En España se está gestando a gran velocidad un adiós a su tradicional centralismo gubernamental, pero sin que se alcance a definir todavía el futuro de su organización como Estado.
El resultado de las elecciones generales del 3 de marzo ha sido decisivo para este proceso.
El centroderechista y centralista Partido Popular (PP) ganó las elecciones, pero sin lograr la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, necesaria para que pudiera designar jefe del gobierno a su líder, José María Aznar.
Ante el anuncio de la otra gran fuerza política, el todavía gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de que votaría en contra de la investidura de Aznar como presidente del gobierno, el PP se vio obligado a negociar el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos y de los regionalistas canarios.
Asegurado el apoyo de los cuatro diputados canarios, la verdadera negociación se está produciendo con los nacionalistas catalanes, que con sus 16 diputados en Madrid son esenciales para que, sumados a los 156 del PP, se logre la mayoría absoluta en un Congreso constituído por 350 miembros.
Es precisamente el nacionalismo catalán conservador de la coalición Convergencia y Unión (CiU), liderado por el presidente del gobierno autónomo de Cataluña, Jordi Pujol, el que ha puesto con más claridad sus propuestas, aunque sin explicitarlas todas.
Josep Antoni Durán Lleida, jefe de uno de los dos partidos coaligados en CiU, reclama para Cataluña la soberanía para decidir sobre lengua, cultura y derecho civil, con un criterio confederal. Además, plantea un modelo federal con soberanía en materia fiscal para una serie de impuestos.
Pujol, por si fuera poco, puso como modelo a Quebec, la provincia francófona de Canadá, en la que existe un fuerte movimiento separatista y este viernes pidió que Cataluña tenga un representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
"Si se reconoce (como él reclama) que España es un Estado plurinacional, es lógico que estén representadas las lenguas", dijo Pujol, quien al mismo tiempo se pronunció en contra de que todas las demás comunidades autónomas españolas también tuvieran esa representación ante el organismo de las Naciones Unidas.
El PP está aceptando la mayoría de las demandas nacionalistas, contrariando su tradición fuertemente centralista.
Así, ha manifestado en las negociaciones con CiU su disposición a transferir a las comunidades autónomas la gestión de los puertos, a ceder parcialmente en materia impositiva y a pasar bajo control de Pujol a la Guardia Civil (policía militerizada) que controla el tráfico carretero en Cataluña.
Ante el proceso negociador, el PSOE ha adoptado una actitud de espera, pero reclamando que si se marcha hacia una modificación del tipo de Estado se lo haga consensuadamente, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas.
Aunque también en las filas socialistas hay diferencias. Algunos dirigentes aceptan la transferencia de impuestos del estado central a las autonomías.
Pero el influyente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la comunidad autónoma de Extremadura, se opone frontalmente a que se ceda el impuesto a la renta, por entender que éste debe ser el mismo para todos los españoles, "para asegurar una solidaridad entre todos los ciudadanos".
Otro socialista, Nicolás Redondo Terreros, hijo del histórico líder sindical Nicolás Redondo y dirigente del PSOE en el País Vasco, también alerta sobre el trasfondo de las negociaciones y, a la vez, propugna definir con claridad el carácter del Estado.
CiU y los nacionalistas vascos, opina Redondo Terreros, negocian con el PP entendiendo que representan a la totalidad de sus comunidades respectivas "frente" al Estado y no como receptores de unos cientos de miles de votos de ciudadanos españoles.
CiU obtuvo el 40 por ciento de los votos en su región y el Partido Nacionalista Vasco apenas el 25 por ciento, aunque en los dos casos eso les significó ser el partido más votado en sus comunidades respectivas.
Es necesario, prosigue el dirigente socialista, enfrentarse a los problemas vasco y catalán. Estos problemas "existen por mucho que nos neguemos a reconocerlo y necesitan una solución", afirmó.
España, en definitiva, se acerca a una definición que significará delimitar las características de su estado.
Este podrá ser confederal, como pretende CiU, federal como en la práctica lo es en la actualidad o federal asimétrico, como proponen algunos dirigentes del PP, para tratar de manera diferente a las comunidades según la fuerza de sus partidos nacionalistas.
Pero lo que parece seguro es que ya no existen fuerzas políticas significativas que reivindiquen un Estado centralista para España.
La incógnita se mantiene en los límites que tendrá su descentralización y para aclararla contribuirá mucho el acuerdo que en los próximos 10 días Aznar deberá concluir con Pujol.
Así, el adiós al centralismo español de varios siglos se dará antes de entrar en el próximo milenio, pero sin que nadie atine a pronosticar las características del nuevo Estado. (FIN/IPS/td/ag/ip/96)
