba su satisfacción por la detención de un símbolo del fraude bancario en su país, y subrayó sin descanso que "con esta cooperación comienza a imperar un nuevo sentido de la justicia en América".
Venezuela y Estados Unidos habían firmado en marzo de 1995 un acuerdo de cooperación e intercambio de información para la administración de justicia en el caso de delitos bancarios.
Caldera promovió en la Cumbre de América en 1994 en Miami la adopción de una convención interamericana contra la corrupción, y la semana pasada suscribieron el texto 21 gobiernos del hemisferio reunidos para tal fin en Caracas.
Si el arresto de Castro "es sólo el primer paso", como dijo Petit, "ahora podrían verse perseguidos otros banqueros que buscaron refugio en Estados Unidos", comentó Jorge Salazar, director del Centro de Estudios Económicos de la Universidad de Florida. (FIN/IPS/hm/dg/if/96)
