El gobierno de México protesta con vehemencia por las agresiones que sufren los indocumentados en Estados Unidos, pero inmigrantes latinoamericanos y asiáticos sufren iguales o peores vejámenes en territorio mexicano.
Organizaciones humanitarias denuncian el "doble discurso" del gobierno, mientras que la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce que México no escapa a la xenofobia, racismo y discriminación que se da en otros países a los que acuden masivamente migrantes.
Para cumplir el "sueño" de llegar a Estados Unidos, miles de latinoamericanos -nicaragüenses, hondureños guatemaltecos, salvadoreños, beliceños, entre otros- y asiáticos, como chinos, o indios, primero deben vivir la "pesadilla" de cruzar el territorio mexicano.
En México deben enfrentarse con autoridades corruptas y pueden sufrir chantajes o violaciones y pasar hambre.
El presidente Ernesto Zedillo dijo este martes que "ofenden" los ataques que sufren los indocumentados en Estados Unidos y que denunciará el tema en foros internacionales: "Defenderemos con entera convicción y decisión a nuestros compatriotas", advirtió.
Ojalá México usará la misma vara para medir el problema de los inmigrantes que cruzan la frontera con Guatemala y Bélice, señaló Rodolfo Casillas, miembro del grupo humanitario Sin Fronteras.
"El tema de los derechos humanos de los inmigrantes (que ingresan por el sur mexicano) es poco atendido y se le resta importancia al momento de asignar recursos e instrumentar programas gubernamentales de protección y promoción de este grupo vulnerable", apunta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
A diferencia de los 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, por donde cada año intentan cruzar más de un millón de indocumentados, especialmente mexicanos, en los 1.221 kilómetros de línea divisoria entre México, Guatemala y Bélice no existen sistemas sofisticados para controlar el ingreso.
En el sur reina "la anarquía y la corrupción". Para los indocumentados, ingresar a México puede significar hasta la muerte, denuncia el grupo Sin Fronteras.
Cifras del Instituto Nacional de Migración, indican que, en 1995, fueron expulsados de México 105.063 extranjeros. La mayoría eran centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos.
Cálculos extraoficiales señalan que el número de inmigrantes, especialmente de países centroamericanos, que llegan anualmente a este país con la intención de ingresar a Estados Unidos supera los 400.000.
En entrevistas efectuadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a inmigrantes ilegales en el sur de México durante julio de 1994, 67 por ciento de los consultados declaró haber sufrido maltratos, golpes y amenazas por parte de autoridades.
Tras la golpiza que sufrieron a principios de este mes en el estado de California, en el suroeste de Estados Unidos, varios indocumentados mexicanos -la cual fue difundida en un video-, organizaciones humanitarias pidieron a Zedillo que también mire hacia al sur, donde se producen peores violaciones.
Y no sólo eso, también se demandó revisar las estrategias económicas oficiales, pues son las que generarían la pobreza y el desempleo que alientan la inmigración de miles de mexicanos, muchos de ellos indígenas.
Las dificultades que enfrentan indocumentados de otros países para ingresar a Estados Unidos son mayores que las de los mexicanos, quienes constituyen la mayoría de los inmigrantes ilegales que ingresan al país del norte, afirman organizaciones humanitarias.
Para cruzar América Central y México sin ser descubiertos por la policía, los indocumentados deben caminar decenas de kilómetros por zonas rurales, dormir a la intemperie y viajar ocultos en vagones de tren o en camiones camuflados.
La travesía puede llegar a durar hasta tres meses. Los "polleros" (traficantes de personas) cobran por el viaje entre 300 y 10.000 dólares, según el origen del indocumentado.
El carácter de ilegal coloca a estas personas en un estado de vulnerabilidad tal, que es aprovechado por autoridades migratorias y policíacas de México para cometer abusos sexuales, extorsiones, intimidación, robos, torturas y maltrato, indica la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Periódicamente, la prensa local informa de la detención de indocumentados en el interior de cajas selladas, en tanques de combustibles o en casas donde han permanecido escondidos por semanas.
En muchos de los casos se reportan decesos por asfixia, enfermedades y hambre. Ante la imposibilidad de identificarlos, muchos de los que mueren en territorio mexicano terminan enterrados en fosas comunes. (FIN/IPS/dc/dm/pr-hd/96)
