Mientras se extiende la tormenta política debido a la secuencia filmada en video de dos inmigrantes mexicanos apaleados por la policía, comienzan a perfilarse acciones legales sobre el incidente del primero de abril en California.
En la actualidad se están realizando tres investigaciones acerca de la paliza propinada por policías que persiguieron a lo largo de 130 kilómetros una camioneta con 19 inmigrantes, desde la frontera mexicana hasta South El Monte, en el distrito de Los Angeles.
La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) encabeza una pesquisa para determinar si hubo violación de derechos civiles. El Departamento de Policía de Riverside efectúa una investigación interna de los agentes involucrados en el incidente, y el distrito de Riverside realiza una acción penal para determinar quién conducía el vehículo interceptado.
El sargento Mark Lohman, vocero oficial del Departamento de Policía de Riverside, declaró que no podía asegurar que el conductor de la camioneta fuera un "coyote" o contrabandista profesional de inmigrantes clandestinos.
La suerte de los dos policías autores de la paliza, no obstante, sigue siendo incierta. Ambos agentes, Kurtis Franklin y Tracy Watson, permanecen con licencia administrativa paga hasta que "la investigación interna quede completada", informó Lohman.
La indignación pública, tanto en California como en México, ejercerá presión sobre las autoridades para que ambos policías blancos sean procesados.
"Seguramente se formularán cargos criminales tanto por parte del gobierno federal como del estado", apuntó Dan Stormer, un abogado de la firma Hadsell y Stormer. Juntamente con la Unión Americana de Libertades Civiles, Stormer representa a una de las víctimas, Alicia Sotero Vasquez, de 32 años.
Afirmó que la acusación podia formularse de acuerdo con la legislación estatal o mediante cargos de violación de derechos civiles bajo los estatutos federales.
En el caso de la ley del estado, los abogados plantearán una acusación basada en agresión y lesiones. El video mostró que los dos policías, una vez que esposaron a Sotero y Enrique Funes Flores, de 30 años, "arrojaron a tierra a Alicia Sotero", señaló Stormer.
Las víctimas apaleadas tambien están reclamando daños civiles. Los abogados de Funes demandaron al distrito de Riverside por 10 millones de dólares. La ley del estado dispone que esas demandas sean formuladas antes de formalizar cargos contra un gobierno local. En casos de graves abusos policiales, los distritos rechazan las demandas y las acciones prosiguen en los tribunales.
Stormer dijo que Sotero aún no elevó su demanda debido a su política de esperar "hasta que el trauma principal se haya aliviado. No hay lugar a duda que habrá un pleito sobre el caso", añadió.
Un aspecto crítico en todas las acciones legales es determinar si los inmigrantes fueron una amenaza para los policías. Ese es el criterio para emplear el bastón. Una simple resistencia al arresto no constituye amenaza. Además, antes de golpear a un sospechoso, la autoridad de Riverside pide a los agentes que usen aerosoles químicos antes que bastones.
Una grabación de sonido efectuada por el agente Marco DeGennaro, de la Patrulla Vial de California, mientras observaba a sus colegas, demostró que los inmigrantes no representaron amenaza alguna. El propio De Gennaro ya había arrestado a uno sin dificultad. En el registro de audio, puede oírse que informa a su supervisor que los policías de Riverside estaban "zurrando a esos tipos".
Otros aspectos importantes en los procedimientos legales son si los agentes de Riverside recibieron orden de abandonar la persecución en manos de la Patrulla Vial, si esa orden se impartió y si estuvieron en contacto radial con sus supervisores o fuera de su alcance.
Lohman declaró, no obstante, que la política del departamento sobre los alcances del contacto radial "probablemente no será discutida". Las normas dicen que los agentes fuera de alcance radial deben tratar de comunicarse lo mejor que puedan pero deben detener su acción".
Stormer expresó que si ese era el caso, "los policías debieron ser entrenados para que refrenaran sus instintos y no apalear a sus víctimas".
En los pleitos seguramente se examinará exhaustivamente la calidad de la formación de esos policías. Existe una ordenanza general que exige "no abusar de los sospechosos".
Un abogado de uno de los acusados dijo que era comprensible que el limitado conocimiento del español de los acusados resultó ineficaz al calor del procedimiento policial.
Stormer respondió diciendo que "si uno sabe que debe lidiar con sospechosos asustados que hablan español, al menos se prepara para afrontar la situación". Los agentes no dejaron de hablar en inglés hasta que golpearon a Sotero cinco veces. Luego le dijeron "manos aquí"… "¿y pretendieron que pusiera las manos delante de los bastones?", inquirió.
Entretanto la organización que aboga por los inmigrantes en Los Angeles, la Coalición de Derechos Humanos de los Inmigrantes, ha acusado al Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de retirar su promesa inicial de conceder permisos de trabajo por seis meses a los ocupantes de la camioneta.
La promesa fué formulada durante una reunión a la que asistió la comisaria del INS, Doris Meissner y otros altos funcionarios del organismo. Los 19 inmigrantes recibieron autorización para quedar en el país por un semestre y pudieran asistir a las investigaciones.
Sin embargo, ahora, el INS está diciendo que solo dará permiso a aquellos cuyo testimonio es considerado valioso. (FIN/IPS/tra- en/jh/yjc/ego/hd).
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