Tras varios ajusticiamientos de supuestos delincuentes en este año por turbas que reclaman justicia en diferentes lugares de Guatemala, las opiniones se encuentran divididas entre quienes justifican los hechos y los que creen que se trata de grupos desestabilizadores.
En marzo pasado, se produjeron varios casos de asesinatos de delincuentes por particulares que luego prendieron fuego a los cadáveres ante una multitud que se limitó a observar.
El 22 de ese mes, en Nueva Concepción, en el sureño departamento de Escuintla, un grupo de vecinos desarmó a cuatro agentes, sacó de la subestación policial de la localidad a dos personas a quienes acusaban de participar en secuestros y les dieron muerte.
Cuando los cadáveres eran trasladados a la morgue, los vecinos persiguieron y alcanzaron al vehículo que los transportaba, quemando los cuerpos de los secuestradores.
"Deseamos dar un ejemplo a los delincuentes de que ya no estamos dispuestos a soportarlos más", afirmaron.
La policía no actuó ni detuvo a los vengadores, aduciendo la superioridad numérica de los atacantes.
Otro caso se dio en las inmediaciones de la iglesia El Calvario, en el centro de la capital, cuando un hombre fue sorprendido robando en la parroquia. Los "fieles" lo sacaron, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Auxiliado por bomberos, el hombre sufrió gravísimas quemaduras.
Juan Quiñónez, del Centro de Atención Legal de Derechos Humanos (CALDH), dijo a IPS que si bien es entendible que la población esté desesperada porque no hay una administración de justicia eficiente, muchos de estos actos son provocados con el fin de crear un sentimiento de ingobernabilidad.
Los sectores que operan en ese sentido desean que en Guatemala se promulgue una ley semejante a la adoptada en El Salvador, que prevé penas de hasta 30 años de prisión para jóvenes de 14 años implicados en actos delictivos.
A su vez el obispo Próspero Penados observó que "es como si algún grupo estuviera organizado para que haya más secuestros, más robos de vehículos y más violencia, en un afán de desestabilizar al gobierno. Es como si detrás hubiera una fuerza que empuja".
Quiñónez opinó que los delincuentes que son capturados deben ser procesados y condenados. La población no tiene derecho a tomar justicia por mano propia y cuando lo hace el Estado debería intervenir, pero hasta el momento no lo ha hecho ni una sola vez, señaló. "Eso llama la atención" agregó.
También Nineth Montenegro, diputada del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, sostuvo esa tesis.
"Me ha sorprendido que la gente salga con su tambito de gasolina, dispuesta a prender fuego al que sorprenda robando. Esto no es normal y creo que existen grupos interesados en desestabilizar", señaló.
Para Erick Bolaños, presidente de la organización Democracia y Desarrollo, los hechos de violencia que han degenerado en asesinatos brutales reflejan el hartazgo de la población ante la ineficiencia de los organismos encargados de velar por la seguridad ciudadana.
El diputado Pablo Duarte, del derechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dijo que "la Policía tiene que actuar con dureza si es necesario para frenar" a los ciudadanos que se toma justicia por mano propia.
Mientras los linchamientos se vuelven cada vez más frecuentes, y todos los días se conocen nuevos casos, las autoridades no hanm difundido aún ninguna iniciativa para frenarlos y castigar a los responsables. (IN/IPS/cz/dg/ip-pr/96)
