Los asentamientos precarios proliferan en Sudáfrica, donde millones de personas carecen de hogar y tierras, pero el tiempo se está agotando para los ocupantes ilegales del área de Johannesburgo.
En un futuro no muy distante, más de 40.000 intrusos serán reubicados en un área considerada más adecuada para propósitos residenciales, pero probablemente esto no será tarea fácil para el gobierno.
Hay más de 250.000 familias que ocupan terrenos ilegalmente en Gauteng, la provincia donde se ubica Johannesburgo, y muchas no desean mudarse porque consideran que los asentamientos informales son su hogar.
"No nos moveremos", advirtió John Malatje, presidente de Steve Biko, una villa de emergencia del municipio de Alexandra, anteriormente habitado sólo por negros.
"Esta vez no nos sacarán la tierra. Nosotros los elegimos, tenemos ahora nuestro propio gobierno y lo que necesitamos es agua, electricidad y escuelas para nuestros niños", agregó Malatje.
De su lado está un nuevo grupo de presión llamado Movimiento de Renacimiento Cívico de Africa (ARCMO), que está preparado para demandar al gobierno de Gauteng u hostigarlo con acciones similares a las adoptadas por la población negra contra el régimen del apartheid.
"Si el gobierno provincial no detiene los desalojos, les daremos una dosis de su propia medicina, la acción popular", advirtió Jennifer Meyer, presidente de ARCMO.
La acción popular doblegó al apartheid cuando la población se rehusó a pagar los alquileres y el transporte público, además de boicotear la educación y los productos de consumo. En muchos municipios, la gente actúa aún como si el boicot no se hubiera levantado, pese a la existencia de un gobierno mayoritario desde 1994.
Según Meyer, no es sólo la actitud de la población lo que permanece incambiado. "Tenemos un nuevo gobierno pero no se ha producido ningún cambio. El Estado usa aún las mismas tácticas que usó durante el apartheid, cuando aplastaba al pueblo", dijo.
ARMCO fue creada hace sólo dos semanas y, en un encuentro público realizado recientemente, ofreció sus servicios a los residentes de la villa Steve Biko, cuyo caso irá a la corte la próxima semana. El gobierno provincial procura un interdicto para desalojar a los intrusos.
La gran escasez de viviendas de Sudáfrica no es noticia. El país necesita entre 1,5 y tres millones de unidades adicionales, según se estima.
Unos siete millones de personas viven en villas de emergencia y, hasta fines de 1995, el publicitado programa gubernamental de Reconstrucción y Desarrollo sólo produjo 12.000 unidades de vivienda.
Esa cifra equivale a seis por ciento de lo que el gobernante Congreso Nacional Africano prometió construir por año en su campaña electoral. Como resultado, se produjo una explosión de asentamientos informales como Steve Biko en todo el país.
La villa tiene el aspecto de un campo de refugiados. Sus residentes obtienen el agua de regadores a través de caños instalados por la comunidad, y hay un permanente mal olor que procede de un río contaminado, el Jeskey.
Los miles de ranchos que bordean el río parecen a punto de caer al agua, como les sucedió a algunos durante una reciente inundación.
El propio municipio de Alexandra es una masa confusa de ranchos de cartón, lata y plástico apiñados en casi cada rincón de espacio disponible. En algunas áreas el suelo está permanentemente mojado, incluso dentro de las casas.
El municipio ocupa un área de sólo 450 hectáreas, pero tiene 442.000 residentes, 94.000 de los cuales son ocupantes ilegales.
"Pero estamos felices aquí", manifestó Shelton Mpande, de 48 años. "He vivido aquí más de cinco años, estoy desempleado y no puedo pagar los préstamos de vivienda de que hablan", agregó.
Unos 5.250 sitios han sido identificados en toda la provincia, y aquellos que reúnan los requisitos recibirán créditos de aproximadamente 3.600 dólares por familia.
Tshepeso Mashinini, funcionario de Vivienda Urbana del gobierno de Gauteng, advirtió que los instrusos tienen dos opciones: trasladarse a las áreas designadas o volver a su lugar de origen. (FIN/IPS/tra-en/gm/kb/ml/pr/96)
