La utilización de los niños en los conflictos armados se convirtió en una frecuente práctica internacional que varía de acuerdo con el carácter del enfrentamiento, denunciaron expertos reunidos en esta capital.
Blanco de ataques genocidas, de estrategias para desmoralizar a sus comunidades, o reclutados por las partes del conflicto, en el último decenio murieron en el mundo 1,5 millones de niños, más de cuatro millones quedaron discapacitados y cinco millones sufren las consecuencias del desplazamiento forzozo.
Graca Machel, funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas, considera que estas cifras, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) indican que "en muchas partes del mundo" las violaciones de los derechos del niño se han convertido en "actos sistemáticos, rutinarios y aceptados".
La experta presidió en la capital de Colombia la Consulta Regional Para América Latina y el Caribe sobre el Impacto de los Conflictos armados en la Infancia, celebrada en la tercera semana de abril.
La colocación de minas en El Salvador, el embargo económico en Haití, los desplazados de Guatemala y Perú o los "ninos guerrilleros" de Colombia, han sido las prácticas violatorias más conocidas en la región en éste decenio, señaló.
No obstante, algunas de estas prácticas han tenido un final positivo, en el que han jugado un papel importante los compromisos asumidos por las partes en conflicto, los gobiernos y la sociedad civil.
El ejémplo más exitoso, presentado en la Consulta Regional realizada en Bogotá, fue el Proyecto de Desminado de El Salvador, logrado tras la firma de los acuerdos de paz con el Frente Farabundo Nartí para la Liberación Nacional (FMLN).
El proyecto consistía en identificar para posteriomente desactivar más de 10.000 minas en siete de los 14 departamentos del país, que impedían el libre desplazamiento en cerca de 438 kilómetros cuadrados, en una acción conjunta de los ex combatientes del FMLN y el ejército salvadoreño.
Según Roberto Giralt, capitán del ejercito salvadoreño, el sembrado de "minas 'quiebrapatas' en una guerra de guerrillas afecta mayoritariamente a la población civil" y en especial a los menores, porque al retirarse las fuerzas beligerantes estos artefactos quedan y al explotar siguen cobrando víctimas.
El principal obstáculo para realizar ésta tarea "se centraba para los ex guerrilleros en el hecho de tener que compartir esta labor con el que había sido nuestro enemigo (el ejército) por más de 25 años", dijo el ex comandante del FMLN Raúl Mijango.
La labor de demarcación se realizó, se identificaron 425 campos minados y con la financiación del gobierno se contrataron equipos con los que a principios de 1993 se inició el programa de limpieza que dio como resultadom la desactivación de 97 por ciento de los campos minados.
Del otro lado del escenario, uno de los casos más dramáticos lo constituye el de los niños que en Colombia han tenido que cambiar los lápices por los fusiles.
En particular, conmovió a la opinión pública el caso que el 17 de enero pasaron los noticieros de televisión con la imágen de un niño campesino, de 14 años, de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias (FARC), herido en un combate con el ejército.
Según la fundación Sobrevir, que atiende a personas afectadas por la guerrilla, la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) con al menos 14.000 combatientes, tiene en sus filas 3.000 menores de edad, niños y niñas.
Estos casos "son censurables desde todo punto de vista, pero es igualmente reprochable que los medios de comunicación y las Fuerzas Militares los utilicen" para señalar a "la guerrilla como la única violadora del Derecho Internacional Humanitario", dijo el investigador Diego Pérez.
Pérez, del Centro de Educación y Cultura Popular (CINEP), el reclutamiento de menores por parte de grupos armados está influenciado por factores "estructurales, de tipo económico, social y político del conflicto" y no es un caso reciente.
Varios estudios históricos señalan que a comienzos de siglo en las guerras civiles los niños actuaron como soldados del ejército y también como guerrilleros, unos en compañía de sus padres y otros inducidos por el fervor político.
"Niños de entre 10 y 17 años sirvieron como ordenanzas, espías, informadores, mensajeros y combatientes" y se les aplicaban "los mismos castigos que a los adultos", dijo Pérez a IPS.
Sin embargo, la gravedad de la violencia se refleja también dramáticamente en las cifras de 1995 entregadas por la Defensoría del Pueblo.
Según el informe del Defensor del Pueblo de Colombia, Jaime Córdova, de cerca de 30.000 asesinatos ocurridos el año pasado, cuatro por ciento correspondieron a menores de edad víctimas de la violencia política, que también constituyeron 72 por ciento de los 600.000 desplazados por el conflicto armado. (FIN/IPS/yf/ag/pr/96)
