La primera crisis comercial de envergadura desde que Panamá entró en la globalización estalló luego que las autoridades prohibieron las retrollamadas hacia el exterior que ofrecen cuatro empresas telefónicas de Estados Unidos.
Un portavoz de las empresas afectadas declaró que mantendrán dicho servicio, conocido como "call back", pese a la prohibición oficial y el bloqueo de sus líneas de comunicación anunciado por el estatal Instituto Nacional de Telecomunicaciones (Intel).
El gerente de Intel, Juan Ramón Porras, fundamentó la medida en una ley aprobada en febrero por el parlamento, según la cual las comunicaciones a nivel local e internacional "son de patrimonio exclusivo del Estado panameño".
El funcionario manifestó que las cuatro compañías operadoras del "call back" no hicieron un acuerdo con Intel para usar su infraestructura para las retrollamadas hacia Estados Unidos.
El "call back" conecta a los usuarios extranjeros con el servicio telefónico de Estados Unidos, desde los cuales luego se produce otra llamada como si fuera hecha desde ese país.
El usuario marca un número en Estados Unidos, lo deja sonar una vez y cuelga. Luego, una computadora devuelve la llamada al país de origen y la persona que solicitó la comunicación obtiene tono para marcar otro número dentro de Estados Unidos o hacia un tercer país.
Expertos locales señalaron que ese sistema le permite al usuario del país de origen ahorrar entre 40 y 50 por ciento respecto de las tarifas que cobra Intel por una llamada a Europa o Estados Unidos.
Mientras la tarifa del Intel por una llamada a Europa es de tres dólares por minuto, las compañias que ofrecen el "call back" cobran entre 1,50 y 1,75 dólares, indicaron los expertos.
Esto "ha provocado pérdidas de 20 millones de dólares al año para Intel", lo cual lesiona al patrimonio nacional y viola los acuerdos realizados entre la telefónica local y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, dijo Porras.
Intel fundamentó la prohibición en un fallo dictado en marzo por la Corte Suprema de Justicia de Panamá en favor del Estado panameño.
Sin embargo, el representante legal de las cuatro compañías estadounidenses, Ramón Attia, adujo que el servicio opera desde hace más de cinco años entre Panamá y Estados Unidos y que, al contrario de lo denunciado por Porras, deja 19 millones de dólares de superávit al país centroamericano.
Attia explicó que en 1994 los pagos de empresas telefónicas de Estados Unidos por terminación de llamadas originadas en este país "rindieron un beneficio neto para Panamá de 35,9 millones de dólares por encima de lo pagado por Intel" a la FCC.
De ese total, 65 por ciento correspondió al servicio de "call back", puntualizó.
Las empresas afectadas sostienen que la prohibición de dicho servicio "viola la iniciativa privada y el libre flujo de las comunicaciones internacionales", por lo cual apelarán a todas las instancias a su alcance para evitar la ruina del negocio.
Sin embargo, Intel aparentemente no es el único afectado por las compañías operadoras de retrollamadas.
El sistema comenzó a operar en 1990 en Estados Unidos, cuando la transnacional MCI inició un servicio de "call back" a través de la infraestructura de la también transnacional ATT, tras lo cual surgieron alrededor de 100 empresas similares que poco a poco se fueron extendiendo por todo el mundo.
Posteriormente MCI, ATT y Sprint habilitaron satélites para revender espacios a las restantes que pasaron a dedicarse al servicio de llamadas internacionales desde terceros países.
Las empresas telefónicas fuera del territorio de Estados Unidos han denunciado pérdidas por unos 2.000 millones de dólares anuales debido a la "competencia desleal" de los servicios de retrollamadas que ofrecen esas 100 compañías norteamericanas que operan en el exterior. (FIN/IPS/sh/ag/if/96)
