Imágenes de violencia policial contra indocumentados mexicanos en el estado de California, Estados Unidos, recorren el mundo generando protestas, mientras similares o más graves abusos continúan sufriendo en silencio decenas de inmigrantes.
El clima de xenofobia y racismo está en ascenso en Estados Unidos, pues se anima en políticas y políticos que consideran a la inmigración un problema criminal, dijo a IPS José Pérez, director del Centro de Información y Estudios Migratorios de Tijuana, ciudad mexicana situada en la frontera.
De los alrededor de siete u ocho indocumentados que cada hora intentan cruzar la frontera México-Estados Unidos en busca de trabajo o para reunirse con sus familias al menos tres sufren abusos policiales y dos más son maltratados por otras autoridades o por sus futuros patrones, indican grupos humanitarios.
La filmación, este lunes, de la golpiza que sufrieron tres mexicanos en la localidad de Riverside, cuando policías detuvieron un camión en el que escapaban junto a otros 19, vale más que todas las estadísticas. "Ojalá sirva para alentar los reclamos y cambiar algo", señaló Pérez.
En 1995, las autoridades migratorias estadounidenses expulsaron de su territorio a 1,4 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
El gobierno del presidente Ernesto Zedillo protestó por el "evidente abuso de autoridad" de los policías en Riverside y pidió a Washington sanción para los responsables. Grupos humanitarios y de inmigrantes se manifestaron en el mismo sentido.
La reciente agresión contra mexicanos es una más de otras cientos que cada semana se producen sin que nadie lo sepa desde que Washington convirtió a la inmigración ilegal en una amenaza asociada a la criminalidad, sostuvo el director del Centro de Estudios de Tijuana.
Alentados por campañas electorales que reivindican la defensa de las fronteras y por nuevas estrategias policiales de control, la inmigración ilegal es ahora para los estadounidenses una amenaza de desempleo, parasitismo y narcotráfico, sostuvo el experto.
"El gobierno de Estados Unidos está tratando de señalar como criminales a las personas que cruzan la frontera sin documento, haciendo caso omiso de que se trata de trabajadores que van en busca de un ingreso, o de mujeres que van en busca de sus familias", añadió.
Para llegar a Estados Unidos, los indocumentados deben viajar varios días en condiciones infrahumanas, esconderse en zonas marginales y gastar más de 1.000 dólares, en muchos casos los ahorros de toda la vida.
El carácter de ilegales coloca a esas personas en un estado de vulnerabilidad que se presta a toda clase de abusos, señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, organismo estatal que en marzo presentó un informe donde documenta 406 agresiones recientes que sufrieron mexicanos en Estados Unidos.
En ese país "hay un incremento de posturas xenofóbicas y de discriminación racial, así como el resurgimiento de nacionalismos, de tradiciones históricas profundas, de ideologías neofascistas, neorracistas y de supremacía de la raza blanca", indica la Comisión.
Construcción de muros, aumento de agentes, involucramiento de militares en tareas de vigilancia, uso de sofisticados equipos para detectar movimientos nocturnos y apertura de nuevas cárceles en ciudades fronterizas son parte de las estrategias adoptadas por Washington los últimos años para detener la inmigración.
Pérez sostiene que la nueva fase antiinmigrante en Estados Unidos arrancó en octubre de 1994 con la llamada operación Guardián, que trataba de mejorar los controles en la frontera entre Tijuana y San Diego, donde se detiene a 40 por ciento de los indocumentados mexicanos.
La segunda fase habría iniciado en enero con la intervención de militares y el aumento de los controles, la tercera consistirá en un depliegue sin precendentes de patrulleros en toda la frontera y la última se concentraría en perseguir a indocumentados en el interior de Estados Unidos, afirmó.
Dora Meissner, comisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos, advirtó en marzo que Washington no flexibilizará su política contra el ingreso de indocumetados y que levantará, si considera necesario, más muros en zonas de frontera.
Un argumento utilizado en los encendidos discursos de muchos políticos estadounidenses contra la inmigración es que el gobierno gasta más de 1.000 millones de dólares anuales en mantener a los indocumentados, dinero que debería destinarse al desarrollo del país.
Lo que no mencionan los políticos es que los indocumentados son una importante fuerza de trabajo que gasta en Estados Unidos alrededor de 7.000 millones de dólares por año.
California, donde se filmaron las recientes agresiones policiales, es el principal destino de los indocumentados mexicanos. La actividad agrícola en ese estado, que representa un tercio de la productividad global en ese rubro, es impulsada por mano de obra principalmente de origen latino.
Fue en ese estado que en 1994 se aprobó, con el voto de 60 por ciento de la población, la polémica ley 187, ahora suspendida por decisión judicial, que restringe los servicios educativos, sociales y de salud a los inmigrantes ilegales. (FIN/IPS/dc/dg/ip-pr/96).