El presidente de Guatemala, Alvaro Arzú, cumple hoy sus primeros 100 días en el gobierno, y amplios sectores coinciden en que su mayor éxito ha sido en el campo de la paz, con un posible un acuerdo definitivo en este año.
Arzú asumió la presidencia el 14 de enero tras una reñida segunda ronda electoral, en la que el Partido de Avanzada Nacional superó por un escaso márgen de 2,4 por ciento al también derechista Frente Republicano Guatemalteco, del ex dictador Efraín Ríos Montt.
El nuevo gobierno encontró una situación realmente caótica, con una violencia descontrolada, un alto déficit presupuestario, emplazamientos de los sindicatos estatales y un proceso de paz estancado desde hacía ocho meses.
A esto se suman los indicadores socioeconómicos que sitúan a Guatemala como uno de los países con menos desarrollo en la región, con una elevada pobreza que alcanza a 80 por ciento de la población.
En la seguridad ciudadana, el tema de la paz y la gobernabilidad, las tres grandes prioridades del gobierno de Arzú, se obtuvieron éxitos parciales, según Juan Quiñónez, del Centro de Atención Legal de Derechos Humanos (CALDH).
En materia de seguridad, se iniciaron esfuerzos de depuración en la Policía Nacional y en el Ejército. Arzú ordenó más de 200 cambios, que incluyeron el retiro de cinco generales, y autorizó las investigaciones de oficiales involucrados en hechos delictivos.
El Ministro de Gobernación (Interior), Rodolfo Mendoza, destituyó a 118 policías, fundamentalmente por corrupción y violación de los derechos humanos.
Según Quiñónez, la depuración de la policía no siguió los procedimientos establecidos, sino que se hizo en base a informes de las oficinas de derechos humanos y ahora tienen problemas para demostrar que los despidos fueron justificados, por lo que un juzgado de trabajo demanda la restitución de varios de efectivos.
En cuanto al diálogo de paz iniciado hace cinco años para poner fin a casi 36 años de conflicto armado interno, que habían avanzado muy lentamente, el nuevo gobierno le dio un fuerte impulso mediante reuniones informales con la guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
El mayor logro en este campo se produjo el 20 de marzo, cuando la URNG decidió un cese al fuego temporal inmediatamente correspondido por el gobierno, ordenando al ejército el cese de operaciones contrainsurgentes, que se mantiene hasta el presente.
Ya se habla incluso de una posible firma de la paz el 16 de septiembre, fecha en que se celebra la independencia de Guatemala.
Sin embargo, aún están pendintes de acuerdo complejos aspectos socioeconómicos y la cuestión agraria, que lleva casi un año discutiéndose y es considerado el punto más complicado del diálogo de paz.
Las organizaciones populares reconocen también que el gobierno de Arzú ha logrado avances importantes en el diálogo de paz, pero critican el secreto que rodea a las negociaciones.
En cuanto a la búsqueda de grados mínimos de gobernabilidad que eviten estallidos sociales, Quiñónez afirmó que el gobierno ha mostrado habilidad para negociar con los sindicatos del Estado para evitar huelgas y también para controlar alzas en el transporte urbano.
Sin embargo, el gobierno se ha negado a negociar con las organizaciones campesinas sobre las invasiones de tierras que vienen ocurriendo cada vez con mayor frecuencia, añadió.
El diputado Antonio Móbil, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, destacó entre los aciertos del gobierno en estos 100 días los avances en el proceso de paz, que atribuyó al canciller Eduardo Stein y al Coordinador de la gubernamental Comisión de Paz, Gustavo Porras, ambos de pasado izquierdista.
Entre los fracasos, Móbil señalo la seguridad interna, porque "la violencia y criminalidad continúan".
En el área de la economía y las finanzas, la situación es crítica, ya que al asumir Arzú recibió deudas y las arcas vacías, por lo que se contempla un impuesto extraordinario que ha causado descontento en el sector empresarial.
Los empresarios también desearían que se avance en la privatización y venta de activos del Estado, pero el gobierno es muy cauteloso en este punto para no inquietar a los sindicatos y prefiere hablar de desmonopolización o "traslado a la sociedad civil de la facultad de ofrecer bienes y servicios".
Esta medida, prevista a mediano plazo, se suma a la de una posible reforma al código tributario y la creación de la figura del delito fiscal. (FIN/IPS/cz/ag/ip/96)
