Arges Sequeira Mangas, líder de los confiscados por el gobierno sandinista de Nicaragua asesinado en 1992, se ha convertido en el epicentro de una batalla política local e internacional entre organizaciones de derechos humanos y el gobierno de Violeta Chamorro.
"El gobierno ha venido sosteniendo una actitud dual, de complicidad, con los asesinos de Sequeira", estimó recientemente Lino Hernández, director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
"En el exterior dice estar preocupado por la aplicación de justicia, pero los asesinos entran y salen del país libremente, en total impunidad, pese a que pesa sobre ellos una orden de captura", añadió.
Arges Sequeira, ex presidente de la Asociación Nicaragüense de Confiscados, fue asesinado el 23 de noviembre de 1992.
Su organización encabezaba los reclamos ante el gobierno por las propiedades rurales y urbanas confiscadas por el sandinismo en la década pasada. Hasta mediados de 1994, se habían presentado reclamos sobre 7.185 propiedades rurales y 5.207 urbanas.
De acuerdo a las investigaciones policiales, Sequeira fue ultimado de varios balazos por tres ex oficiales de la Dirección de Información para la Defensa del ejército.
Según las Fuerzas Armadas, los tres ex oficiales habían sido dados de baja.
Los directivos de los grupos de derechos humanos aseguran que los nombres de los acusados no aparecían en los listados oficiales de retirados del Ejército en poder del Ministerio de Finanzas, institución que tramita el pago de las planillas castrenses.
El asesinato fue reivindicado por las Fuerzas Punitivas de Izquierda (FPI), surgidas en ese entonces.
En febrero de 1993 un juez dispuso el encarcelamiento de los tres ex oficiales pero nunca fueron capturados.
Por el contrario, 20 días después, desde "algún lugar de Nicaragua", Frank Ibarra, ex teniente coronel del ejército, se atribuyó, en declaraciones al diario francés Le Monde, la dirección del asesinato de Sequeira.
Ibarra amenazó con otras "acciones de ajusticiamiento" en nombre de los sectores populares favorecidos con las propiedades confiscadas.
En noviembre de 1993, Ibarra fue encontrado culpable y condenado a 20 años de prisión por un tribunal, pero los otros dos acusados, Diego Espinoza y Germán Lacayo, fueron hallados inocentes.
No obstante, el mismo tribunal sobreseyó de inmediato a Ibarra basándose en una ley de amnistía emitida bajo el gobierno de Chamorro.
En marzo de 1994 el Tribunal de Apelaciones revocó esa decisión y confirmó la sentencia de 20 años de prisión, pero la defensa introdujo un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que hasta hoy no se ha expedido.
"La retardación ha sido obviamente notoria", comentó al respecto Julio César Saborío, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH). "Normalmente, la Corte Suprema debería pronunciarse en un término de cuatro meses, pero el impasse dura más de dos años".
"Se han emitido alrededor de doce ordenes de captura contra Ibarra pero ninguna ha sido ejecutada. Esa anomalía, más la retardación, nos han obligado a presentar el caso ante una instancia internacional de justicia: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", con sede en Washington, indicó.
En este nuevo capítulo de la batalla judicial, las dos organizaciones cuentan con el respaldo de Janio Sequeira, hijo del dirigente empresarial asesinado.
"Hasta ahora me había mantenido al margen porque nunca he creído en la justicia en Nicaragua, pero ahora iremos hasta el fondo", dijo el hijo de la víctima, que por otra parte rechazó una "solución amistosa" que le habría propuesto el delegado de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos.
"Creo que es inmoral aceptar una solución amistosa" en un caso de asesinato, afirmó Janio Sequeira. "A mí me gustaría que el gobierno la hiciera pública (la propuesta) para que se le caiga la cara de vergüenza", añadió.
No obstante, el gobierno negó haber formulado ese propuesta y afirmó que fue realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los demandantes solicitaron a la Comisión Interamericana que someta el caso de Arges Sequeira ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se condene a los culpables y se indemnice a los familiares.
"Yo insto a la Corte a que conozca la causa y se haga justicia, para que no siga privando el imperio de la impunidad en Nicaragua", concluyó Janio Sequeira.
En esa instancia judicial regional también se ventila la causa por el caso de Jean Paul Genie, un joven asesinado hace más de cinco años presuntamente por los guardaespaldas del ex jefe del Ejército de Nicaragua Humberto Ortega. (FIN/IPS/rf/dg/ip-hd/96)
