La pequeña misión de observación de la ONU en El Salvador debería ser reemplazada por una reducida oficina que pudiera supervisar las condiciones prevalentes en materia social y de derechos humanos, expresa un informe publicado hoy por el secretario general, Boutros Boutros-Ghali.
Boutros-Ghali advierte en el informe que El Salvador todavía necesita la supervisión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pese a que el mandato de la misión de observación, llamada MINUSAL, expira en la medianoche de este martes.
"El mandato de MINUSAL termina hoy", recordó la portavoz Sylvana Foa en esta misma jornada. "Pero sigue siendo necesaria la presencia de la ONU en El Salvador… la misión de observación no está siendo clausurada".
El secretario general sostiene que la obligación de verificar el cumplimiento de los acuerdos de paz no ha concluido, y que "se requiere continuar la presencia de la ONU, aunque no al mismo nivel que ha tenido MINUSAL, por un período adicional que se prolongará hasta finales de 1996".
Boutros-Ghali propone mantener "un pequeño grupo de expertos" apoyado por un representante de la ONU, que llevaría el nombre de Oficina de Verificación de las Naciones Unidas (UNOV) y estaría en funciones desde mayo hasta diciembre.
El máximo funcionario de la ONU sostiene que la oficina es necesaria por estar aún incompleto el proceso de paz de El Salvador, el cual terminó con seis décadas de luchas, y en tiempos recientes con el enfrentamiento entre el gobierno derechista y el izquierdista Frente Farabundo Martí (FMLN).
Entre los aspectos más atrasados del proceso de paz se encuentra el programa de transferencia de tierras a los campesinos en los territorios que controlaba el FMLN.
MINUSAL estima que más de 3.000 beneficiarios del programa aún no han recibido sus títulos de propiedad, mientras que más de 22.000 esperan que sean registrados sus títulos.
El mayor problema, según Boutros-Ghali, es el retraso sufrido por la reforma de la policía y de los grupos paramilitares, a causa de la puesta en práctica de nuevas medidas para combatir el delito, el 19 de marzo.
"La reciente aprobación de una ley de emergencia para combatir la delincuencia -que representa un apartamiento esencial del proceso contenido en los acuerdos de paz- contradice, en algunos aspectos, los requisitos del debido proceso y del respeto a los derechos humanos", expresa el informe. (FIN/IPS/tra-en/fah/arl/ip/96)
