América Latina se situó esta semana más cerca de Europa que de Estados Unidos, encontrando un aliado para un giro radical en la visión de la lucha antidrogas y estrechar las relaciones comerciales, de inversión y cooperación.
Ese resultado y mensajes para ser leídos "entre líneas" dejó la Sexta Reunión Institucionalizada de cancilleres del Grupo de Río y la Unión Europea (UE) que concluyó este martes en la ciudad de Cochabamba, ubicada en el valle central de Bolivia.
El acuerdo que salió de dos días de debate político se materializó en la "Declaración de Cochabamba", un documento de 40 puntos que señala los posibles caminos para el afianzamiento de un nuevo pacto entre Europa y América Latina.
Entre sus más importantes determinaciones, el documento conjunto firmado por representantes de 29 países establece por primera vez a nivel internacional el principio de la "corresponsabilidad o responsabilidad compartida" entre naciones productoras y consumidoras de drogas.
Desde esa perspectiva, los ministros decidieron proponer la celebración de un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las drogas.
La propuesta, coincidieron, debe ser trata por el 39 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes que se realiza en Viena desde este martes hasta el día 25, y por el segmento de alto nivel del Consejo Económico y Social sobre drogas en Nueva York, en junio próximo.
"El elemento que va a caracterizar la reunión de Cochabamba de cara al futuro es que la UE consolida a nivel internacional un principio: la droga no es un problema exclusivo de quienes la producen, es un problema también de quienes la consumen", dijo Manuel Marín, vicepresidente de la Comisión Europea.
"La UE no practica la descertificación, la UE está proponiendo una política incitativa de desarrollo alternativo, la UE está apostando por la zanahoria y no por el palo", afirmó Marín.
Parte de ese concepto se practica ya desde hace algún tiempo a través del sistema de preferencias generalizadas que Europa concede a los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) para vender productos con arancel cero en el mercado comunitario europeo.
La ministra de Relaciones Exteriores de Italia, Susana Agnelli, presidente de turno de la UE, puso el acento en la convicción de la responsabilidad compartida.
"Vamos a tratar de explicarle a Estados Unidos que el problema de la drogas es no sólo de donde se produce droga, sino también de donde se la consume", afirmó Agnelli.
"Hemos superado las visiones unilaterales que alguna vez existieron en nuestras regiones, pero que todavía subsisten en algunas otras", dijo en clara alusión a Estados Unidos el canciller de Bolivia, Antonio Araníbar, secretario pro témpore del Grupo de Río.
Similar énfasis pusieron los cancilleres en el comercio y las inversiones, con un compromiso de impulsar los principios del multilateralismo la libre competencia y reforzar la Organización Mundial del Comercio mediante el respeto de sus reglamentos y disciplina de los mecanismos de solución de controversias.
En el punto referido al comercio, la UE y el Grupo de Río aludieron a la Ley Helms-Burton, que intensifica el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba.
"Los ministros manifestaron su firme rechazo de toda medida de carácter unilateral y con efectos extraterritoriales contraria al derecho internacional y a las reglas de libre comercio comúnmente aceptadas", dice la "Declaración de Cochabamba".
Los ministros destacaron también la progresiva incorporación de esa visión global vinculada al desarrollo socioeconómico de los pueblos, la protección ambiental, la lucha contra la pobreza, la mejora de la competitividad y el respeto de la diversidad cultural.
En base a esos progresos, Marín afirmó que el Grupo de Río es, actualmente, un auténtico foro político de tratamiento de problemas difíciles y delicados, como el de las drogas y el comercio.
Otro gran avance del Grupo de Río destacado por los cancilleres consiste en que es el escenario de convivencia de los distintos procesos de integración subregional como interlocutor político que potencia los esfuerzos integradores. (FIN/IPS/jcr/ag/ip-if/96)
