La guerra en la derecha chilena entre liberales y "pinochetistas" cobró una nueva víctima con el "congelamiento" de la llamada ley de derechos humanos, negociada por el gobierno y el principal partido de oposición.
La semana pasada, esta conflagración registró su más importante baja, cuando el Senado rechazó las reformas constitucionales que el presidente Eduardo Frei había consensuado también con la directiva del derechista Partido Renovación Nacional (PRN).
Aunque era previsible, este fracaso transitorio de la ley de derechos humanos añade otro factor de expectativa a la reunión interna que el PRN tendrá el 27 de este mes, que podría culminar con un quiebre de la colectividad.
Este miércoles, la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos del Senado acordó en la sede legislativa de Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, suspender la tramitación del proyecto sobre los casos de detenidos-desaparecidos.
Senadores oficialistas y opositores convinieron en que no existen condiciones políticas que garanticen la marcha expedita de esta iniciativa, que busca cerrar unos 600 juicios contra uniformados por crímenes contra los derechos humanos.
El acuerdo que el gobierno de centroizquierda y la directiva del PRN, encabezada por el liberal diputado Andrés Allamand, suscribieron en octubre último, incluía también reformas a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
Esta última iniciativa fue la primera descartada, cuando ni siquiera logró en noviembre el respaldo de la mayoría del Consejo General del PRN, que apoyó las otras dos propuestas en su reunión en la ciudad de Temuco, 670 kilómetros al sur de Santiago.
La derecha más conservadora, identificada con la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90), aparece así como transitoria triunfadora, al bloquear tres intentos legislativos de fortalecer la democracia restablecida hace seis años.
El día 11, una minoría de 21 senadores, de un total de 46, impidió que se alcanzaran los quórums o mayorías necesarias de dos tercios y tres quintos para reformar la Constitución aprobada en referéndum en septiembre de 1980.
Las enmiendas proponían eliminar desde 1998 la institución de los senadores designados, que ocupan ocho sillones en la cámara alta, e introducir cambios tanto al Tribunal Constitucional como al Consejo Nacional de Seguridad.
La ley de derechos humanos, a su vez, proponía un mecanismo para que jueces civiles y militares pudieran acelerar y cerrar mediante sobreseimiento (absolución) los juicios por un millar de desapariciones forzadas ocurridas entre 1973 y 1978.
Al contrario de las reformas constitucionales, que según encuestas son respaldadas por 70 por ciento de la ciudadanía, el proyecto sobre detenidos-desaparecidos tuvo reparos incluso desde el interior de la coalición gobernante.
El senador Ricardo Hormazábal, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), al cual pertenece Frei, recordó que la ley fue objetada tanto por los familiares de las víctimas como por las Fuerzas Armadas a través de los auditores judiciales castrenses.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otros grupos humanitarios dijeron que el acuerdo gobierno-PRN consagraba la impunidad de los criminales represivos y ni siquiera garantizaba la ubicación de los restos de sus víctimas.
Los militares insistieron a su vez en la plena vigencia de la ley de amnistía que Pinochet expidió en marzo de 1978, la cual, según los juristas castrenses, debe ser aplicada apenas se establezca la fecha del delito, sin ninguna investigación judicial posterior.
Senadores y diputados "pinochetistas" anticipaban su rechazo a la ley de derechos humanos, mientras parlamentarios oficialistas se aprestaban a formularle reparos por la vía de las indicaciones durante el debate legislativo.
Con el "congelamiento" de la iniciativa, los juicios por desapariciones forzadas permanecen en la esfera judicial, donde hay frecuentes conflictos por la diversidad de interpretaciones que los magistrados hacen de la ley de amnistía de 1978.
En los últimos meses se advierte sin embargo una clara tendencia en los tribunales, y sobre todo en los jueces militares, a aplicar la tesis uniformada y a amnistiar los procesos sin establecer responsabilidades penales.
El incierto futuro de las reformas constutucionales y la ley sobre detenidos-desaparecidos podría comenzar a aclararse desde el 27 de este mes, cuando se realice el nuevo Consejo General del PRN convocado por Allamand.
Allí, la máxima instancia directiva del PRN podría resolver sanciones contra los siete senadores "pinochetistas" que desafiaron la orden del partido y se unieron al resto de la derecha conservadora para rechazar las reformas constitucionales.
No se descarta que los rebeldes rechacen los castigos y provoquen un quiebre del PRN, con la probable emigración de los partidarios de Pinochet hacia el otro gran partido de la derecha: la Unión Demócrata Independiente (UDI).
El gobierno y la oficialista Concertación por la Democracia apuestan al previsible quiebre opositor y esperan que se "decante" la crisis en el PRN antes de insistir con las reformas constitucionales a través de la Cámara de Diputados.
En esa rama legislativa, la coalición gobernante controla 70 de los 120 cargos, lo cual garantiza un mejor destino para las enmiendas constitucionales y los cambios a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.
El objetivo fundamental de esta última es restituir al presidente la facultad de nombrar y remover a los altos mandos castrenses, terminando con la actual inamovilidad que permite a Pinochet permanecer a la cabeza del Ejército hasta marzo de 1998. (FIN/IPS/ggr/dm/dh-ip/96)
