Pasados 22 años desde la caída del régimen corporativista en Portugal, el tema de los archivos de la policía secreta de la dictadura se ha convertido en una de las polémicas más actuales de la vida política de este país.
La profunda división registrada durante esta semana de debates obligó al parlamento a enviar este viernes el asunto durante 90 días a la Comisión de libertades y garantías, que deberá recomendar la apertura pública o la entrega a los interesados de las fichas confeccionadas por la dictadura durante 48 años.
Durante "O Estado Novo" fascista, instaurado en 1926 por Antonio de Oliveira Salazar y continuado por Marcello Caetano en 1968, y hasta la democratización de la Revolución de los Capitanes en 1974, la Policía Internacional de Defensa del Estado (PIDE) elaboró más de cuatro millones de fichas de los nueve millones de portugueses.
Los archivos de la PIDE incluyen cartas personales y grabaciones de conversaciones telefónicas con frases comprometedoras, en especial con contenido sexual o que hacían referencia a adulterios, que usaba para enrolar informadores no necesariamente simpatizantes del régimen.
El gubernamental Partido Socialista (PS) sostuvo que se debe permitir a los interesados recuperar las fichas, pero que una fotocopia debe quedar en los archivos nacionales.
Sin embargo, esta postura del PS cuenta con oposición interna, encabezada por el alto dirigente Manuel Alegre, contrario a la devolución de las fichas, porque "esos documentos, son de todos los portugueses, especialmente de aquellos que todavía no nacieron".
"Las privatizaciones en la economía de mercado están de moda, pero la Historia no es privatizable", concluyó Alegre.
El ultranacionalista Partido Popular (PP) sostiene que las fichas deben ser devueltas a las personas, "porque el derecho individual se sobrepone al colectivo", postura apoyada por el centroderechista Partido Socialdemócrata (PSD), aunque sin unanimidad entre sus diputados.
Los comunistas, por su parte, subrayan que los documentos deben "mantenerse intocables, por el bien de la preservación de la Historia" y acusan a la derecha de intentar enterrar los archivos porque muchos nombres de informadores todavía vivos podrían surgir a la luz pública. (FIN/IPS/mdq/jc/ip/96)
