Una investigación dispuesta por el gobierno de Bill Clinton develará, según lo previsto, antes de julio vinculaciones entre funcionarios de agencias de Estados Unidos y graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala.
Diana Ortiz pregunta desde hace seis años quién es Alejandro. Esta monja ursulina de 37 años afirma que la esquiva respuesta acabará con su pesadilla personal y cerrará heridas abiertas en la guerra civil de Guatemala, en la que militares mataron a miles de personas, en su mayoría indígenas mayas.
Su búsqueda sin concesiones la llevó a un parque frente a la Casa Blanca, en Washington, donde comenzó el 31 de marzo una "vigilia por la verdad" que prometió mantener hasta que el gobierno de Clinton conteste a su pregunta.
En noviembre de 1989, integrantes de un "escuadrón de la muerte" secuestró a la monja de un retiro religioso y la condujo a una prisión clandestina en la ciudad de Guatemala, donde fue reiteradamente violada y torturada.
Fue en ese centro de detención que ella conoció a "Alejandro", un hombre que, según su relato, hablaba inglés con acento estadounidense y a quien sus torturadores llamaban "jefe".
Un día, mientras la sometían a apremios, los guatemaltecos invitaron a Alejandro a "divertirse un poco". El, de inmediato, interrumpió la sesión de tortura. Entonces les dijo que habían confundido a su víctima y debieron haber detenido y atormentado a otra mujer.
El "salvador" de Ortiz, de quien ella sospecha integraba la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), se ofreció a llevarla a un refugio seguro (la embajada de su país), pero la religiosa saltó del vehículo en la primer frenada, pues resultó obvio que tenía otras intenciones.
Los investigadores de Washington llevan meses comprobando las torturas y asesinatos en Guatemala denunciados por Ortiz y otros. Un grupo que depende de la presidencia, la Junta de Vigilancia de Inteligencia, difundirá los resultados de estas pesquisas en la primavera boreal.
La junta investigó denuncias contra altos funcionarios del gobierno de Guatemala, entre ellos personas a sueldo de la CIA, acusados de ayudar en el encubrimiento de los culpables del asesinato de Michael DeVine, un estadounidense que trabajaba en un hotel, en 1990.
Otros informes involucraron también a altos funcionarios militares en la desaparición y supuesto asesinato del guerrillero guatemalteco Efrain Bamaca, visto por última vez en julio de 1992.
Representantes de Washington se reunieron con la esposa de Bamaca, la abogada estadounidense Jennifer Harbury, y discutieron su caso con funcionarios del gobierno de Guatemala. Pero después se supo que no brindaron a la mujer toda la información de la que disponían sobre el destino de su marido.
Un documento del Departamento de Defensa al que se levantó la condición de secreto por una gestión judicial de Harbury reveló que funcionarios del gobierno de Estados Unidos sabían que Bamaca fue asesinado alrededor de septiembre de 1993 en una acción clandestina del ejército.
Harbury no difundió lo que sabía hasta que el año pasado el diputado del Partido Demócrata Robert Torricelli afirmó en una carta que dirigió a Clinton que Bamaca fue torturado y asesinado por el ejército de Guatemala, aparentemente con la participación de un informante a sueldo de la CIA.
Además, Torricelli dijo que el coronel guatemalteco Julio Alpírez, quien también recibía dinero de la agencia, estuvo involucrado en la muerte de DeVine.
"Revelaciones posteriores dejaron en claro que la CIA entregó millones de dólares a unidades de inteligencia de Guatemala notoriamente violentas, aun después de que el gobierno de George Bush cortó la asistencia militar y las ventas de armas", según el grupo Human Rights Watch, de Nueva York.
El director de la CIA, John Deutch, anunció en septiembre acciones sin precedentes contra 11 funcionarios de la agencia vinculados con las denuncias. Entre los sancionados se contó el jefe de la División de América Latina del Directorio de Operaciones, que fue despedido.
Harbury dijo que era fundamental para la paz y la reconciliación en Guatemala la identificación de Alejandro, en el caso de Ortiz, pero también "de todos los Alejandros", pues hasta el momento "no existe caso alguno que pueda romper el círculo de la impunidad".
La abogada recordó que todavía no se develó oficialmente la identidad de "ninguno de los autores intelectuales" de los cientos de miles de casos de tortura ocurridos en Guatemala. En consecuencia, tampoco hubo acusaciones o juicios. "Quitaron de en medio, literalmente, 200.000 asesinatos", dijo.
Ortiz sostuvo que funcionarios diplomáticos de Guatemala y de Estados Unidos difundieron rumores en el sentido de que su secuestro y tortura fue "resultado de un historia de amor entre lesbianas que acabó mal".
La religiosa afirmó que deseaba "perdonar" a sus torturadores, pero acotó que no podrá hacerlo hasta saber quiénes fueron.
"Igual que el pueblo de Guatemala, quiero liberarme de estos recuerdos, salir de esta pesadilla y de este cuarto con Alejandro y mis torturadores", dijo Ortiz a varios cientos de simpatizantes que concurrieron al parque Lafayette, en Washington, cuando inauguró su vigilia.
"Esperé la verdad más de seis años. No puedo tolerar más este silencio", agregó la monja, para quien la omisión del gobierno de Estados Unidos en ese sentido era "una forma de tortura psicológica".
En contestación a una carta suya, Clinton le pidió que esperara a que la Junta de Vigilancia de Inteligencia concluyera sus investigaciones. "Me remuerde profundamente su sufrimiento y le ofrezco mi más sincera solidaridad", anotó el mandatario.
"Comprendo que es importante que se realice una investigación exhaustiva, pero no entiendo por qué no me dicen lo que pasa", replicó Ortiz.
Harbury acusó en una corte federal de Estados Unidos a funcionarios de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado y otros organismos de haber violado sus derechos cívicos al ocultarle información sobre la muerte de su esposo.
Mientras Harbury espera que la querella concluya (lo que, según sus propias estimaciones, demoraría 15 años), su abogado, José Pertierra, espera que una investigación del gobierno determine las responsabilidades del atentado con bomba que en enero convirtió su automóvil en chatarra.
Pertierra, quien también representa a Ortiz, dijo que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) le informaron esta semana que tenían pistas que conducían a Guatemala.
Aunque reconoció que "entre las pistas y las evidencias exista a veces una gran distancia", el abogado dijo confiar en que el FBI "encontrará a alguien", en una demostración del mismo espíritu de eterno optimismo que exhibe Ortiz. (FIN/IPS/tra- en/pz/yjc/mj/hd ip/96)
