Las rebeliones estalladas recientemente en las cárceles latinoamericanas tienen, más allá de particularidades nacionales, motivos comunes: la superpoblación, el hacinamiento, los malos tratos, la lentitud de los procesos judiciales.
Esta semana, en un hecho "casual" que no es tal, se registraron motines en prisiones de tres países vecinos del cono sur del continente: Argentina, Brasil y Uruguay.
Los alcances y características de las rebeliones fueron muy disímiles (grado de violencia, toma de rehenes o no, número de reclusos involucrados) pero las reivindicaciones planteadas por los presos fueron esencialmente coincidentes.
Argentina es sin duda el país que vivió esta semana la situación más dramática.
En la tarde local de este jueves eran ya 11.500 los presos amotinados en 17 centros de reclusión, 11 de ellas situadas en la provincia de Buenos Aires, donde la superpoblación carceleria es de 40 por ciento y 70 por ciento de los internados son procesados sin sentencia.
Cerca de 30 rehenes están en poder de los reclusos sublevados desde el sábado. Las autoridades han comunicado oficialmente la muerte de dos personas como consecuencia de enfrentamientos entre bandas rivales de presos, pero se habla de que serían muchos más.
Versiones de prensa indican que varios cadáveres habrían sido cremados en un horno de la prisión de Sierra Chica, en la provincia de Buenos Aires, donde según los familiares de los detenidos serían al menos 17 los muertos. Un recluso que quiso entregarse fue degollado por sus compañeros.
En Brasil, la rebelión que afectó durante más de 150 horas (la de mayor duración en la historia nacional) al penal de Aparecida de Goiania, en el estado de Goiás, tuvo ribetes "de película".
Allí, cerca de 40 presos lograron este miércoles fugarse con seis rehenes a bordo de ocho vehículos y obtuvieron de las autoridades no ser perseguidos durante diez horas, lapso en el cual se comprometieron a liberar a las personas que retienen.
Pero además consiguieron que se les entregara revólveres, teléfonos celulares, chalecos antibalas y algo más de 100.000 dólares en efectivo. Vencido el plazo, dos fueron muertos y diez recapturados.
Otras rebeliones fueron menos "pintorescas", como la que culminó con la masacre por la policía de 111 amotinados en la Casa de Detención de Sao Paulo, en 1992.
En Uruguay, hasta este jueves el amotinamiento (sin toma de rehenes ni violencia) de los reclusos y de 100 de sus familiares en el Complejo Carcelario de Santiago Vázquez, al oeste de Montevideo, no había sido resuelto.
Tanto en Argentina como en Brasil, las autoridades trataron de limitar el alcance de los motines, presentándolos como problemas " de determinadas provincias" surgidos como consecuencia de la "presión de jefes de grandes bandas" de delincuentes.
No obstante, más allá de que los dirigentes de bandas efectivamente lideraron o lideran las rebeliones, el panorama en las cárceles y en general en el sistema penitenciario y judicial es "tétrico", según la definición de un militante de grupos de derechos humanos de Argentina.
"Si una sociedad desea motines en su cárceles debe hacer lo siguiente: mantener establecimientos 'de seguridad' con altos niveles de represión interna, tener muchos detenidos sin condena, aplicar abundantemente la prisión preventiva y no buscar alternativas al encarcelamiento".
Estas afirmaciones, de dos especialistas consultados por el diario Página 12 de Buenos Aires, describen la situación reinante en Argentina pero también en la mayoría de los países latinoamericanos.
Los dos especialistas, el profesor de psicología forense Osvaldo Varela y la antropóloga Josefina Martínez, agregan a las anteriores otra condición: "generar en el conjunto social un alto nivel de violencia contenida, que será manifestada por la sociedad carcelaria".
Además de Argentina, Brasil y Uruguay, Venezuela, Perú, Chile, Guatemala, entre otras naciones de la región, han conocido recientemente rebeliones en centros de detención, a menudo violentas.
En Venezuela, donde la situación en la cárceles es considerada el problema de derechos humanos más grave, en su última estadía, en febrero, el Papa Juan Pablo II tuvo un gesto simbólico: se detuvo a las puertas del Retén de Catia, en Caracas, y reclamó "un trato digno de la condición huamana" para los presos,
En ese país hay unos 25.000 presos, dos de cada tres de los cuales son procesados sin sentencia. Sobreviven, con un índice de hacinamiento de 40 por ciento, en 33 prisiones que mezclan procesados y sentenciados, sanos y enfermos, infractores de tránsito y criminales de alta peligrosidad.
Las rebeliones carcelarias toman en general la forma de huelgas de hambre, amenazas de suicidio colectivo o enfrentamientos muy sangrientos entre presos (con complicidad de vigilantes).
En 1994 murieron en las cárceles venezolanas murieron 498 presos (1,4 cada día) y 324 en 1995 (casi uno diario).
En Guatemala, el lunes último más de 200 presos confinados en la cárcel de la oriental ciudad de Jutiapa se amotinaron e incendiaron la prisión en reclamo de un trato digno.
Colombia ha conocido a su vez en lo que va de año tres rebeliones de reclusos. La más reciente, en marzo, en la nórdica ciudad de Barranquilla, se produjo en protesta contra el hacinamiento, las malas condiciones de la vida en prisión y la demora en los procesos penales.
Chile conoció su último conflicto carcelario a mediados de febrero en el mayor penal de Santiago, donde al finalizar la hora de visitas, 200 familiares de reclusos se negaron a abandonar el recinto, la misma forma que asume la protesta actual en el penal uruguayo de Santiago Vázquez.
Los presos chilenos protestaban contra el trato que reciben de sus guardianes y las malas condiciones de vida en la cárcel. Según estudios, el índice de hacinamiento en las cárceles masculinas del país de 32 por ciento.
Perú no conoce motines carcelerios de importancia desde 1992, pero la situación en las prisiones sigue siendo muy precaria. A fines de 1995, unas 21.700 personas estaban detenidas, de las cuales sólo 5.400 habían recibido sentencia. La sobrepoblación se calcula en más de 2.000 reclusos.
Si bien se han producido mejoras en la infraestruictura carcelaria, persisten serios problemas, especialmente hacinamiento y demora en el juzgamiento.
"Los motines no nacen porque sí, ni únicamente porque los promuevan jefes de bandas delictivas. Estallan porque las cárceles son máquinas de terror, que entierran más que rehabilitan, a los detenidos", señala el abogado penalista uruguayo Gonzalo Fernández.
"La cárcel realiza la violencia que la sociedad contiene y si aumenta la violencia en las cárceles es porque la sociedad está cargándose de violencia", decía a su vez a Página 12 el profesor de psicología forense OsvaLdo Varela. (FIN/IPS/dg/ip-pr/96)
