La ayuda oficial al desarrollo proporcionada por España se estancó en 1995 y este viernes será motivo de una agria reclamación de oganizaciones no gubernamentales (ONG), cuando se reúna el Consejo de Cooperación.
El Consejo de Cooperación, integrado por representantes de la administración, de las ONG, de los sindicatos y de los empresarios, carece de facultades ejecutivas, pero el gobierno debe tener en cuenta su opinión antes de aprobar planes de ayuda al mundo en desarrollo.
Las ONG, agrupadas en la Plataforma por el 0,7 por ciento, movilizaron a cientos de miles de jóvenes en 1994 y con su presión en la calle lograron un acuerdo de todos los partidos políticos para aumentar la cooperación con el exterior.
Ese acuerdo se plasmó en los presupuestos generales del Estado, en los que se dispusieron partidas para la cooperación que representaban el 0,35 por ciento del producto interno bruto (PIB) de España.
También se resolvió que el porcentaje podría subir hasta 0,50 del PIB en caso de presentarse nuevos proyectos de cooperación, que deberían ser aprobados por el Poder Ejecutivo.
Un balance preliminar realizado por las ONG en base a cifras oficiales demuestra que en 1995 la asistencia al exterior estuvo lejos del objejtivo previsto. Sólo representó 0,24 por ciento del PIB, frente a 0,28 en 1994.
La asamblea general de la Organización de Naciones Unidas ha recomendado a los países industrializados incrementar los fondos de cooperación con el mundo en desarrollo a un mínimo de 0,7 por ciento del PIB.
Pablo Ossés, ex sacerdote jesuíta y principal impulsor del movimiento para que España dedique a la cooperación 0,7 por ciento del PIB, señaló a IPS que en la práctica "no se ha cumplido nada de lo acordado en 1994 para llegar en 1995 a 0,50 por ciento".
Tomás Mallo, responsable de comunicación de la Coordinadora Nacional de ONG, dijo que el incumpliento "claro y expreso" de los compromisos de 1994 generan preocupación y pesimismo respecto del futuro de la cooperación española.
Según Mallo, la caída de la cooperación obliga a las ONG a sensibilizar y movilizar a la población para que la sociedad civil haga lo que deja de hacer el Estado.
A la hora de establecer las responsabilidades por el incumplimiento surgen discrepancias en la administración. Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, del que depende la Secretaría de Estado para la Cooperación, culpan al Ministerio de Comercio.
La razón está en que el Ministerio de Comercio administra los créditos denominados Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y que una parte de ellos son considerados asistencia oficial al desarrollo por ser concedidos con intereses por debajo de los vigentes en el mercado.
Durante 1995, el neto desembolsado en créditos FAD blandos sumó poco más de 200 millones de dólares, tres veces menos de lo que se previó en Asuntos Exteriores.
Fuentes del Ministerio de Comercio destacan que fueron aprobados los 850 millones previstos en el presupuesto, pero que el cómputo de la ayuda oficial al desarrollo no se realiza con base en los recursos autorizados, sino en el neto resultante de los desembolsos y la amortización de créditos de años anteriores.
Las fuentes agregaron que, al adoptarse el compromiso político de 1994, el Ministerio de Comercio advirtió a la cancillería que la tendencia sería a la baja de los saldos netos, porque estaban previstos grandes reembolsos.
La responsabilidad por haber asumido el compromiso de fines de 1994 sin atender los razonamientos del Ministerio de Comercio correspondería al entonces titular de la Secretaría de Cooperación, José Luis Dicenta, actual embajador de España en México.
Dicenta presentó las cuentas que avalaron el compromiso asumido en el Parlamento con el voto unánime de los diputados y senadores.
En ese panorama sombrío aparecen algunas luces. Osses, que reitera lo negativo de las cifras globales, considera positiva la reducción de los FAD y el aumento de las partidas directas de ayuda no reembolsable.
La mayor parte de los FAD, observa Osses, se destinan a financiar la exportación de bienes españoles y son considerados ayuda al desarrollo cuando se rebajan los intereses o se establecen largos plazos.
Agregó que las ONG solicitarán en el Consejo de Cooperación que los fondos de los FAD pasen a la cancillería y se apliquen a proyectos de desarrollo. Y que el Ministerio de Comercio se ocupe de administrar lo que sea propiamente comercio, sin confusiones con la cooperación al desarrollo.
Mientras, la información oficial desmiente las previsiones de la presidenta de la Agencia Española de Cooperación, la socialista Ana María Ruiz Tagle, quien afirmó que las cifras de 1995 colocarían a España en el undécimo lugar entre los países donantes.
La realidad, dijo a IPS el diplomático Inocencia Arias, ex secretario de Estado para la Cooperación, es que España permanecerá claramente por debajo de la media de los países donantes y en el lugar décimoséptimo entre las 24 naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (FIN/IPS/td/ff/dv/96).
