Organizaciones no gubernamentales haitianas están reexaminando la senda recorrida en el pasado por Bolivia, porque esta nación caribeña adoptó a su similar andina como guía para zambullirse en la libre economía de mercado.
"El último conejo extraído de la galera fué una reacción a las presiones de las instituciones financieras internacionales", declaró Jonathan Pitts, de la Plataforma Haitiana para Desarrollo Alternativo (PAPDA), refiriéndose a los hechos más recientes referidos a la privatización de empresas estatales por el gobierno.
El presidente René Preval ha anunciado el interés de su gobierno en usar el modelo boliviano de privatización, en tanto Haití se dispone a adoptar políticas determinadas por sus acreedores basados en Washington, incluídos el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El modelo boliviano de "capitalización", fué una forma de privatización llevada a cabo por el presidente Gonzalo Sanchez Lozado, quién patrocinó el llamado "Plan de Todos" a partir de su campaña electoral de 1993.
Sin embargo, hubo en Bolivia, desde entonces, demostraciones y huelgas para protestar por la política económica oficial.
Según la mayoría de los planes de privatización, los beneficios por la venta de las empresas públicas van directamente a la tesorería del Estado. Sin embargo, esto no se aplicó en Bolivia, que es el país sudamericano más pobre.
Bajo el modelo boliviano, los inversores privados pudieron adquirir el 50 por ciento de las acciones de una empresa publica y lograr su control administrativo, pero el dinero de la venta no fué a la tesorería sino quedó en la empresa, con la condición de que financie futuras inversiones.
"Este modo de privatización puede mitigar algunas de las dudas populares acerca de las privatizaciones con el esquema de compra- venta", apuntó "Viewpoint", la publicación del Banco Mundial, en su número de noviembre de 1994.
"Dejando los fondos en la compañía se ayuda a resolver la falta de liquidez para capital laboral e inversiones que comúnmente afectan los esquemas de participación popular en Europa Oriental", indicó "Viewpoint".
Añadió que el enfoque boliviano daría mejor resultado en casos que el gobierno esté en condiciones de hacer a menos los procedimientos directos de venta, en que la participación popular puede evitar reveses políticos y donde el sector requiere mayores inversiones.
Sin embargo, las ONG apuntaron que el gobierno haitiano no obtendré beneficios sobre las ventas, una pérdida que el país más pobre del hemisferio no puede permitirse. Agregaron que no existen medidas obvias para salvaguardar los intereses de la gente cuando el desempleo ya alcanza el 70 por ciento.
"¿Quién tutela los intereses de la gente?", demandó Lisa McGowan, de Development-GAP, una ONG basada en Washington. Arguyó que las cuentas del gobierno no obtendrán ningún dinero y, a su vez, "las compañías (adquirentes) no comprarán deudas, solo inversiones futuras que puedan controlar".
Las amplias reformas económicas en Bolivia, que incluyeron privatizaciones, provocaron una fuerte oposición. El año pasado, el gobierno comenzó a despojarse de estaciones eléctricas, ferrocarriles, la compañía telefónica y la principal línea aérea.
Conservó el 50 por ciento de las acciones mientras los inversores obtuvieron el resto, además del control administrativo. El gobierno ahora está por transferir sus acciones a un fondo de pensiones para beneficiar a bolivianos mayores de 18 años.
Sin embargo grupos no gobernamentales dijeron que todavía no estaba claro como iba a funcionar ese fondo de pensiones. Un observador señaló con sarcasmo que "los bolivianos obtendrán el dinero de la pensión a los 65 años… ¡cuando sus expectativas de vida son de 61!".
En el caso de Haití, el 50 por ciento de los beneficios de las ventas de empresas públicas, que será destinado a la gente, se dividirá en dos: la mitad a los empleadores y el resto a las 135 comunas haitianas que actúan a nivel de gobiernos municipales.
Algunos funcionarios previnieron que las empresas que serán vendidas, incluyendo el molino harinero y la planta de cemento, en general pierden dinero. Privatizarlas provocará pérdidas adicionales al gobierno, agregaron.
Grupos no gubernamentales señalaron que el esquema de privatización por capitalización solo podrá tener éxito si asegura que los beneficios llegarán a la gente a través de las municipalidades, especialmente a la luz de los perjuicios sufridos por las instituciones haitianas debido a los perennes golpes de estado y sus regímenes represivos.
La comunidad financiera internacional ha estado empujando a Haití hacia la privatización desde que las tropas estadounidenses repusieron en el poder al exilado presidente Jean-Bertrand Aristide en octubre de 1994. Sin embargo, estallaron protestas populares contra las reformas y la administración de Aristide se mostró reluctante en continuar su implementación.
El nuevo gobierno del presidente Preval, que asumió el mando en febrero, ha asegurado a los donantes internacionales que continuará con las reformas programadas.
La Corporación Financiera Internacional (FIC), la filial del Banco Mundial encargada de privatizaciones, ha realizado estudios sobre compañías estatales, incluyendo los sistemas de teléfonos y electricidad, el molino harinero, la planta de cemento, la estación marítima y el aeropuerto en Puerto Príncipe, para determinar si era posible ponerlos en manos privadas.
Un equipo del FMI y el Banco Mundial llegó a Haití el 15 de abril para realizar un mes de negociaciones con el gobierno haitiano sobre privatizaciones y ajustes estructurales. Está previsto que el gobierno de Preval firme acuerdos con esas instituciones al término de la visita. (FIN/IPS/tra- en/jl/yjc/ego/if).
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