Seis años despues de garantizar el desarme de 22.000 ex contras y la repatriación de 20.000 refugiados en Costa Rica y Honduras, la Comisión de Apoyo y Verificación de la OEA en Nicaragua (CIAV-OEA) está bajo fuego de sectores vinculados al sandinismo ortodoxo.
La CIAV, cuyo mandato vence el 30 de junio, es acusada de "apoyar y asesorar" a Ciriaco Palacios, alias "El Charro", lider de las bandas que aún operan en el norte del país y que han cometido una serie de tropelías.
Las acusaciones, filtradas a los periódicos locales semanas atrás por fuentes no identificadas, fueron rechazadas por el jefe de la comisión dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), Sergio Caramagna.
"Son una farsa, parte de una campaña que busca desprestigiar la labor de la CIAV-OEA en Nicaragua", aseguró Caramagna a IPS.
No obstante, las acusaciones arreciaron. A las formuladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se sumó el jefe nacional de Policía, comandante Fernando Caldera.
"El pueblo nicaragüense merece una explicación pública y sin ambigüedades de parte de la CIAV y de los organismos gubernamentales que, a sabiendas de las arbitrariedades y abusos que este organismo internacional provoca en el campo, ha guardado un silencio cómplice e irresponsable", editorializo el diario sandinistav Barricada.
En términos similares se pronunció Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro NicaragUense de Derechos Humanos (CENIDH) y precandidata a la Presidencia de la República por parte de un sector del FSLN.
"No creo que Caldera (el jefe de Policía) se haya lanzado a hacer determinado tipo de afirmaciones, sin tener algún fundamento", señaló. "Si se pretende ampliar el mandato de la comisión más allá de junio, deben aclararse las cosas y cambiar al personal actual", dijo Núñez a IPS.
La CIAV permanece en Nicaragua desde mediados de 1989, luego que los presidentes de los países del istmo reunidos en Tela, Honduras, solicitaron a la OEA conformar una misión para asegurar la desmovilización, repatriación o reubicación de los combatientes de la Resistencia antisandinista (ex contras) y sus familiares.
Así, respaldó a los ex guerrilleros y sus parientes con programas de asistencia a la producción, sociales y habitacionales. También asistió a centenares de lisiados.
En esta primera fase, la CIAV dispuso de un presupuesto superior a 48 millones de dólares, provenientes en su casi totalidad de Estados Unidos.
En marzo de 1993, la Asamblea General de la OEA decidió extender el mandato de la comisión por dos años y ampliarlo hacia "las poblaciones afectadas por las secuelas de los conflictos, independientemente de su filiación política".
De esa manera, se le planteó velar por la reinserción, los derechos y garantías de unas 650.000 personas "afectadas por la guerra", es decir ex repatriados y desplazados, ex contras, ex miembros de las fuerzas armadas y lisiados de ambos bandos.
Asimismo, se la mandató para integrar la Comisión Tripartita, integrada por el gobierno, la Iglesia y la CIAV-OEA, encargada de investigar las denuncias de abusos cometidos contra esos sectores civiles.
La Tripartita formuló 120 recomendaciones para investigar y sancionar a 55 miembros activos de las fuerzas armadas, así como a jueces y civiles, culpables de abusos, arbitrariedades y crímenes. No obstante, el gobierno no ha aplicado ni siquiera 30 poor ciento de esas recomendaciones.
Algunos sectores politicos propugnan que la CIAV-OEA se mantenga en el país más allá del 30 de junio.
Carlos Gallo, diputado del sandinismo renovador, propuso que la Asamblea Nacional plantee al gobierno ampliar el mandato de la CIAV-OEA hasta el 10 de enero de 1997, cuando asuma el gobierno electo en los comicios de octubre próximo..
"Toda la campaña que se ha venido haciendo de que la CIAV promueve grupos armados esta viniendo de sectores muy claramente identificados con el FSLN", dijo Gallo.
Por su parte, Carlos Garcia, ex comandate "Chino 85" y directivo de la Resistencia antisandinista, dijo que hay que reconocer la labor efectuada por la misión internacional en los procesos de pacificación en las zonas de posguerra.
García abogó por la permanencia del cuerpo, ya que las zonas rurales del país siguen siendo inseguras. "La CIAV-OEA ha jugado un papel importante en la Tripartita denunciando abusos y crímenes con nombres y apellidos, y mientras persista la impunidad debe permanecer en Nicaragua", dijo a IPS.
La misión debe ser reemplazada paulatinamente, una vez que se consoliden las comisiones de paz en las zonas de posguerra y se fortalezca el estado de derecho, dijo. (FIN/IPS/rf/dg/ip/96).
