El primer ministro de Haití, Rosny Smarth, anunció hoy que la mayor parte de las empresas estatales será privatizada sólo parcialmente, sobre la base de «joint ventures» con capitales privados.
Las empresas se encuentran «totalmente descapitalizadas» y la partición de su propiedad es la única forma de acumular recursos para modernizarlas, dijo Smarth a la prensa, en un balance de su primer mes de gestión.
Según fuentes oficiales, el gobierno se propone negociar con los organismos financieros internacionales mecanismos de inversión privada en las empresas estatales, en que el Estado y los trabajadores mantengan una participación decisiva.
Estos mecanismos, aún no definidos, reservarían para el Estado una participación máxima de 50 por ciento de las acciones de las nueve empresas destinadas a ser privatizadas, entre ellas las de cemento, harina, puertos y aeropuertos, dijeron las fuentes.
Las empresas de electricidad y telecomunicaciones no serán incluídas en la primera etapa, agregaron.
Una delegación conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) llegará a Haití el día 15 para negociar con el gobierno la aplicación de un programa de ajuste estructural de la economía.
La consecución de un acuerdo con el FMI es crucial para la obtención de los créditos necesarios para financiar el déficit fiscal, de unos 160 millones de dólares.
El presidente René Préval se encuentra atrapado entre fuerzas opuestas: por una parte los organismos internacionales demandan una rápida privatización, mientras los sindicatos y la base social de apoyo del gobierno se oponen tenazmente.
Durante una visita a Washington, a fines de marzo, Préval anunció la rápida venta de las empresas estatales, lo que causó sorpresa y críticas en el país, pese a que el tema está planteado desde la presidencia de Jean Bertrand Aristide.
Aristide ha evitado pronunciarse directamente sobre este punto, pero precisó a través de un vocero que es partidario de un «diálogo nacional» para resolverlo.
Simultáneamente, la Fundación Aristide por la Democracia sostuvo la semana pasada un encuentro -sin la presencia física del ex presidente- de tres días en la que más de 90 organizaciones sindicales y sociales se pronunciaron contra el ajuste estructural propuesto por el FMI.
Smarth insistió este lunes en que Haití es «un país soberano» y que las negociaciones con los organismos financieros se establecen sobre esa base y no sobre imposiciones.
El gobierno ha reaccionando con molestia ante los despachos de prensa en los que el país aparece como un instrumento dócil de los organismos financieros, debido a su fuerte dependencia de la ayuda externa.
Smarth subrayó que la principal razón de las privatizaciones es la necesidad de modernizar la economía y ponerla en un nivel competitivo internacional. (FIN/IPS/ak/dg/ip-if/96)
