Cárcel y cobro de elevadas multas son las medidas extremas que se aplicarán contra quienes cometan delitos ambientales en la capital mexicana, una de las ciudades más pobladas y contaminadas del mundo.
Los diputados y la autoridades de la metrópoli optaron por el camino de las medidas coercitivas, luego de ensayar por décadas, sin mucho éxito, otros tipos de estrategias para combatir problemas como la emisión diaria de 12.000 toneldas de gases y el tratamiento de 18.000 toneladas de basura.
Según la nueva Ley de Medio Ambiente, aprobada este lunes en la Asamblea Legislativa de la ciudad, los "ecocidadas" podrían ser encarcelados hasta por cinco años y enfrentar multas de hasta 20.000 días de salario mínimo (alrededor de 48.000 dólares).
"Veremos con el tiempo si esta ley, que tiene algunas contradicciones, como la posibilidad de autorizar proyectos de desarrollo urbano en áreas protegidas, funciona como se promete. Ya es el momento de enfrentar con decision los problemas de la urbe", dijo Alejandro Calvillo, portavoz de Greenpeace.
En lo principal, la ley contempla sanciones a quienes cometan o se nieguen a reparar daños ecológicos, al que trafique con especies en peligro de extinción, al que arroje o queme residuos en la vía pública y a los conductores que no se sometan a las restricciones de circulación vehicular.
La nueva norma, que según las autoridades complementa sus proyectos ambientales y de crecimiento urbano, parte de la premisa de que quien contamine pague y quien preserve gane. La ley permite además ejercer acciones de denuncia ciudadana contra las empresas o personas que atenten contra el entorno.
A 2.240 metros sobre el nivel del mar y anclada en una zona rodeada de montañas que reduce los vientos, la zona que alberga a la ciudad de México, sufre graves problemas de contaminación atmosférica, producción de basura, desperdicio de agua potable, destrucción de bosques y crecimiento desordenado.
En los últimos 70 años la carga urbana de la capital, donde 80 por ciento de los días del año la calidad de aire es considerada mala, aumentó de 700.000 a 20 millones, mientras su extensión pasó de 75 a 1.400 kilómetros cuadrados.
Con una superficie que representa ahora menos de uno por ciento del territorio nacional, la capital concentra 18 por ciento de la población, 21 por ciento del producto interno bruto, 23 por ciento de la producción industrial, 28 por ciento del comercio y 31 de los servicios financieros.
"La ciudad tiene en la preservación ambiental uno de sus mayores retos, pues existen múltiples factores a controlar, como la densidad poblacional, la concentración industrial y el altísimo consumo de combustibles", dijo la presidenta de la Comisión de Ecología de la Asamblea, Cristina Alcayaga.
Según el Instituto Mexicano de Control de Calidad, en la capital, donde circulan 3,5 millones de automóviles -70 por ciento de los cuales son viejos y contaminantes- menos de 40 por ciento de las industrias cuentan con equipo que procese gases y desechos.
Con la nueva norma probada, quienes no garanticen actividades productivas "limpias" deberán pagar multas e ir a la cárcel, mientras que los que cumplan con las reglas ambientales recibirán reducciones en impuestos e incentivos económicos.
Las autoridades capitalinas señalan que la ley de Medio Ambiente forma parte de su plan para lograr una ciudad "más habitable en el 2000".
Para el Instituto Mexicano de Estudios Sociales, los problemas ambientales de la capital tendrán una solución real sólo cuando mejore la situación económica de la ciudad en particular y del país en general.
Un estudio de ese instituto, realizado con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, indica que 60 por ciento de los habitantes del área metropolitana de la capital son "marginados y proletarios".
Agrega que "poco más de 20 por ciento forma parte de las clases medias y menos de tres por ciento se inscribe en grupos altamente acomodados". Además, dice la investigación, dos de cada cinco familias presentan "un índice sensible de hacinamiento".
Esta realidad, que viene acompañada de la falta de educación, delincuencia, hábitos de consumo antiecológicos e invasiones de zonas verdes, agrava la situación ambiental de la ciudad, opina el Instituto.
En la capital, el déficit de zonas verdes es de 80 por ciento y se desperdicia 25 por ciento de los 63.000 litros de agua potable que cada segundo circulan en la metrópoli. (FIN/IPS/dc/dg/en/96).
