Todas las circunstancias parecen conjuradas contra Shoko Asahara, el líder religioso que entró hoy a una corte de Tokio acusado de dirigir el ataque con gas nervioso que causó 11 muertes en una estación de tren subterráneo hace un año.
La policía, hábilmente asistida por la prensa japonesa, llevó el caso con cuidado y ya acusó a Asahara ante el público, que en su mayoría lo acepta, desde su arresto en mayo pasado.
Varios de sus otrora leales seguidores en la secta Verdad Suprema admitieron su papel en el ataque mortal, y sus testimonios habilitaron la acusación del líder religioso por 17 delitos, entre ellos homicidio, intento de homicidio, secuestro y producción ilegal de drogas.
Si es hallado culpable por la corte de más de un cargo de asesinato, este gurú medio ciego de 41 años y largos cabellos será sentenciado a muerte en la horca. Encuestas informales abonan la hipótesis de que, en la mente de los japoneses, cuanto más rápido sea sentenciado y ejecutado, mejor.
"No veo ningún sentido a enjuiciar en una corte al diablo. Es un desperdicio de dinero público", dijo Junko Tada, un ama de casa de 42 años. Los sentimientos de Tada parecen reflejar los de la mayoría de los japoneses.
Pero el hecho de que Verdad Suprema, fundada por Asahara en 1987, haya sobrevivido el asedio de la prensa y la policía en los pasados 12 meses indica que, aunque el líder religioso sea condenado, su memoria continuará sobrevolando el país.
La policía informó esta semana que los seguidores de Verdad Suprema, en su mayoría mujeres, continúan distribuyendo panfletos en las estaciones del tren subterráneo de Tokio para proclamar las virtudes del líder arrestado.
Algunos de ellos permanecen como clavados al suelo frente a la cárcel donde Asahara fue confinado, pues desean "recibir energía del gurú".
Asahara, cuyo nombre real es Chizuo Matsumoto, es un experto de yoga que afirma ser la reencarnación de Vishnu, el dios-elefante del hinduismo.
El líder enseñó a sus seguidores que, para alcanzar la salvación, debían estar totalmente consagrados a la fe a través de la donación de sus riquezas a la secta y el trabajo por su expansión.
Y sus adeptos continúan haciéndolo. Ellos afirman que son miles, a pesar de las redadas policiales que permitieron el arresto de 105 personas acusadas por el ataque, por secuestro y por posesión o producción de drogas.
Altos dirigentes de Verdad Suprema ya se confesaron culpables de liberar gas sarín en el tren subterráneo de Tokio. Otros dos admitieron su participación en la preparación del atentado.
Uno de ellos, Yoshihiro Inoue, ex jefe de inteligencia de la secta, atestiguó el mes pasado ante una corte que Asahara le ordenó transportar el gas que causó perjuicios en la salud de más de 3.000 personas.
Otro testigo clave, Kiyohide Hayakawa, supuestamente confesó haber estrangulado a un abogado contratado por padres de integrantes de la secta para acusar a Asahara de seducir con falsedades a sus hijos.
La esposa del abogado y su hijo también fueron asesinados brutalmente, de acuerdo con los informes policiales que trascendieron a la prensa. Asahara enfrentará acusaciones separadas por estos homicidios.
Se prevé que los doce abogados defensores de Asahara intentarán prolongar el juicio. Mientras tanto, la acusación promete contundencia y el público reclama un proceso rápido.
El gobierno de Japón, por su parte, no parece dispuesto a ceder a las presiones de grupos de derechos humanos que reclaman la supresión de la pena de muerte mientras dure el juicio.
"No hay duda de que este caso supuso un duro golpe a nuestra lucha por mejoras a los derechos humanos", dijo Akiko Takada, conductor del Foro contra la Pena de Muerte, un grupo cívico de 5.500 integrantes, entre ellos abogados y académicos.
La profunda aversión del público a la secta Verdad Suprema dio a las autoridades una excusa para ampliar sus poderes a expensas de los derechos humanos básicos, según Takada.
La organización Amnistía Internacional afirmó que en Japón existe mayor margen de error en la determinación de sentencias de muerte que en otros países industrializados.
Los activistas afirman que la pena capital en este país asiático se lleva a cabo en forma inhumana. El prisionero no sabe la fecha de la ejecución. El guardia golpea la puerta, toma al sentenciado a un cuarto pequeño con un altar budista y le ofrece su última comida.
El Ministerio de Justicia tampoco informa a los familiares hasta después de la ejecución.
Activistas de derechos humanos sostienen que los veredictos de culpabilidad responden en su mayoría a confesiones tomadas con el prisionero en custodia policial. Los abogados defensores alegan frecuentemente la existencia de apremios ilegales.
La ley de Japón permite interrogatorios sospechosos en unidades policiales durante 21 días sin presencia de sus abogados. (FIN/IPS/tra-en/sk/cpg/mj/ip hd/96)
