Colombia y Venezuela reactivarán en pocas semanas 45 áreas de trabajo entre sus gobiernos, incluída la cooperación frente a incidentes de frontera que crisparon las relaciones en los últimos 14 meses, anunciaron sus cancillerías.
Los vicecancilleres Diego Cardona (Colombia) y Milos Alcalay (Venezuela) pasaron revista a la mitad de esa agenda el jueves en Caracas y acordaron efectuar la tercera semana de junio la "gran reunión binacional" pospuesta varias veces desde diciembre.
En ese encuentro confluirán cancilleres, ministros de Defensa, embajadores, comisiones de integración y de asuntos fronterizos que ambos Estados mantienen desde 1989, y los gobernadores de las regiones de frontera.
Quizá entre otros dos vecinos una "gran binacional" sea una reunión rutinaria, pero entre Bogotá y Caracas se trata de un esfuerzo por desmontar, con abundantes compromisos en muchos temas, contrastes y fricciones que también abundan.
Empresarios de ambos países se frotan las manos porque el comercio bilateral se ha quintuplicado en cinco años y pasa de 2.000 millones de dólares anuales, pero el flanco diplomático de esa integración se resiente con altibajos.
Colombia y Venezuela hacen de locomotora del Pacto Andino, que también asocia a Bolivia, Ecuador y Perú, pactaron con México un Grupo de los Tres, se proponen como bisagra de la integración regional y sus posiciones coinciden en los principales foros políticos y económicos internacionales.
Ese entendimiento moderno todavía no borra que se hayan mirado a la vez como hermanas y rivales durante siglo y medio, desde que en 1830 se separaron de la "Gran Colombia" que existió durante 10 años bajo el mando del libertador común, Simón Bolívar.
Siempre han dirimido sus conflictos con arbitrajes y negociaciones, pero durante años sus militares estudiaron la posibilidad de una guerra con el país de al lado como una de sus hipótesis de conflicto exterior, y observaron el armamento del vecino al decidir cómo pertrecharse.
Ahora sus diplomáticos, y lo reiteraron Cardona y Alcalay, destacan la alegría de sus gobiernos cuando el ejército del otro país se acerca a la frontera y, aún más, Venezuela lo reclama.
Ello se debe a que la frontera, de 2.219 kilómetros, es escenario de acciones de la guerrilla, de narcotraficantes, secuestradores, abigeos, contrabandistas, ladrones de vehículos y otros delincuentes, además de migraciones ilegales y depredación ambiental.
En febrero de 1995, guerrilleros colombianos atacaron un puesto fluvial venezolano y mataron ocho infantes de marina. Venezuela replicó deportando en marzo más de 1.500 colonos ilegalmente asentados en la noroccidental Sierra de Perijá.
En octubre, Colombia acusó a Venezuela por una incursión de la militar Guardia Nacional al sur de Perijá, y autoridades municipales colombianas dijeron que un campesino murió y fue decapitado en el marco de la incursión.
En diciembre se habría producido otra incursión, esta vez sin víctimas, y en lo que va de 1996 han muerto varios guardias nacionales de Venezuela e irregulares colombianos en distintos enfrentamientos.
Los cancilleres, Rodrigo Pardo (Colombia) y Miguel Angel Burelli (Venezuela) debieron reunirse desde enero, pero lo impidió el cruce de acusaciones con reparto de culpas por los incidentes de frontera.
Se agregó la crisis política de Colombia, uno de cuyos protagonistas es Pardo, colaborador del presidente Ernesto Samper durante la campaña electoral de 1994, parcialmente financiada con dinero del narcotráfico según la fiscalía colombiana.
Tampoco hubo acuerdo para reunir a los ministros de Defensa, y entretanto hacen cola reuniones pendientes de los ministros del Ambiente, de Justicia, de comisiones mixtas contra el narcotráfico y para procurar la devolución a Venezuela de vehículos y aeronaves robados y llevados a Colombia.
Los vicecancilleres decidieron entonces revisar los temas pendientes, una agenda de 45 puntos, de los cuales la reunión del jueves sólo estudió la mitad, aunque volverán a encontrarse para examinar el resto antes de la "gran binacional".
Cardona dijo que la cancillería colombiana entregó a su similar venezolana un inventario de los incidentes de frontera de los últimos meses, buscando identificar en cuáles áreas son más frecuentes y cuál es la cooperación posible frente a ellos.
Alcalay y Cardona negaron de plano que esa cooperación frente a incidentes comporte ocultar situaciones críticas como por ejemplo violaciones a los derechos humanos.
Luego del incidente de octubre, donde murió el campesino Julio Paternina -presunto cultivador de droga según algunas versiones-, Alcalay y Cardona visitaron la zona del incidente y convinieron en esperar investigaciones judiciales sobre el caso.
Este jueves dijeron en rueda de prensa que "no sabemos quién mató a Paternina. Si lo supiéramos, ya lo hubiéramos dicho", para subrayar lo que Alcalay llamó "compromiso de promover los derechos humanos y prevenir que no sean violados".
Agregó que el tema se incluyó en una reunión que ambos vicecancileres sostuvieron con el ministro de Defensa de Venezuela, el general Moisés Orozco.
Los incidentes en la frontera, dijeron finalmente, también ocurren porque está insuficientemente demarcada y, aún donde hay demarcación, los hitos no son suficientes.
"Hay también problemas de presupuesto", dijo Cardona, al recordar que cada hito cuesta 3.000 dólares (1.500 a cada país), "pero son problemas operativos de las comisiones demarcadoras. La voluntad política existe", concluyó. (FIN/IPS/hm/jc/ip/96)
