El aumento salarial de 10 por ciento resuelto este martes por el gobierno de Paraguay no conformó a las tres centrales sindicales del país, que ratificaron el llamado a la huelga general de 48 horas para el 2 y 3 de mayo.
Por su parte, los empresarios reaccionaron ante el anuncio poniéndose "en pie de guerra" contra los sindicatos y criticaron la "incoherente" política económica gubernamental.
El salario mínimo pasó a ser de unos 238 dólares, pero según un estudio de los sindicatos, debería alcanzar en este momento a unos 283 dólares, con el fin de neutralizar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores desde 1989.
Las centrales comunicaron este martes que sólo aceptarán un incremento salarial de 31 por ciento y, como muestra de endurecimiento ante el gobierno del presidente Juan Carlos Wasmosy, no acudieron a un diálogo iniciado por el ministro de Justicia y Trabajo, Juan Manuel Morales.
Eduardo Ojeda, líder de la Central Nacional de Trabajadores (CNT), de orientación socialcristiana, aseguró que el movimiento sindical continuará su lucha por sus demandas, entre las que se destacan el aumento salarial y el respeto de la legislación laboral por los empresarios, en especial del transporte.
El gobierno desestimó un aumento mayor al 10 por ciento, invocando lo dispuesto por la ley laboral, que lo habilita a recuperar lo perdido con la inflación desde el último incremento decretado.
Según el Banco Central de Paraguay, la variación inflacionaria desde mayo, fecha del último ajuste, fue precisamente de 10 por ciento.
El máximo dirigente de la Unión Industrial, Arturo Jara Avelli, señaló que reclamar 31 por ciento de aumento, como hacen los sindicatos, "es absolutamente irracional, debido a la crítica situación económica del país".
Según la Unión, importantes representantes del sector privado están de acuerdo con el ajuste salarial del gobierno, si bien cuestionan la "incoherencia" de la política económica de Wasmosy.
Los empresarios recuerdan que la depresión de la economía se inició hace ya casi un año, cuando se desencadenó la crisis financiera, y señalan que es "incoherente" privilegiar el consumo de productos suntuarios y no el sector productivo.
"El capital financiero, que es escaso, sólo está disponible para los pocos que aseguran rentabilidad en negocios rápidos y desprovistos de cualquier efecto positivo para nuestra economía", fustigó Jara.
El gobierno está negociando un pacto social con los partidos políticos, pero difícilmente se concrete a tiempo para impedir la huelga del mes próximo, a la que también se adherirán los campesinos, que actualmente están siendo desalojados de las tierras que ocuparon recientemente en varias zonas del país.
Por su parte, los industriales se declararon "en pie de guerra" contra la huelga, esgrimiendo el "derecho al trabajo", y solicitaron al gobierno un verdadero pacto social, que desemboque en una recuperación productiva, basada en la justicia y la libertad de acción de todos los agentes económicos. (FIN/IPS/ct/dm/lb-ip-if/96
