Las organizaciones campesinas de Paraguay cumplieron con su promesa de realizar ocupaciones masivas de tierras ante la falta de atención a sus reclamos por parte del gobierno del presidente Juan Carlos Wasmosy.
En los ultimos ocho días se desencadenaron cuatro movimientos de ese tipo en diferentes regiones del país. En todos los casos los campesinos reivindican la propiedad de las mismas.
El día 1, 70 familias de la comisión vecinal "Chaco-ré" (ex combatientes de guerra del Chaco contra Bolivia, en guaraní) irrumpieron en una propiedad de 1.300 hectáreas ubicada en el departamento del Guairá, 200 kilómetros al sur de Asunción. La finca pertenece a un ciudadano francés no residente en Paraguay.
El día 5, otras 55 familias tomaron posesión de 1.200 hectáreas pertenecientes a un hacendado y dos días después en una hacienda de la conflictiva zona de San Pedro, 300 kilómetros al este de Asunción, 40 familias "acamparon" en otro predio.
El lunes pasado, unas 80 familias reinvadieron tierras de las que ya habían sido desalojados anteriormente por la fuerza antimotines de la Policía Nacional.
La tensión en el campesinado subió a niveles sin precedentes, ya que la policía podría ser desbordada y se producirían violentos desalojos, propiciados por los propietarios de las tierras invadidas.
"Las invasiones de tierras no son la solución, pero sí constituyen un paliativo a los problemas campesinos", dijo Fernando Lugo, obispo de San Pedro, uno de los departamentos más pobres y conflictivos del país.
Agregó el prelado que "las invasiones dan cierta seguridad de poder obtener la tierra, pero hoy es más difícil la situación porque no sólo no tienen la tierra sino que tampoco tienen qué comer. Ya hay hambre, hambre real.'
"Lo que temo es que la gente salga a robar para comer y después la Iglesia o la prensa sean acusadas como instigadoras, como los culpables del hambre del pueblo", advirtió.
Las presiones sobre las tierras por parte de miles de campesinos han sido una constante en los años de la transición democrática, desde 1989, ya que 85 por ciento de las tierras aptas para producir se hallan en poder de siete por ciento de la población, según cifras del mismo gobierno.
La crisis ya ha costado el cargo al ministro de Agricultura Arsenio Vasconcellos, reeplazado por Juan Alfonso Borgognon en un cambio de piezas del presidente Wasmosy destinado a atender más de cerca los reclamos campesinos, "en el terreno y no en el escritorio de Asunción", como dijo el nuevo ministro.
Pero más que discursos y declaraciones efectistas lo que los campesinos ya están necesitando es pan, como explicó el analista económico Oscar Rodríguez Campuzano, quien expresó que la desatención a los problemas reales de la sociedad, privilegiando los aspectos políticos, está costando muy caro al país.
La situación en la agricultura, reflejada en los magros precios pagados por el algodón y la merma en la producción de la fibra, es consecuencia directa de la escasa capacidad de absorción de mano de obra por la industria, indicó el economista Dionisio Borda.
También destacó la saturación del sector servicios de las ciudades tras la crisis financiera de 1995 que hizo decaer el comercio,
Borda agregó que no habrá soluciones para el campesinado en la medida en que el gobierno se empeñe en cerrar los ojos a la realidad, negándose a expropiar los latifundios y a promover un programa urgente de reactivación productiva y creación de empleos. (FIN/IPS/ct/dg/ip-if-pr)