Desesperanza e indignación provocó en medios judiciales de Ecuador la decisión del gobierno de Costa Rica de otorgar asilo político al ex vicepresidente Alberto Dahik, después de más de seis meses de incertidumbre.
"No se trata de un perseguido político, sino de un reo de la justicia", dijo Carlos Solórzano, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El domingo pasado la cancillería costarricense anunció su decisión de brindar asilo político a Dahik, acusado por la justicia ecuatoriana de malversación de fondos reservados de la Vicepresidencia.
"Tengo las manos limpias y sin sangre", fue la última frase que Dahik pronunció el 2 de octubre, en el segundo juicio político que ha enfrentado en su carrera, esta vez iniciado por la bancada del derechista Partido Social Cristiano, del que salió absuelto.
Pero en las salas de CSJ, en las que continúa el proceso, surge esta pregunta: ¿Dónde está la persecución si sus opositores no pudieron destituírlo de la Vicepresidencia?.
Y es que, según reconoció el propio Dahik en declaraciones realizadas en Costa Rica, el resultado del jucio político fue el principal argumento de la cancillería costarricense para otorgarle el esperado asilo.
Según Solórzano, la extradición "que es un recurso válido aunque no existan tratados sobre la materia con Costa Rica", podría ser la única salida para continuar con el proceso.
Sin embargo, para el Fiscal General, Fernando Casares, "una vez concedido el asilo, la extradición no procede", pues debió tramitarse desde un principio ese recurso legal.
Dahik huyó a Costa Rica el 11 de octubre en un avión de su propiedad, luego de dejar su renuncia manuscrita al Congreso y pocas horas después de que Solórzano dictase orden de captura en su contra.
Testigos de su novelesca fuga aseguran que llegó al aeropuerto de la capital ecuatoriana acompañado por una escolta de la policía nacional, que al parecer no tenía intenciones de cumplir con la orden de la CSJ.
Este episodio, señaló Solórzano, se repitió con otros acusados en el mismo caso, como el ex canciller Diego Paredes y los dos secretarios particulares de Dahik, Gladys Merchán y Juan Mario Crespo, que continúan prófugos.
Según declaró Dahik en su juicio político y frente a la CSJ, las acusaciones del Partido Social Cristiano "proviene del "hombre más poderoso de este país, el ex presidente León Febres Cordero", actual alcalde de Guayaquil y líder de esa fuerza política.
Dahik ha centrado sus ataques en Febres Cordero, a quien acusa de haber atropellado los derechos humanos durante su gobierno, en el que se desempeñó como ministro de Finanzas, cargo del que fue destituído en 1986 en su primer juicio político.
"Es claro que en Ecuador la justicia ha sido manipulada tradicionalmente. Los sectores políticos han controlado y siguen controlando la CSJ y mis opositores estan interesados en perseguirme", declaró este martes Dahik a la prensa costarricense.
"No existen argumentos válidos para considerarlo un perseguido ya que Dahik era y sigue siendo uno de los hombres más influyentes del actual gobierno", aseguró el fiscal general, quien añadió que el Ejecutivo "ha obstaculizado al poder judicial".
"La cancillería ecuatoriana entregó información parcializada sobre el caso Dahik", afirmó Casares.
Esto, sumado a la demora de la policía en cumplir las órdenes de la CSJ y el decreto presidencial mediante el cual se negó a la justicia el acceso a las cuentas privadas que el vicepresidente abrió para manejar los fondos reservados, "muestran que Dahik es un protegido del gobierno y no un perseguido político".
Según el fiscal general, "Dahik debe presentar pruebas de descargo ante la justicia ecuatoriana por 3,7 millones de dólares cuyo destino no ha sido comprobado". (FIN/IPS/mg/ag/ip/96)
