El nuevo ministro de Trabajo de Perú, el economista liberal Jorge González Izquierdo, prepara un plan de "flexibilización" de las condiciones laborales, que según los dirigentes sindicales amenaza los últimos beneficios sociales que aún tienen los trabajadores de este país.
Los derechos laborales cuya revision se prepara son las vacaciones anuales de 30 días, los dos sueldos de gratificaciones por ano, la participación en las utilidades de las empresas y la ley que establece compensaciones por accidentes de trabajo.
"Estos derechos no desaparecen sino que serán negociados y pactados libremente por los trabajadores con sus respectivas empresas", explicó la fuente del Ministerio de Trabajo, que rehusó identificarse.
El propósito de las medidas de "flexibilización laboral", según admitió el ministro González, es reducir los costos productivos sin disminuir los impuestos que pagan las empresas.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Trabajo del Congreso, Oswaldo Sandoval, presentará esta semana un proyecto de ley para incorporar a los trabajadores estatales al régimen laboral privado, de modo que ese sector estaría igualmente afectado por el proyecto de flexibilización.
Perú tuvo, hasta 1991, una de las legislaciones laborales más beneficiosas para los trabajadores, al incluir la estabilidad absoluta, es decir la prohibición del despido sin falta grave o razón económica, que debía ser demostrada ante las autoridades del ministerio respectivo.
En noviembre de 1991, el gobierno del presidente Alberto Fujimori, que ya estaba poniendo en práctica su programa de reformas para organizar la estructura del Estado y de la producción privada dentro de la economía de mercado, introdujo la primera modificación de las leyes laborales.
La Ley de Fomento del Empleo, dictada en esa oportunidad, facultó a las empresas a contratar nuevo personal exceptuado de la protección de las leyes laborales vigentes.
Los derechos de los trabajadores antiguos, protegidos expresamente por la Constitución de 1979, no fueron afectados entonces, pero Fujimori disolvió el Parlamento, con ayuda de la Fuerza Armada, el 5 de abril de 1992, y luego promovió una reforma constitucional.
Eliminada la traba constitucional, en 1995 una ley dictada por la mayoría parlamentaria oficialista suprimió la estabilidad laboral, al tiempo que creó dispositivos para que las empresas contraten trabajadores juveniles temporales.
Ahora, con la revisión de los beneficios laborales subsistentes, el gobierno se apresta a poner en práctica la tercera y quizás última fase de su proyecto de liberalización del mercado de trabajo.
Al asumir su cargo, González expuso el sustento doctrinario de sus medidas, al señalar que el Ministerio de Trabajo no sería más árbitro ni protector de los trabajadores ya empleados, sino generador de políticas de creación de nuevos empleos.
"Los trabajadores están mejor protegidos por el desarrollo y el crecimiento económico, pues aumenta la oferta de empleos y mejoran sus condiciones de negociación", afirmó.
Pero, a cinco años de iniciada la aplicación de ese modelo los observadores no se ponen de acuerdo sobre su impacto social en el empleo.
El analista Mirko Lauer señala que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la precariedad laboral se ha acentuado y las cifras de desempleo y subempleo pasaron de 51 por ciento en 1992 a 59 por ciento el año pasado.
"Los 200.000 empleados públicos despedidos durante el programa de ajuste no se convirtieron en parte del supuestamente pujante sector moderno de la economía sino que cayeron en la informalidad", comenta.
Afirma que en 1990 de cada 100 peruanos ocupados, 49 eran asalariados del sector empresarial legal y 51 del sector informal,y que en 1994, la cifra más reciente de la OIT sobre el tema, alcanzaron 56 por ciento de la población ocupada.
Pero las mismas cifras son leídas de otra manera por otros analistas, como el economista Wilfredo Corzo, quien basándose en los indicadores del consumo comercial interno señala que el ajuste de Fujimori ha hecho crecer el autoempleo, vií iniciativas empresariales familiares.
Ello explica por qué Fujimori sigue teniendo respaldo en la población de las zonas urbanas marginales, donde viven los autoempleados, microempresarios e informales.
"Para beneficiar a las empresas mediante el recorte de los beneficios sociales, se prepara la ley de la selva en el mercado de trabajo y los sacrificados serán, inevitablemente, los más débiles, es decir los trabajadores", consideró el ex diputado izquierdista Edmundo Murrugarra.
El dirigente sindical Felipe Bornaz destacó a su vez que "la eliminación de los derechos laborales hará poner de pie y en son de guerra a los sindicatos, que están un poco confundidos y atemorizados".
"Tal vez el presidente Fujimori está metiendo el dedo en el ventilador, pues este proyecto reactivará a los sindicatos y dará bandera a los partidos populares, en momentos en que la popularidad del gobierno decae y el terrorismo vuelve a mostrarse en el escenario", comentó Murrugarra. (FIN/IPS/al/dg/ip-lb/96)
