La mayoría del Grupo de los Siete países más ricos (G-7) desafió hoy advertencias de Japón y Gran Bretaña, al enfrentarse al resto de Asia en una batalla para establecer normas mínimas sobre condiciones de trabajo en todo el mundo.
Japón, respaldado por Gran Bretaña, se había negado a respaldar la fijación de criterios mínimos en materia de trabajo infantil y forzado, derechos sindicales y discriminación laboral.
Pero la declaración final de la reunión de representantes del G- 7 que consideró medidas contra el desempleo celebrada en Lille, Francia, exhorta a los gobiernos a considerar el asunto en la Organización Mundial de Comercio (OMC), especialmente en la reunión ministerial de diciembre en Singapur.
Esta resolución ignoró las advertencias de Japón y Gran Bretaña, según las cuales la vinculación entre el comercio y las normas laborales podría derivar en un proteccionismo disfrazado.
Estados Unidos y grupos sindicales internacionales han promovido reiteradamente la inclusión en las normas de la OMC de la denominada "cláusula social", a la que se oponen muchos países en desarrollo.
Los gobiernos de Asia dijeron que cualquier vinculación en ese sentido podría desatar fuerzas proteccionistas en Occidente, pues cortaría el acceso de la producción procedente de países en desarrollo al mercado de los países industrializados.
Estados Unidos y Francia enfrentaron una dura oposición cuando intentaron vincular la concesión de ventajas comerciales al fin del trabajo forzado e infantil durante la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), cuyo tratado final se firmó en 1994 en Marrakesh, Marruecos.
"Los progresos se lograron poco a poco. En Marrakesh, hasta poner esas palabras en una declaración era motivo de dificultades", dijo el Comisario de la Unión Europea (UE) para asuntos económicos, Yves-Thibault de Silguy.
El G-7 está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón.
El documento final de la reunión de Lille concluye que los ministros de Comercio del grupo "advierten la importancia de implementar normas laborales mínimas en todo el mundo y examinar los vínculos entre el comercio internacional y las condiciones de trabajo".
Los ministros también acordaron aguardar los resultados de un estudio que realizan la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) respecto de las consecuencias sociales de los cambios registrados en el comercio mundial.
Pero el secretario general de la OCDE, Jean-Claude Paye, dijo este lunes que el estudio, aún inconcluso, no detectó ninguna ventaja competitiva injusta y significativa que derive de la inobservancia de criterios mínimos en materia laboral o, al menos, nada que justifique la aplicación de sanciones.
La UE, cuyos jefes de estado, de gobierno y representantes se reunieron en marzo con sus homólogos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Bangkok, estaba decidida a evitar acusaciones de proteccionismo encubierto en sus declaraciones en Lille.
El comisario de Asuntos Sociales de la UE, Padraig Flynn, dijo que el bloque debería procurar "incentivos, más que sanciones", para alentar en los países en desarrollo el respeto a las normas laborales.
"No queremos proteccionismo de ningún tipo y no queremos que Occidente o Europa impongan sus criterios en otras partes del mundo", dijo Flynn en Lille.
La UE debate la inclusión de una "cláusula social" en el Tratado de Maastricht, a lo que se opone Gran Bretaña.
El bloque europeo, en un intento de desactivar el debate, declaró que no está sobre la mesa la posibilidad de "privar a los países con bajos salarios de sus legítimas ventajas económicas".
Por otro lado, funcionarios de la UE que atienden asuntos comerciales sostuvieron que prácticas como la prohibición de actividades sindicales o el trabajo forzado no pueden ser justificadas con el argumento de que contribuyen con el desarrollo económico.
La Confederación Internacional de Sindicatos Libres (ICFTU) manifestó que la OMC debería vincular el comercio a la libertad de asociación, la prohibición del trabajo infantil y forzado, el derecho a la negociación coletiva y la no discriminación, criterios a los que consideró básicos.
Los expertos asiáticos en materia comercial afirman que estos asuntos son manejados por la OIT mejor que por la OMC, pues esa agencia de la Organización de las Naciones Unidas tiene el propósito específico de mejorar las condiciones de trabajo.
Además, argumentan que la forma más adecuada de lograr este propósito es a través de la asistencia al desarrollo, y no mediante sanciones comerciales.
El comisario de la UE para asuntos comerciales, Leon Brittan, negó que el bloque europeo intente obligar al Sur a adoptar criterios mínimos en materia social. "Europa no tiene la intención de imponer un mandato social al resto del mundo", dijo en ese sentido. (FIN/IPS/tra-en/ao/mom/rj/mj/if lb/96)
