La tierra es una cuestión clave en cualquier acuerdo viable con los gobiernos, según las comunidades nativas que discuten la Declaración Interamericana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas promovida por la Organización de Estados Americanos (OEA).
La OEA aspira a que la declaración actualmente en debate proteja a los pueblos aborígenes del continente y establezca una compensación justa por el saqueo de sus tierras.
Un acuerdo establecido por mecanismos de consenso y no por medio de la imposición es considerado, tanto por indígenas como por no indígenas, el único modo de garantizar soluciones equitativas en la declaración y otros instrumentos legales similares.
El borrador de la declaración fue redactado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en septiembre de 1995 y es objeto de debates entre pueblos nativos, gobiernos y grupos no gubernamentales con miras a su aprobación en 1997.
"A veces, la gente que nos da la mano nos arrebata el derecho de tomar nuestras propias decisiones", dijo la venezolana Noelí Pocaterra, vicepresidenta del Consejo Mundial de Pueblos Indígenas.
El problema de la tierra es especialmente crítico, y los grupos indígenas temen que los documentos en discusión dejen sentados precedentes peligrosos.
José Manuel del Val Blanco, director del Instituto Indigenista Interamericano de la OEA con sede en México, sostuvo que las leyes internacionales presentan trabas al reconocimiento del derecho de los nativos a la tierra.
La Doctrina Wilson, que fue enunciada por el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson en 1919 y aún rige los arbitrajes internacionales en la materia en América, estableció un marco para la definición de la soberanía al proclamar el principio "una nación, un estado, un territorio".
Pero Del Val Blanco propuso una redefinición del concepto de soberanía y el establecimiento de nuevos tratados limítrofes que reconozcan los derechos de los pueblos indígenas cuyos territorios cruzan fronteras nacionales.
El especialista Robert Groves alertó contra los peligros de poner demasiado énfasis en este aspecto y en lo que refiere al autogobierno, pues su país, Canadá, fracasó al apelar al concepto de propiedad de la tierra para el reconocimiento de los derechos de los indígenas.
La tierra como medida de autodeterminación hace correr a los pueblos indígenas el riesgo de quedar exiliados o marginados en sus propias tierras, dijo Groves. Aquéllos que migran hacia las ciudades o queden sin predios podrían resultar excluídos.
"La experiencia canadiense aporta el escalofriante mensaje de que las realidades territoriales, más que las sociales, son las que contribuyen a organizar los asuntos indígenas", afirmó.
La abogada del gobierno Deborah Corber dijo que Canadá desarrolló sus tratos con los pueblos aborígenes mediante el reconocimiento del "derecho inherente al autogobierno", y no como una gracia concedida.
Canadá solía interpretar que el reconocimiento de los derechos de los indígenas eran el resultado de los tratados firmados en tiempos coloniales con las autoridades europeas. Pero en la actualidad "aceptamos que esos derechos son inherentes y proceden de los propios pueblos", sostuvo.
El nativo canadiense Micmac Elder Noel Knockwood acotó, sin embargo, las leyes del país norteamericano no reflejan en la práctica ese reconocimiento de "derechos inherentes".
Knockwood sostuvo que la Carta de Derechos y Libertades de Canadá permite a los burócratas del gobierno actuar en nombre de los pueblos aborígenes.
Esto mantuvo un sistema similar al "apartheid" (segregación racial institucionalizada, que tuvo vigor en Sudáfrica hasta 1994), que otorgaba a los indígenas menos derechos a la autodeterminación que a otras comunidades canadienses, dijo.
Organizaciones como la Fundación Canadiense para las Américas, el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas y el Centro de Investigaciones y Educación sobre Derechos Humanos intentan establecer un diálogo constructivo entre pueblos nativos y no nativos en el país.
Este diálogo podría aliviar las preocupaciones sobre el exceso de atención que se ha puesto al enfoque jurídico del problema.
La consultora en cuestiones de desarrollo Fauzia Moore sostuvo que los rápidos cambios en la economía del mundo restaron importancia a acuerdos suscritos tras muchos años de negociaciones, minaron las bases de sustento de los pueblos aborígenes y profundizaron la pobreza.
La mayoría de los grupos indígenas consideran la aprobación de los instrumentos legales actualmente en discusión como el comienzo de un nuevo diálogo con los pueblos no indígenas, más que como un fin en sí mismo.
La especialista en derecho internacional Carol Hilling alertó que la declaración de la OEA podría propiciar la creación de una categoría de ciudadanos de segunda clase, en la que se contarían los indígenas, que gozarían menos derechos que el resto.
"No veo que este borrador reconozca la naturaleza distinta de los pueblos nativos", que, al igual que respeto a sus derechos humanos y económicos, requieren protección legal contra la asimilación, si bien la declaración les reconoce carácter de nación.
Carmen Sánchez Huapaya, del Ministerio de Agricultura de Perú, dijo que su país prefirió concretar planes de desarrollo económico en las comunidades indígenas más que redactar declaraciones que tienen poco efecto en la práctica.
"Perú cuenta con una base legal excelente para la protección de los derechos de los indígenas", pero "desgraciadamente, esto apenas es poesía, porque no refleja la realidad", manifestó.
"Somos pueblos potencialmente ricos. Sin embargo, hasta ahora las estadísticas nos ubican entre los pobres del mundo. Tenemos derecho a un mundo mejor", concluyó Pocaterra. (FIN/IPS/tra- en/sd/sw/mj/pr hd/96)
