Una alianza internacional surgió este fin de semana en Ginebra con el objetivo de conseguir una reparación digna para las mujeres asiáticas sobrevivientes del sistema de esclavitud sexual militar que Japón impuso durante la Segunda Guerra Mundial.
La coalición de organizaciones cívicas, en su mayoría de mujeres, decidió respaldar el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU), la srilankesa Radhika Coomaraswamy, quien investigó las denuncias de atrocidades cometidas por tropas japonesas contra mujeres asiáticas.
Desde 1932, cuando estallaron las hostilidades entre Japón y China en Shangai, hasta la rendición nipona de 1945, el ejército y la armada japoneses capturaron y obligaron a la prostitución a centenares de miles de jóvenes mujeres de los países asiáticos ocupados.
Indai Sajor, de la organización LILA Filipino, estimó que suman casi un millar las sobrevivientes ya ancianas que han tomado contacto con los grupos de mujeres asiáticas para reclamar una compensación.
En su informe, objetado por las autoridades de Tokio, Coomaraswamy dictaminó que el gobierno de Japón debería reconocer que el sistema de prostíbulos montado por el Ejército Imperial fue una violación a sus obligaciones bajo la ley internacional.
La evaluación de Coomaraswamy, que discutirá esta semana la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, indicó tambien que el gobierno de Japón debería pagar compensación a las víctimas individuales de la esclavitud sexual militar de los japoneses.
La Alianza Internacional de Apoyo al Informe Radhika Coomaraswamy sobre Esclavitud Sexual Militar en Tiempos de Guerra, como se denomina la coalición presentada este martes a la prensa, explicó que su acción se extenderá en respaldo a las mujeres víctimas de todas las guerras.
El gobierno de Japón reaccionó a las acusaciones con declaraciones en las que parece aceptar la responsabilidad moral por la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial, señaló el informe de la ONU.
Sin embargo, las autoridades japonesas no reconocen responsabilidad legal y sostienen que los tratados internacionales que pusieron fin a la guerra extinguieron toda obligación de reparaciones pecuniarias.
Como única forma de resarcimiento, el gobierno nipón anunció la constitución de un Fondo de la Mujer Asiática para recolectar donaciones de privados que se distribuirían como compensación entre las víctimas sobrevivientes del régimen de prostitución forzada militar.
Pero la alianza de mujeres de asiáticas advirtió que "se opone firmemente" a esa fórmula de indemnización mediante la cual "Japón evade sus responsabilidades morales y legales".
El parlamentario japonés Shoji Motooka, miembro independiente de la Cámara Alta, anunció en Ginebra la presentación de un proyecto de ley de creación de una comisión investigadora de "víctimas de actividades sexuales forzadas en tiempos de guerra".
Mootoka sostuvo que si el gobierno mantiene su posición, Japón quedará aislado internacionalmente en el tema de los derechos humanos de la mujer.
La japonesa Aiko Cater declaró que 108 organizaciones cívicas de su país y 200.000 ciudadanos se han sumado a la campaña para que Tokio afronte sus responsabilidades.
"Nosotras no abandonaremos a nuestras hermanas", dijo Cater.
La filipina Sajor precisó que en Corea del Sur se han ubicado 157 sobrevivientes de la esclavitud sexual militar de los japneses, en Corea del Norte, 216, en Filipinas, 160, en Taiwan, 32, en Indonesia, 348, y en Malasia, seis.
La norcoreana Pak Song lamentó que muchas sobrevivientes de los abusos del Imperio Japonés están falleciendo antes de recibir una reparación digna.
Song demandó que Japón retire los documentos que ha presentado a la Comisión de Derechos Humanos en defensa de su posición.
Es una contradicción que Japón trate de ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU mientras no puede resolver siquiera una cuestión como la esclavitud sexual perpetrada por un gobierno japonés anterior, dijo Song. (FIN/IPS/pc/ag/pr-hd/96)
