El acorralado gobierno de Haití tuvo esta semana un suspiro de alivio, tras el arresto de tres ex oficiales refugiados en República Dominicana, pero la presión sigue subiendo.
Aparte de vigilar a los conspiradores exiliados en el país vecino, el gobierno intenta al mismo tiempo calmar la oposición interna a la privatización de empresas estatales y tranquilizar al Congreso de Estados Unidos acerca de los derechos humanos.
Una comisión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) inició el lunes una inspección al país para determinar los alcances del preacordado programa de ajuste estructural de la economía.
El programa de ajuste, que incluye la privatización de las nueve grandes empresas estatales, provocó una ola de rechazo en Haití, que el gobierno del presidente René Préval trata de aliviar con giros técnicos y diálogo directo.
El ambiente de Puerto Príncipe está cargado de tensión, con infinitos e inmanejables rumores.
El portavoz de la embajada de Estados Unidos, Stanley Schrager, sumó su propio grano de arena el martes, al anunciar que Washington había decidido suspender un programa de ayuda por 44 millones de dólares.
Según Schrager, la suspensión se debía a que Puerto Príncipe no había respondido adecuadamente a las demandas del Congreso estadounidense de investigar presuntos asesinatos políticos ocurridos tras el regreso de Jean Bertrand Aristide a la presidencia, en octubre de 1994.
La medida, comentó Schrager a la prensa, "no es el fin del mundo", porque no cortaría la asistencia a los sectores educación, salud y alimentación.
El gobierno haitiano, tras consultar con el Departamnento de Estado, inmediatamente desmintió la version, pero sin mucho éxito periodístico, lo que aumentó la indignacion oficial contra Schrager, quien al parecer decidió guardar silencio.
Una unidad especial compuesta por juristas estadounidenses, policias haitianos y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra investigando las denuncias de asesinato de 20 oponentes de Aristide, que motivaron el congelamiento del plan de ayuda humanitaria norteamericana a Haiti.
Funcionarios haitianos e internacionales suelen contrastar con sorna la preocupación de los congresistas republicanos de Estados Unidos por los derechos humanos en Haití durante la presidencia de Aristide, y su aparente desinterés por los abusos cometidos durante la dictadura militar del general Raoul Cedras (1990-94).
Unas 3.000 personas fueron muertas por las fuerzas militares y otros grupos armados durante el régimen dictatorial.
Todos los líderes del régimen militar escaparon del país tras la invasión norteamericana de 1994 y la mayor parte se refugió en la vecina República Dominicana, donde maniobraban hasta ahora abiertamente para su retorno al poder.
Las fuerzas norteamericanas, después reemplazadas por las ONU, desmantelaron el Ejército haitiano, que cumplía tambien las funciones policiales.
Los ex oficiales arrestados en Santo Domingo, de sanguinario registro, serán deportados a Honduras en los próximos días por el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, por usar el territorio dominicano para "desestabilizar la situación en Haití", dijo un vocero militar de ese país.
El ex coronel y ex alcalde de Puerto Príncipe, Franck Romain, el ex jefe de la policía haitiana, Michel Francois, y el ex coronel Michel Kebreau serán expulsados en los próximos días, probablemente a Honduras.
Un cuarto personaje, el ex general y ex miembro del Consejo Nacional de Gobierno formado en 1986, Williams Regala, esta siendo buscado por las autoridades dominicanas, según informó la Agencia Haitiana de Prensa.
Un quinto candidato a la deportación es el ex general Henry Namphy, que encabezó el llamado Consejo Nacional de Gobierno en 1986, tras la partida de Jean Claude Duvalier, heredero de la dictadura dinástica instaurada por Francois Duvalier en 1957.
Las actividades de los exiliados jefes de la dictadura militar constituyen un severo dolor de cabeza para el gobierno democrático haitiano, que no cuenta con una fuerza militar propia para defenderse.
Fuentes del gobierno haitiano dijeron que sería preferible traer a los ex militares a Haití y someterlos a proceso por sus crímenes contra los derechos humanos, según los casos atestiguados por la Mision Civil Internacional conjunta de la ONU y la Organizacion de Estados Americanos. (FIN/IPS/ak/ag/ip/96)
