Grupos defensores de la democracia instaron en la capital británica a las agencias de turismo y al público a evitar los viajes a Birmania, como forma de presión sobre el régimen militar de Rangún, acusado de violación de los derechos humanos.
Mientras, la compañía estadounidense Pepsi Cola aceptó las demandas de militantes por los derechos humanos en Estados Unidos y anunció que venderá su participación accionaria en empresas de Birmania.
Los activistas consideran insuficiente la presión de la comunidad internacional sobre Birmania y creen que un boicot económico no oficial podría poner al gobierno militar contra las cuerdas.
"Al visitar Birmania ahora, la gente presta legitimidad a una dictadura cruel y codiciosa", dijo Yvette Mahon, perteneciente al Grupo de Acción Birmania, una de las organizaciones no gubernamentales británicas (ONG) que exhortan a los turistas de este país a no pisar territorio birmano.
El año pasado, sólo 95.000 extranjeros visitaron Birmania, pero el Consejo de Estado para la Restauración de la Ley y el Orden (SLORC) declaró a 1996 el "Año de Visitar Myanmar", con el propósito de doblar la cantidad de turistas. El programa sólo comenzará en octubre, dando tiempo a mejorar las instalaciones.
Las instalaciones turísticas, lo mismo que gran parte de las obras de infraestructura de Birmania, son realizadas mediante trabajos forzados, según el grupo estadounidense Human Rights Watch-Asia.
"El trabajo forzado es endémico en Birmania", expresó este grupo en su informe de noviembre de 1995. "Cuando el SLORC se propuso abrir la economía a la inversión extranjera, forzó a decenas de miles de prisioneros y otros ciudadanos a reconstruir la infraestructura del país, tanto tiempo descuidada".
Con base en este informe y en otras pruebas de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen, el Grupo de Acción Birmania y el grupo Conciencia Turística lanzaron en fechas recientes la campaña de boicot en Gran Bretaña, que planean extender a toda Europa.
Ya enviaron a los operadores turísticos de Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Italia y Suiza una "Guía Alternativa" que documenta el trabajo forzado, el desplazamiento de comunidades, el castigo brutal a los trabajadores y cientos de muertes, todo ello para facilitar la iniciativa turística del gobierno.
Rangún aspira a desviar las críticas que asedian al régimen respecto de las dificultades económicas, y la industria del turismo está destinada a jugar un papel en esa política. (FIN/IPS/tra-en/tf/ec/cpg/arl/hd-ip/96)
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