La decisión del gobierno de Costa Rica de brindar asilo político al ex vicepresidente de Ecuador Alberto Dahik "no hace que pierda la calidad de prófugo de la justicia ecuatoriana", dijo hoy el fiscal general, Fernando Casares.
La Fiscalía carece por el momento de mecanismos legales para solicitar la extradición de Dahik, pues Ecuador no tiene tratados sobre esta materia con Costa Rica, indicó Casares.
El gobierno costarricense anunció en la noche del domingo la decisión de brindar asilo político a Dahik, quien lo había solicitado hace seis meses.
Casares manifestó que no compartía la resolución del gobierno de Costa Rica, pero la respetaba.
El abogado de Dahik, Walter Guerrero, declaró que el asilo político "es un elemento a considerarse dentro del proceso penal que se le sigue" por malversación de fondos secretos del Estado, ya que " es una resolución tomada dentro del marco jurídico internacional".
El 11 de octubre de 1995, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, dictó orden de prisión preventiva contra Dahik, por existir indicios de culpabilidad en el manejo ilícito de fondos reservados de la vicepresidencia.
Ese mismo día, Dahik viajó a Costa Rica en un avión privado, luego de dejar un manuscrito con su renuncia al Congreso ecuatoriano y mientras la policía fracasaba en su intento por arrestarlo.
El gobierno de Costa Rica, según Guerrero, encontró que las pruebas contra Dahik carecían de fundamento y, "basándose en la absolución que obtuvo frente al Congreso ecuatoriano, en el juicio político que se le llevó a cabo, resolvió brindarle asilo político", vigente a partir del 29 de marzo pasado.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apddhh) señaló en una carta al presidente de Costa Rica, José Figueres, que el asilo concedido a Dahik establece un precedente para que otros gobernantes corruptos escapen de la justicia.
Los exiliados son "perseguidos por sus ideas, su religión o por la intolerancia pero Dahik no encaja en estos casos", dijo la Apddhh al diario Hoy de Quito.
En tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones sobre el destino de los fondos reservados que el ex vicepresidente manejó en cuentas privadas, bajo su nombre y dos de sus secretarios particulares, también prófugos de la justicia ecuatoriana, pues alega que aún faltan por comprobar 3,7 millones de dólares. (FIN/IPS/mg/ag/ip/96)
